SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.― Las presiones del Poder Ejecutivo sobre el Judicial no son cosa nueva. Durante el periodo en que elaboraba el proyecto de sentencia correspondiente al caso de la francesa Florence Cassez, inculpada por secuestro y otros delitos, el ministro Arturo Zaldívar y su equipo de trabajo enfrentaron amenazas y presiones de las que tuvo total conocimiento el entonces presidente de la República, Felipe Calderón.
Así lo revela, Alejandra Spitalier, secretaria general de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su columna que publica como invitada de la plataforma Opinión 51, en la que refiere hechos delictivos de los que habría sido víctima el ministro Zaldívar, encargado del proyecto del caso Cassez.
La jurista comparte su testimonio de primera mano sobre las presiones de que fue objeto el SCJN durante la deliberación de los casos de la Guardería ABC, y que se incrementaron en la del caso de Florence Cassez.
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Da a conocer que en el primer caso, Arturo Zaldívar recibió presiones directas del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez – Mont, y en el segundo fue intimidado por un grupo armado que lo detuvo en su vehículo junto con su familia, y su domicilio fue objeto de un extraño robo.
Por desconfianza, Zaldívar rechazó la escolta de la Procuraduría General de la República (PGR) que le propuso Calderón, pero aceptó la del Estado Mayor Presidencial (EMP).
Buscar a los culpables correctos y exponer los mecanismos de abuso de poder y montaje que caracterizaban a la seguridad pública de aquellos años implicaba ser acosado y señalado públicamente, indica la abogada.
EL CASO ABC, UN ANTECEDENTE
El caso del incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, donde 49 niños fallecieron debido a la negligencia y desatención, fue la primera situación en la que Spitalier, cómo ella expone, sintió un “recargón del gobierno”.
“Si bien en realidad llevábamos poco tiempo en la Corte, a decir verdad, ya habíamos pasado nuestra novatada con el caso de la Guardería ABC”, relata.
La actual secretaria general de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, expone que la relación del ministro Zaldívar con el secretario de Gobernación en aquel momento, Fernando Gómez-Mont, era muy cercana. Dicha amistad buscó ser aprovechada por Gómez-Mont, quién solicitó a Zaldívar favorecer a los funcionarios públicos involucrados en el incendio.
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Zaldívar, quién no coincidió con la forma de pensar de su amigo, se habría negado. Y ahí comenzó el chantaje. Spitalier refiere detalles sobre los diálogos del titular de Gobernación de aquel entonces con Zaldívar: “—Acuérdate quién te designó, dijo Gómez-Mont. A lo que Zaldívar respondió: —Recuérdale al presidente Calderón que no nombró a un subordinado, sino que postuló a un candidato a ministro”.
El caso continuó y el proyecto impulsado por Zaldívar estaba a punto de presentarse oficialmente. Un día antes, pidió a Spitalie, un favor poco común y aterrador: “Si para mañana a las 8:30 am no he llegado a la oficina, pase lo que pase, por favor presentas oficialmente ante la Secretaría General de Acuerdos este proyecto y el otro original lo entregas a los medios de comunicación.”
Afortunadamente la advertencia de Zaldívar se quedó en eso y pudo presentarse al día siguiente sin problema alguno. Pero dos días después caería, como describe Spitalier, “el peso del estado”.
Y es que en el proyecto, el ministro Zaldívar exponía cómo principales responsables de la tragedia a funcionarios públicos, entre ellos un gobernador y un director del IMSS.
Pese al reconocimiento inicial de la prensa y la opinión pública, pronto el discurso se voltearía contra Zaldívar y su equipo por los señalamientos a estos personajes implicados.
EL CASO CASSEZ Y EL CONOCIMIENTO DE CALDERÓN
Después de años del encarcelamiento de Florence Cassez por presuntos delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas (caso que en aquel momento comenzaba a afirmarse se trataba de un montaje del gobierno de México), en marzo de 2011 el expediente llegaría a la SCJN.
Específicamente, fue Alejandra Spitalier, hoy secretaria de la presidencia de la SCJN, a quien le correspondió revisar la resolución del proyecto:
“Cuando supe que nos correspondía el turno para elaborar el proyecto de resolución, palidecí. No podía creer que estaríamos de nuevo en el ojo del huracán. Con cierta angustia corrí a la oficina de Zaldívar y le di la información recién recibida”, cuenta la abogada en su colaboración especial para Opinión 51.
Las indicaciones iniciales de Zaldívar, refiere Spitalier, fueron claras: “Veamos el recurso y arma un equipo con nuestros mejores secretarias y secretarios. Tenemos que ser creativos y responsables”.
A Sapitalier correspondió ser coordinadora de la ponencia, por lo que, explica, parte de sus funciones fueron el análisis de los expedientes y la asignación de los responsables de estudiarlos.
En aquel momento, Spitalier sería una de las primeras personas en tener en sus manos todas las aristas del caso, y su columna expone el azoro que le causaba un fenómeno que con el tiempo sería mucho más común, que es la implicación de funcionarios e instituciones en el crimen:
“Las primeras aproximaciones al expediente me tenían con el estómago permanentemente revuelto. ¿Qué México estábamos viviendo? El secuestro institucionalizado era una realidad que rebasaba a las clases privilegiadas; todos podíamos ser objeto de un rapto. Asimismo, era escalofriante la forma en la que las autoridades estaban involucradas en temas por demás ilícitos: levantamientos, venganzas, torturas, impunidad, violencia”.
La jurisconsulta explica que durante la preparación del juicio, “la culpabilidad de Cassez no era el tema central del recurso; de lo que se trataba era de analizar si se habían violado sus derechos”.
Pero existía un miedo profundo en la secretaria que no le permitía sentirse segura de que liberar a la mujer francesa era lo más adecuado. “Honestamente, mis dudas solo se refugiaban en el miedo. Miedo al enfrentamiento de nueva cuenta con el gobierno, miedo a las venganzas, miedo a formar parte de una historia llena de tortura y crimen”.
Spitalier recuerda la audiencia que Eduardo Gallo, víctima del secuestro y asesinato de su hija, había tenido con Zaldivar. Pese a la idea generalizada de que argumentaría contra Cassez, la sorpresa fue mayúscula cuando Gallo expuso pruebas de la inocencia de la francesa.
Con todas las pruebas y documentos reunidos, Spitalier asegura que “la propuesta de resolución que presentamos era creativa, sin precedentes y contundente: ella debía quedar libre”. No obstante, al instante de presentarse de forma oficial, se filtró a la prensa y todos los miedos de la abogada comenzaron a resurgir: “El escándalo comenzó”.
Recuerda cómo “se levantó un tsunami de voces en contra de la liberación propuesta. El timbre del teléfono de la oficina no cedía; el proyecto era la principal nota en los medios de comunicación. Ya sabíamos que ese era el costo pero, lo que no esperábamos eran las amenazas”.
El principal blanco de estas amenazas era Zaldívar y su familia. Spitalier recuerda la ocasión en qué hombres con armas largas detuvieron el auto donde venía el ministro con su familia.
Y hace hincapié en un domingo, previo a la sesión del 21 de marzo de 2012 en la que se analizaría el proyecto que proponía la liberación inmediata de Florence Cassez, cuando Zaldívar le contó que alguien se había metido a su casa. Aquella ocasión solo robaron, de todas las cosas posibles, dos aparatos electrónicos. Fue más bien, explica Spitalier, una advertencia.
Al otro día Zaldívar también confió lo sucedido al entonces ministro presidente Juan Silva. Este, llamó al presidente Calderón para enterarlo del acontecimiento. Momentos después entró una llamada al celular del ministro Zaldívar. Spitalier, a su lado, cuenta lo que escuchó:
“Gracias señor presidente. No creo que una denuncia resuelva el problema. Honestamente esto complicará la resolución del asunto que se aproxima y no abonará a condenar a los responsables (…). No presidente Calderón, no confío en los cuerpos que integran la Secretaría de Seguridad Pública. Le agradezco el interés de ponerme a un equipo de protección, pero no puedo aceptarlo desde esa dependencia. (…) Sí, en las Fuerzas Armadas sí confío. Le tomo la palabra y acepto protección del Estado Mayor Presidencial”.
Esta conversación es prueba de que Felipe Calderón estuvo al tanto de las amenazas y crímenes que recibió Saldívar a raíz de su implicación en la búsqueda de la liberación de Florence Cassez. Caso que a partir del estreno de la serie de Netflix al respecto cobró relevancia pública de nuevo.
“Me hizo recordar la angustia, la ansiedad y el miedo que vivimos desde la ponencia del ministro Zaldívar cuando se nos turnó el asunto. También sentí una satisfacción peculiar de ver aprobado el proyecto que originalmente presentamos; pero, sobre todo, un profundo orgullo me recordó que el precio del valor se paga con poner a tu país en alto”, expone en su columna Spitalier. Y finaliza con una pregunta a Calderón: “¿No que no sabía?”.
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