EMEEQUIS.– Ana E. tiene 73 años de edad y es beneficiaria del programa para los adultos mayores del gobierno federal. Fue víctima de un fraude en su tarjeta bancaria en la que le depositan 2 mil 550 pesos cada bimestre. Ella es una de las más de 68 mil personas de la tercera edad que han sufrido este tipo de hackeos desde su cuenta bancaria, a través de consumos o transferencias no reconocidas.
Este delito se ha incrementado 17% en un año y va en aumento.
En diciembre pasado, Ana acudió al cajero automático para ver si ya le habían depositado su pensión de la empresa donde laboró 25 años: 2 mil 500 pesos, más su aguinaldo y su caja de ahorro, en la que mes con mes ahorraba para que al final del año recibir su bonificación. También tenía en esa cuenta bancaria un dinerito que iba ahorrando para operarse los ojos.
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Pero resultó que su tarjeta de nómina y la tarjeta de Bienestar del gobierno federal están en el mismo banco, en Banorte. Entonces, al hackear su pensión de Bienestar, tuvieron también acceso a su otra cuenta de nómina y de ahí transfirieron el dinero de una a otra, para así, robarse 30 mil pesos en total, de ambas cuentas.
“Estoy esperando a que me devuelva mi dinero la Condusef o el banco, no sé, pues yo necesito mi dinero para poderme operar. Retiraron de la tarjeta de Bienestar. Fue por vía electrónica, todo, porque fueron transferencias… yo no sé hacer transferencias. Yo no sé ocupar eso que dice el banco”, señala doña Ana.
Ana nos cuenta que lo más insólito es que ella no está dada de alta en banca móvil ni por Internet, ni ha dado los datos de sus tarjetas. Incluso la tarjeta de Bienestar la tenía bloqueada y ni siquiera había podido retirar el dinero que le depositó el gobierno federal por 2 mil 550 pesos en noviembre pasado.
Esta queja ya la había presentado ante la institución financiera y estaba en espera de una respuesta también por parte de las oficinas de la Secretaría del Bienestar, que son los responsables de estas cuentas.
A a través de la tarjeta de la pensión de Bienestar, pudieron acceder a todas sus cuentas que tenía registradas en Banorte y cometer el fraude, utilizando el plástico que da el gobierno federal.
Las transferencias que Ana no reconoce en sus cuentas.
Para Jesús Chávez Ugalde, director de Análisis y Estadística de Productos y Servicios Financieros de la Condusef, el posible fraude y robo de identidad en las tarjetas que da el gobierno federal, para las personas de la tercera edad, se ha incrementado 17% de un año a otro, al pasar de 58 mil 702 quejas en 2018, a 68 mil 623 en 2019, principalmente por consumos y transferencias bancarias no reconocidas.
El funcionario de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) asegura que, en general, las quejas por estos delitos va en aumento año con año, a razón de cerca del 20%.
De 2018 a 2019, apunta, hubo un incremento de 26.2%, al pasar de 77 mil 775 quejas a 98 mil 157; de las cuales, el 65% es por consumos y cargos no reconocidos; mientras el 62.5% es por transferencias electrónicas no reconocidas.
CONTINÚA EL PROBLEMA EN ESTE AÑO
Para el primer semestre de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019, las quejas por consumos o cargos no reconocidos en las cuentas bancarias disminuyeron casi un 58%, debido a que la Condusef no laboró por tres meses, ante la pandemia y todo se detuvo.
Sin embargo, la emisión de reportes especiales se incrementó 313% durante el mismo periodo, ante el aumento de los fraudes bancarios durante los primeros tres meses de la contingencia sanitaria por Covid.
Cabe resaltar que la Condusef no ha clasificado todos los reportes emitidos por la pandemia en ese periodo.
De acuerdo con información de un ejecutivo de una sucursal de Banorte, la Secretaría del Bienestar es la responsable de abrir estas cuentas bancarias y, por lo tanto, el banco no puede atender las quejas que se presentan por bloqueo o por alguna otra circunstancia por la cual las personas de la tercera edad no pueden retirar su dinero.
Incluso comenta que, ante los problemas que han tenido muchas personas con estas tarjetas, se quitaron algunos candados para que pudieran cobrar su dinero con mayor facilidad.
Es importante mencionar que los únicos que cuentan con esa base de datos son el personal del área encargada de dar estas tarjetas de la Secretaría del Bienestar, pues ante esa autoridad se tienen que presentar todos los documentos que acreditan tener más de 65 años para entregarles el beneficio.
Entre los documentos que entregan son: acta de nacimiento, CURP, identificación del INE y comprobante de domicilio, entre otros.
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Y son ellos los que entregan al adulto mayor un papel con el número de la tarjeta que vas a recibir posteriormente de la institución bancaria. Por lo tanto, si hay algún problema con esas tarjetas, solamente el gobierno federal puede reponerlas.
Según cifras oficiales, en México hay más de 12 millones de personas de más de 60 años y cuatro de cada 10 son pobres. En este contexto, la “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” es considerada uno de los programas más ambiciosos del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Para este programa, el gobierno federal ejercerá este año 130 mil millones de pesos, desde los 115 mil millones de 2019.
Cabe recordar que este programa inició a nivel federal con el expresidente Vicente Fox y, desde entonces, las personas de la tercera edad que gozaban de este beneficio podían disponer de su dinero en efectivo en las sucursales bancarias.
DE ADENTRO PASAN LOS DATOS
Por su parte, el exdirector de Condusef, Mario Di Costanzo, indica que, durante su administración, en el sexenio pasado, las quejas presentadas por fraude a las tarjetas de los adultos mayores eran entre el ocho y el 10% al año, respecto al total de los reclamos, mismos que registraban un alza de hasta 15% anualmente.
“Sí tuvimos fraudes, y en general, sin que pudiéramos hacer una división entre los beneficiarios de los programas sociales y en general, lo que te puedo decir es que más de la mitad de las defensorías legales gratuitas que daba la Condusef al año, que era un promedio de 6 mil o 7 mil, eran para adultos mayores”, precisa.
Comenta que “detectamos en general la presencia de ‘insiders’ del crimen organizado en estos procesos. No todos los que trabajan en un banco lo son, pero sí detectamos un modus operandi donde se requería de la presencia de alguien adentro para filtrar esta información”.
El especialista en temas financieros resalta que, en estos programas sociales, la información pasa por muchas manos, por lo que es fácil generar clonaciones de tarjetas y de información, así como duplicar en un momento dado los padrones de beneficiarios.
“Hay una modalidad en la que los artefactos que se pueden poner en una terminal punto de venta es extraer tu información, se guarda en una tarjeta paloma y el chip recibe la información; si eso se puede hacer desde una terminal punto de venta, imagínate lo que puede suceder cuando entregas todos tus documentos”, advierte.
La Secretaría del Bienestar ha alertado del fraude cometido a las tarjetas que entregan a los adultos mayores, al detectar que han estado llamando a los beneficiarios de los programas haciéndose pasar por personal de la dependencia, solicitando información sobre sus tarjetas de pago. También advierte de un presunto fraude a usuarios beneficiados con todo tipo de apoyos sociales, sin dar mayores datos en sus comunicados de prensa.
La subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, ha reconocido que se han robado más de 20 millones de pesos en varios asaltos durante la entrega de las pensiones para el adulto mayor en las zonas rurales de los estados de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Guerrero.
NO CUIDAN LAS BASES DE DATOS
Chávez Ugalde y Di Constanzo coinciden en señalar que uno de los principales riesgos en este tipo de fraudes y robo de identidad es que las bases de datos de los cuentahabientes pasan por muchas manos y eso hace más vulnerable el sistema bancario.
“Pasamos del robo en cajeros automáticos, a la clonación de tarjetas y ahora lo que estamos viendo es que se han elevado hasta en un 100% los fraudes y usurpación de identidad de cargos y transferencias no reconocidas a través de las tarjetas de crédito y débito, por lo que no han sido suficientes los candados que se ponen para disminuir este tipo de delitos”, alerta Di Costanzo.
Recomienda que, en el caso de los beneficios sociales que da el gobierno federal, estos se podrían concentrar en Bansefi, que es una institución de banca múltiple del gobierno, a fin de tener más control de las cuentas y no repartirlas en diferentes instituciones bancarias en las que los riesgos son mayores.
“Estas tarjetas de Bansefi pueden ser aceptadas en diversos establecimientos o crear una red como farmacias, supermercados. Para que la gente pueda cobrar su dinero sin altas comisiones; además de ser aceptadas en la mayoría de los comercios”, comenta.
Para Chávez Ugalde, es importante que las bases de datos de los usuarios de los bancos estén más controladas y con el menor acceso posible por parte de los trabajadores.
Precisa que, además, hay que ampliar la información a los usuarios, para que no den información de sus cuentas bancarias a cualquier persona, además de no acceder a banca móvil desde una red de Wifi, checar bien las páginas a través de las cuales hacen compras por Internet, porque hay muchas piratas, poner alertas en los teléfonos, entre otras precauciones.
“Hemos tenido acercamiento con las instituciones bancarias para que nos apoyen en bloquear las cuentas de los usuarios cuando detecten movimiento raros. Por ejemplo, si ven que sus movimientos oscilan entre los 5 y 10 mil pesos y de repente hace compras por más de 20 mil pesos, en ese momento que la bloquen para que el usuario llame a su banco y compruebe que efectivamente es el dueño de la cuenta”, indica.
Concluye que, al final del día, todos somos corresponsables: los bancos, por no poner más candados y cuidar su base de datos; los usuarios, que se confían y no toman las medidas de protección. Por lo que todos debemos hacer un esfuerzo para combatir estos delitos cibernéticos.
RECOMENDACIONES
Di Costanzo brinda una serie de recomendaciones al gobierno federal para disminuir este tipo de fraudes:
Aprovechar la infraestructura de corresponsables bancarios y de los mismos bancos, principalmente de instituciones como TV Azteca y Famsa, que están en muchos municipios del país. Aprovechar la seguridad que tiene la banca.
Aprovechar más la tecnología, la banca por celular y la bancaria, que ya existe, para llevar a cabo la dispersión de programas.
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Cuando no haya bancos en muchas comunidades del país, hay cajas de ahorro. Por lo menos 57 tienen presencia en los municipios donde no llega la banca, y se podrían utilizar también esos dispersores.
No es recomendable crear un banco del Bienestar, porque es muy costoso, y los softwares para dar seguridad a las operaciones también son muy costosos, además de que, si en esos cajeros sólo van a cobrar los adultos mayores, seguramente ahí también estarán los ladrones.
@normiux_jimegui