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EMEEQUIS. La familia de Marlon Botas ayudó a que el presunto feminicida se mantuviera prófugo por más de un año. Acusado por el asesinato en 2021 de su novia Monserrat Bendimes, el agresor se mantuvo prófugo, a pesar de que la Fiscalía de Veracruz había solicitado que se le boletinara con una ficha roja por el delito de feminicidio.
Sus padres fueron detenidos en noviembre de 2021 y siguen presos por complicidad. A él lo detuvieron en junio, tras un cateo realizado en la casa de su abuela en Mérida, Yucatán.
Mientras era trasladado a la Fiscalía sujetado por policías, Marlon soltó a las cámaras una sonrisa, como si pudiera mantenerse encubierto por un manto de impunidad que por meses fue solapado por sus propios padres.
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El feminicidio de Monse y la manera en que los padres del presunto agresor lo apoyaron para evitar su captura, inspiró una ley, con el objetivo de eliminar las redes de protección y encubrimiento para presuntos feminicidas.
Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó la Ley Monse que pretende eliminar la figura de “excusa absolutoria” en los casos de feminicidio. Con esto se sancionará por encubrimiento a familiares, hijos, cónyuges, o personas cercanas a los imputados que los oculten o encubran para evitar su responsabilidad ante delitos de feminicidio.
Sin embargo, de acuerdo con Carlos Olvera, asesor jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, “el impacto real que va a tener para las víctimas es muy reducido”. A decir del abogado, estas normas que se basan en casos de feminicidios tienen un mayor peso político que de ejecución, ya que las carencias más importantes en materia de justicia siguen sin ser atendidas.
NO MÁS ENCUBRIMIENTO A FEMINICIDAS
Con el objetivo de eliminar las vías de apoyo para feminicidas, fue aprobada la Ley Monse en la Cámara de Diputados con 455 votos a favor y 23 abstenciones, estas por parte de la bancada de Movimiento Ciudadano.
De acuerdo con la iniciativa, se contempla reformar el artículo 400 del Código Penal Federal en materia de encubrimiento de feminicidio, el cual contempla excusa de excepción para juzgar por encubrimiento a personas con relación de ascendientes o descendientes consanguíneos o afines con el imputado.
Con la modificación se especifica que esta norma no tiene aplicación tratándose del delito de feminicidio que está contemplado en el artículo 325 del Código Penal Federal.
Para Laura Imelda Pérez Segura, diputada federal por Morena que presentó la iniciativa, se trata de encubrimiento cuando se hace de manera consciente. “Cuando la persona sabe que el sujeto está siendo perseguido, investigado, procesado por feminicidio. La persona de manera voluntaria y consciente le ayuda a esconderse o la encubre”, explica en entrevista con EMEEQUIS.
Las sanciones por el delito de encubrimiento acorde a la normativa vigente son de tres meses a tres años de prisión, y de quince a 60 días de multa.
La legisladora refiere que es necesaria esta reforma para casos como el de Marlon Botas, a quien, tras presuntamente asesinar a Monse, sus padres lo apoyaron a escapar y ocultarse del proceso de justicia.
“Que no se aplique la excusa absolutoria cuando se trata de feminicidios, para combatir este gravísimo delito y ayudar a resolver los casos”, asegura, pues en el país aún hay serios conflictos de violencia de género. Tan sólo durante este año se han cometido 695 feminicidios hasta el mes de septiembre, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asegura que esta iniciativa surgió por demanda del colectivo feminista Brujas del Mar, a raíz del asesinato de Monse Bendimes; sin embargo, no podría aplicarse la reforma en el caso de la joven debido al principio de no retroactividad de la ley, aunque se trata de “hacer las correcciones necesarias para que no sigan ocurriendo esos casos”, afirma.
LEY NO REFLEJA CARENCIAS PARA INDAGAR FEMINICIDIOS
Esta reforma al Código Penal Federal pasará al Senado para ser analizada, pero a razón de especialistas resulta insuficiente y no podría aplicarse en todos los casos de feminicidio en el país.
“La reforma se hace en el Código Penal Federal, pero los feminicidios que se regulan por este código son muy pocos”, afirma Carlos Olvera González, asesor jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
El abogado refiere que la mayoría de casos de feminicidio se procesan bajo el ámbito local, por lo que una modificación federal no podría aplicarse a menos de que se gestione su aprobación en los Códigos Penales de cada estado del país.
Acorde al documento de la iniciativa de la Ley Monse, en poder de EMEEQUIS, se hace referencia a que sólo existen dos propuestas de reforma en el ámbito local.
En el estado de Veracruz fue presentada una iniciativa de reforma al artículo 345 del Código Penal local para modificar las medidas absolutorias al delito de encubrimiento; y en Jalisco se presentó el pasado 10 de marzo una propuesta por modificar el artículo 263 del CP estatal bajo las mismas causales en encubrimiento cuando se trate de un feminicidio. Ninguna ha sido aprobada.
Además, el abogado del OCNF refiere que, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, existen otras figuras que permiten a los familiares abstenerse a dar una declaración contra los imputados; por lo que esta ley no será efectiva mientras que “no se reforman otras disposiciones que permiten a los familiares abstenerse de declarar o no prestar auxilio a la investigación”.
Olvera afirma que si bien, estas iniciativas son necesarias en materia de violencia de género y las peticiones de las víctimas son legítimas, estas cargan con una intención mayor por visibilidad política, que por resolver de fondo la impunidad en casos de feminicidio.
“Realmente la impunidad que se tiene en el tema de feminicidios es por una falta de diligencia en las fiscalías para investigarlos, y una falta de perspectiva de género”, asegura.
Apunta que el problema principal para obtener justicia en casos de feminicidio es que no hay programas eficientes de prevención y existencias serias deficiencias en las fiscalías para atender los casos.
“No tienen el personal suficiente, no tienen la infraestructura, están muy limitados para realizar estas investigaciones, el personal forense no está capacitado o está limitado, los policías no son suficientes. Hay un problema estructural de las fiscalías que no les permite investigar”.
Reconoce que ante estas carencias, el encomendar a las Fiscalías además investigar el delito de encubrimiento de familiares representa una distracción y obstáculo para investigar los casos de feminicidio de fondo.
Propone que para que ocurra un cambio de raíz, deben legislarse mecanismos o recursos judiciales efectivos que obliguen a los MP a reencauzar las investigaciones de feminicidio.
“No hay una herramienta efectiva para exponer las omisiones de la investigación en casos de feminicidio ante un juez”, afirma que es necesario cambiar las omisiones de los Ministerios Públicos para que realicen las investigaciones con perspectiva de género y tomando en cuenta todas las líneas de investigación.
@GloriaPE_
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