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Cuando José Luis Abarca amenazó a los “Ayotzinapos”

Meses antes de la noche de Iguala, el Cisen ya tenía bajo la lupa a José Luis Abarca y su esposa, con énfasis en la red de complicidades con el crimen organizado. Hay registro de amenazas previas contra los estudiantes.

Por Emequis
8 / 23 / 22

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Meses antes de la masacre en Iguala, el Cisen había establecido con claridad varios objetivos estratégicos en el territorio guerrerense. Uno de ellos era el alcalde José Luis Abarca

Se tenían ya datos relevantes de la red de complicidad del político y de su esposa, María de los Ángeles Pineda, con los Guerreros Unidos. Eran una pareja explosiva. Pineda era hermana de dos lugartenientes de los Beltrán Leyva, Mario Pineda “El MP” y Alberto Pineda “El Borrado”, quienes murieron asesinados. 

El problema para desarticular su organización criminal consistía en la cobertura política con la que contaban. Figuraban como integrantes del PRD, partido que gobernaba el estado, y su principal apoyo era Lázaro Mazón, el entonces secretario de Salud   y quien se perfilaba como candidato a la gubernatura por Morena.  

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Hay que señalar que el Consejo Nacional perredista expulsó a Abarca luego de la masacre. 

Las autoridades tenían a Abarca en la mira al menos desde 2013, cuando habría asesinado a Arturo Hernández Cardona, líder de la Unidad Popular en Guerrero y quien, desde la izquierda social, denunciaba el espanto en el que ya se había convertido Iguala. 

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La mecánica del crimen había sido despiadada: secuestro, interrogatorios, torturas y ejecución. 

Activistas de la Normal Isidro Burgos, protestaron en la alcaldía de Iguala por ese crimen, se metieron a las oficinas y quemaron documentos. Las amenazas del alcalde y de los Guerreros Unidos contra los “ayotzinapos” no se hicieron esperar y les advirtieron que no regresaran o se atuvieran a las consecuencias. Era octubre de 2013. Esto está referido en el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.  

Informes de inteligencia señalaron, en su momento, que Abarca contaba con 200 uniformados que eran pagados con una nómina oculta para evadir los exámenes de control de confianza y los registros en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. También reasignó a algunos de los agentes municipales en áreas y plazas que no requerían de supervisiones especiales, como las plantillas de los mercados. 

Declaraciones ministeriales de integrantes de los Guerreros Unidos, señalan a María de los Ángeles Pineda como “una operadora financiera”, quien junto con su esposo tenían como grupo de choque a los policías municipales y a los integrantes de la organización delictiva. 

Por eso, entre otras cosas, se estableció su implicación en la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 

Ahora, con la polvareda levantada con las acusaciones en contra de quienes investigaron lo ocurrido en Iguala en septiembre de 2014, se puede perder de vista la responsabilidad de quien gobernaba el municipio y tenía bajo su mando a la policía. 

La Fiscalía de Guerrero, al mando de Iñaki Blanco, logró armar un caso sólido y por eso Abarca continúa en prisión, a pesar de que los responsables actuales de las indagatorias sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no quisieran seguir explorando esa vía por todas las implicaciones que tiene.

EL EJÉRCITO Y SUS ACCIONES EN LA NOCHE DE IGUALA

La segunda vuelta de tuerca de la FGR en el caso Ayotzinapa, será la detención de dos decenas de militares que estaban adscritos a los batallones 27 y 45 radicados en Iguala. Hasta dónde se sabe, las acusaciones tendrán que ver con la supuesta negligencia al no haber impedido que los estudiantes fueran secuestrados y desaparecidos. 

Los soldados tienen que ser arrestados y llevados a la FGR para que sean consignados ante el juez del caso. 

La apuesta de los fiscales es alta, porque tendrán que comprobar que los miembros del Ejército tenían un conocimiento claro de lo que estaba ocurriendo y de sus probables consecuencias. 

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Pero además, en la fiscalía tienen que demostrar que en realidad no se hizo nada respecto a la violencia y no se estableció acción alguna por la emergencia. 

Esto reviste un problema, porque la propia indagatoria fue la que estableció los niveles de barbarie que desataron los criminales esa noche de septiembre. Es decir, el conocimiento del caso resultó paulatino y no automático, como de modo erróneo se puede pensar.

Una variable adicional, es lo que respecta a la propia moral de la tropa, a las consecuencias que puede tener un paso en falso de la FGR a cargo de Alejandro Gertz. 

@jandradej

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