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Cuando José Luis Abarca quiso matar al Fiscal de Guerrero

Es probable que el primer sorprendido por lo ocurrido en septiembre de 2014 haya sido el propio Abarca, pero no por la masacre, sino por el fin de su impunidad. Sentía que un cerco se iba estrechando y quería escabullirse de la justicia.

Por Emequis
10 / 11 / 22

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Unos días antes de los sucesos de Iguala, integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero captaron mensajes que establecían que el alcalde José Luis Abarca había enviado a un grupo de sicarios para matar al fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco. 

Las transcripciones de las conversaciones eran reveladoras.

La motivación de Abarca provenía de las indagatorias que realizaba el ministerio público sobre el homicidio de Arturo Hernández Cardona, en el que el alcalde estaba implicado y por el que está preso en la actualidad. 

La muerte de Hernández Cardona, un líder de la izquierda social, que denunció las ligas criminales de Abarca, significó que las autoridades indagaran a fondo y descubrieran la extensión y el poderío criminal de los Guerreros Unidos.

Abarca sentía que un cerco se iba estrechando y quería escabullirse de la justicia. Tenía dos aliados: la irresponsabilidad de la clase política y su dinero. Por ello, desde años antes de su postulación, financió campañas y dotó a diversos liderazgos de recursos para sus actividades. 

El tiempo, sin embargo, jugaba en su contra, porque la Fiscalía del Estado de Guerrero, ya había remitido a la PGR las averiguaciones respectivas y estaba solicitado que se actuara al respecto. 

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Pero Abarca era muy arrogante en ese momento, en el que se sentía dueño de la situación y creía que las redes de apoyo, con las que contaba, nunca se romperían. Por eso ordenó lo que ordenó, a sabiendas de que se desataría un verdadero baño de sangre y así fue. 

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El fiscal Blanco ya tenía una idea clara de quién era el sujeto al que se estaba enfrentando, pero también en el ámbito federal conocían de la complejidad de los fenómenos criminales en la región y donde el CISEN, en un documento de objetivos prioritarios, ya incluía a los integrantes de la banda delictiva a la que pertenecía el alcalde.

Por eso es que, luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, es que se pudieron obtener pistas y establecer líneas de investigación que son las que se han mantenido, a pesar de las distintas indagatorias y de informe contrapuestos. 

Pero Abarca estaba lejos de ser el único problema. Un documento de inteligencia de la Secretaría de la Defensa ya advertía, un mes después, que había al menos 20 presidentes municipales con ligas criminales. Además de Iguala, se incluía en el listado a Cocula, cuyo alcalde, César Miguel Peñaloza también terminó detenido.

Pero el mapa, era, lo sigue siendo, escandaloso: Apaxtla de Castrejón, Huitzuco, Buenavista, General Heliodoro Castillo, Teloloapan, donde hace unos días fueron masacradas 20 personas, Arcelia, Tlapehuala y Coyuca de Catalán, entre otros.

Como suele ocurrir, nunca se sabe si los análisis de inteligencia en realidad resultan de utilidad, porque requieren ser fortalecidos por las autoridades que sí tienen herramientas para perseguir los delitos. 

En el documento, también elaborado por los militares, “Panorama General delictivo del estado de Guerrero”, elaborado en noviembre de 2014, se afirma que la entidad es “relevante en la producción de estupefacientes, principalmente la amapola y por su ubicación geográfica e infraestructura de comunicación, facilita el trasiego aéreo, terrestre y marítimo, procedente de Centro América con destino a los Estados Unidos”.

Conforme se obtienen evidencias de lo ocurrido en Iguala aquella noche sangrienta, cada vez queda más claro que la situación era como la de una bomba activada.

La penetración criminal en la clase política local tenía que estallar y lo hizo. Estos pliegues de la historia son los que tienen mucha tela de dónde cortar, porque una parte nada despreciable de los políticos involucrados con el crimen organizado continúan en activo. 

Y se muestra el daño que pueden hacer políticos enloquecidos de poder, capaces de amenazar al fiscal mismo, y de creer que no habría consecuencias para sus crímenes. 

Es probable que el primer sorprendido por lo ocurrido en septiembre de 2014 haya sido el propio Abarca, pero no por el daño que les hizo a los jóvenes, sino porque esa vez todo su mundo de impunidad se vino abajo. 

@jandradej

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Emequis



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