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CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Lo urgente suele desplazar a lo importante y eso, con frecuencia, conduce al desastre.
Es lo que ocurre con la extracción de carbón por medio de pozos, la que debería estar prohibida desde 2013, ya que la Cámara de Diputados aprobó una reforma de ley al respecto, pero la minuta se encuentra archivada en el Senado.
Inclusive, el voto fue casi unánime, sólo hubo tres abstenciones y cero expresiones en contra. Las iniciativas estuvieron respaldadas por las bancadas del PRI y el PAN.
Los senadores no pueden argumentar que hay olvido al respecto, porque se los recordó el diputado Rubén Moreira en 2022, luego del derrumbe en la mina Pinabete, donde quedaron sepultados 10 trabajadores, cuyos cuerpos no han podido rescatarse, e insistió en ello hace apenas unos días, cuando anunció que llevaría el tema a la Comisión Permanente.
El líder del PRI en San Lázaro recordó que “una mina de arrastre tiene muchos mecanismos de seguridad, en cambio, un pocito de carbón no tiene mecanismos de seguridad y ante una inundación, un accidente o explosión, los mineros no pueden salir, como pasó en Pinabete”.
Las tragedias se van sucediendo en una cronología de muertes que marcan a pueblos enteros. En 1969 explotó la mina Guadalupe, en Barroterán, dejando 153 muertos; Pasta de Conchos se llevó la vida de 64 mineros en 2006; en 2011 otro accidente, en San Juan Sabinas, dejó 14 personas sin vida.
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La minería es un trabajo peligroso, pero lo que hacen los poceros es temerario, ya que no cuentan con las condiciones de seguridad mínimas y suelen ser víctimas de la más vil explotación.
Sí, la explotación del carbón por medio de pozos es anticuada, se hace de modo precario y muestra que el afán de los concesionarios es mayor a cualquier consideración humanitaria.
Por eso es pertinente lo que se hizo en San Lázaro para prohibirlo e insólito lo que no se hace en el Senado para continuar con el trabajo legislativo.
Hace una década, la entonces diputada Luisa María Alcalde Luján señaló al argumentar su voto en favor de la prohibición: “los pocitos, que operan principalmente en el estado de Coahuila, se han convertido en semilleros de lesionados, de heridos y mutilados de toda índole, de viudas y huérfanos, y constantemente también de fortunas mal habidas, de narcotráfico, de impunes y de familias millonarias”.
Alcalde Luján puntualizó que la determinación en apoyo al proyecto no había sido sencilla, porque en los pozos se ganan la vida cientos de trabajadores, los que no cuentan con la capacitación para ser contratados en empresas mineras sólidas.
La diputada ponderó y señaló con claridad: “las condiciones dentro de esas minas no son laborales, son de esclavitud, y eso no se puede permitir”.
Alcalde Luján se desempeñó como secretaria del Trabajo, por lo en la actualidad debe tener más elementos que en su etapa legislativa, pero, además, ahora es la encargada de la política interna del país, y en esa calidad puede solicitar a los grupos parlamentarios en el Senado para que reactiven y aprueben la minuta respectiva.
Pero la pelota está en la cancha senatorial, como viene advirtiendo Moreira.
Cada que ocurre un accidente en las minas, las condolencias, las quejas y los anuncios de cambios para promover calidad en ese tipo de trabajos no se hacen esperar, pero suelen ser demagogia pura.
De ahí que sea importante que se pase de los dichos a los hechos. Parte del esfuerzo ya está hecho y es cuestión de voluntad política, pero en el entendido de que es difícil que alguien no esté de acuerdo.
Prohibir la extracción del carbón por medio de pozos, además de ser una medida que salvará vidas, es también una posibilidad de mostrar que la precariedad y las injusticias no tienen que perpetuarse en el tiempo.
El negocio del carbón es sucio, pero su variable en los pocitos es ruin.
¿Por qué ahora? Por la sencilla razón de que el asunto ya era central hace una década y cada día lo es más, con el añadido, hay que insistir, en que nadie se puede llamar a engaño y que existen responsabilidades de carácter político que tienen que hacerse valer.
Como viene señalando Moreira, es cosa de avanzar y de concretar el tramo legislativo final el que, junto a supervisiones sobre seguridad e higiene, puede cambiar la vida de los mineros.
@jandradej
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