SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– Las manzanas podridas se multiplican por huertos bajo la gestión obradorista. El más grande de todos hasta ahora parece ser el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), donde se creó una red de saqueo a través de empresas fantasmas y convenios fraudulentos por 9 mil millones de pesos, una cifra aproximada a los 450 millones de dólares.
El esquema de extracción ilegal de recursos fue desarrollado y ejecutado en la administración de Ignacio Ovalle Fernández, quien fuera secretario de la Presidencia de México durante el mandato de Luis Echeverría, y que dirigió la Compañía de Subsistencias Populares (Conasupo) en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Ovalle fue el primer director de Segalmex, un organismo creado por Andrés Manuel López Obrador, bajo cuyo organigrama quedaron Diconsa y Liconsa, herederas a su vez del patrimonio y funciones de Conasupo.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramirez de la O, dijo que van cinco denuncias penales presentadas por la dependencia que encabeza.
Pero en total, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP), son 38 las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, la SFP y la propia Fiscalía por el escándalo de corrupción.
En total, según esa dependencia, hay 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas en total.
“HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS”, “CAIGA QUIEN CAIGA”, ETC.
En 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó el saqueo durante la revisión de la Cuenta Pública de 2019. De modo que el esquema fraudulento logró extraer los 9 mil 500 millones de pesos –alrededor de 450 millones de dólares, lo que costará a China una planta de Litio– en sólo el primer año de existencia de Segalmex.
El secretario de Hacienda y Credito Público, Rogelio Ramírez de la O, reveló el jueves que “la Secretaría de Hacienda ha presentado cinco denuncias penales, cuatro por parte del procurador fiscal de la Federación y una por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y están siendo proseguidas en representaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) y tenemos instrucciones de agotarlas hasta última consecuencia”.
Así lo expresó durante su comparecencia en el Senado de la República, donde el perredista Miguel Ángel Mancera cuestionó “¿qué ha hecho o qué hará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? ¿estos hechos darán pie a investigaciones administrativas y en su caso penales?”.
Comparecencia de Ramírez de la O.
GRUPOS DE TRABAJO, INVESTIGACIONES, FISCALIZACIONES
El mes pasado, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, dio a conocer que “con base en los resultados de diversas auditorías, en denuncias presentadas por servidores públicos y en el deterioro en la calidad de la rendición de cuentas en Segalmex, Liconsa y Diconsa”, se creó un grupo de trabajo conformado por las secretarías de Gobernación, de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Función Pública, además de la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Dijo que tenían el propósito de dar seguimiento y “corregir la problemática relacionada con los actos de presunta corrupción de algunos servidores públicos que, además, ocasionaron una desarticulación administrativa en las tres instituciones”.
Detalló que hay abiertos 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas en el organismo; 38 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, la SFP y la propia Fiscalía, por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa.
Hasta el mes pasado, las indagatorias se hallaban en estado “de investigación con miras a su judicialización, y principalmente son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada”.
También se reportó que un exservidor público fue vinculado a proceso por invertir 950 millones de la institución sin respetar la normativa, recursos que ya fueron recuperados.
Refirió que la SFP realizó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex, en 2019, hasta el cierre de 2021, que incluyeron auditorías, visitas y verificaciones con montos observados por 6 mil 052.3 millones de pesos (mdp), y en 2022, para dar continuidad a estos actos, “se están ejecutando diversas revisiones a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de precios de garantía, así como a las adquisiciones, arrendamientos, servicios e inventarios”.
Los montos observados por la SFP y por el órgano auditor superior suman alrededor de 9 mil 500 mdp, lo que no significa que representen un daño patrimonial, debido a que se encuentran en proceso de aclaración, documentación o, en su caso, recuperación.
@emeequis
Powered by Froala Editor
