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CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Hace seis años, los entonces integrantes del GIEI denunciaron que el gobierno de Peña Nieto los obstaculizaba y que no quería que se prolongaran sus indagatorias. El acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era que el mandato concluiría el 30 de abril de 2016.
En el Informe que presentaron, en esos días, advertían que los fiscales tenían poco interés en nuevas hipótesis y que les ocultaban información. De ahí vienen muchos de los agravios con el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.
En realidad, los integrantes de GIEI querían seguir en el esquema de colaboración, es un decir, con la entonces PGR. Elevaron las presiones y lograron su objetivo, se quedaron.
Seis años después, también alegan que no les hacen caso y que les ocultaron datos relevantes, pero en esta ocasión dieron por disuelto el grupo. Angela Buitrago y Carlos Beristain continuarán en un mecanismo de seguimiento, pero Francisco Cox y Claudia Paz ya no.
Al parecer las presiones son mayores ahora. Si bien convergen con los deseos de Alejandro Encinas de probar que diversos niveles de gobierno están implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no coinciden en los modos que tienen en la 4T de hacer las cosas.
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La revelación de los mensajes de WhatsApp, que en teoría daban pistas para sostener la participación de los militares en la noche de Iguala, terminó por hacer poco viable la continuidad del GIEI.
Es que el daño es mayor, porque son pruebas inútiles en términos judiciales, en las que no se preservó la cadena de custodia, que no fueron conocidas por el Ministerio Público y que, para colmo, son falsas. Esas son las conclusiones del propio GIEI.
En el fondo saben que ya no hay remedio. El daño a la nueva indagatoria es de consecuencias irreversibles, porque no estaba inspirada en una búsqueda genuina de la verdad, sino en la urgencia de culpar a quienes hicieron llegaron a la conclusión que se conoce como verdad histórica.
Los que también intuyen que todo se desbarrancó, son los familiares de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, quienes están exigiendo que no los engañen, como antes hicieron.
En el gobierno se quejan de lo que dicen fueron inventos de Jesús Murillo Karam, pero deben admitir que están metidos en una situación de similares proporciones. Sostienen que ahora la diferencia es que no se tortura, pero por lo visto sí se encarcela.
Por lo demás, el GIEI se va con la que ya sabían, que en Guerrero el ambiente político tenía tales niveles de putrefacción, que sujetos como José Luis Abarca llegaron a las alcaldías.
Hace unos días, apenas, fue detenido Leonardo Vázquez Pérez, quien fungía como secretario de Seguridad Pública del estado y que fue omiso en los informes que recibió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, de parte del inspector general, José Adame, quien estaba a cargo del C-4, sobre lo que estaba ocurriendo en Iguala.
Lo evidente es que no tenía ningún incentivo para actuar, porque presuntamente estaba al servicio del crimen organizado y en particular de los Guerreros Unidos.
La FGR, ahora con un nuevo encargado de resolver el asunto, Rosendo Gómez Piedra, debería voltear más a la realidad del estado y del municipio, ahí están las claves, aunque quizá lo que van a encontrar no les va gustar nada, pero en términos generales ya es sabido.
Lo que ocurrió con los 43 no habría sido posible en otra realidad distinta a la de Iguala, porque ahí se engarzaron debilidades institucionales con aventuras políticas por demás oscuras.
Quizá, por ello, la función de Gómez Piedra debiera ser la despejar dudas, las de antes y las de ahora, que son igual de abundantes. El expediente ya entró en esa zona brumosa en el que estuvieron otros casos célebres, como los del homicidio de Francisco Ruiz Massieu, donde el encargado de la investigación utilizó una vidente, “La Paca”, que además era una pícara y muy mentirosa. Se llegó, inclusive, a sembrar una osamenta, que al final resultó ser del consuegro de la propia testigo.
Lo grave es que estas situaciones a lo que más suelen afectar es a la justicia misma, porque se difunde la idea de que es imposible revertir la impunidad.
@jandradej
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