SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– Claudia Ocaranza inicia su columna para Opinión 51 explicando que hay 161 programas y acciones sociales destinadas a mitigar los efectos del Covid-19 en la Ciudad de México, de los cuales, no se encontró información “ni en sitios web de las entidades públicas ni en la Plataforma Nacional de Transparencia”.
Se trata de proyectos financiados con recursos públicos de los que no se cuentan con datos abiertos, de acuerdo con el informe presentado por el InfoCDMX. Ocaranza menciona que, “la implementación, alcances, impactos y resultados de 70.93% de los 227 programas totales quedó sin reportarse”.
Para Claudia Ocaranza, el Informe Programas y Acciones Sociales a dos años de COVID-19 #AperturaEnCOVID, que encabeza la Comisionada María del Carmen Nava Polina, refleja, que “no podemos medir lo que no conocemos”.
De acuerdo con la información obtenida por la articulista, los 227 programas y acciones sociales registrados, tuvieron un gasto de 7 mil 144 millones de pesos que debían ayudar a 5 millones de personas sin embargo la falta de transparencia de órganos estatales, paraestatales y desconcentrados, “no podemos conocer cómo se usaron más de 4 mil 280 millones de pesos”.
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Ocaranza menciona que ese fue uno de los temas que se abordaron en la presentación del Informe Programas y Acciones Sociales a dos años de COVID-19, donde participó como Project Manager de pidala.info, plataforma que está próxima a ser lanzada “para facilitar el acceso a la información pública por parte de periodistas e investigadores”.
La autora explica que más allá de los números, el tema de la transparencia y de los recursos públicos en escenarios de crisis, como lo fue la pandemia, es relevante porque también se trata de vigilar el cumplimiento y cuidado de los otros derechos humanos, como la salud, que los gobiernos deben de garantizar.
Durante la pandemia, recuerda Ocaranza, los plazos de transparencia se suspendieron igual que la transparencia proactiva, aquella que las empresas realizan por iniciativa propia. “Para los periodistas, conseguir información, investigar cómo estaba siendo usado el dinero, reportar irregularidades y corrupción se volvió una tarea titánica”.
La autora afirma que es esencial garantizar transparencia y crear protocolos de prevención para que el proceso no quede suspendido. “Se vuelve un asunto, en muchas ocasiones, de vida o muerte, pues es a través de esa información que sabemos si la ciudadanía está recibiendo los servicios prometidos y necesarios”. Con esos mismos datos, la ciudadanía es capaz de exigir que sus derechos se cumplan.
“Los desastres como un sismo, y las emergencias, como una pandemia, nunca pueden ser la puerta para cortar derechos”, afirma Ocaranza, a lo que agrega que no es posible continuar con la reconstrucción y restitución de lo derechos de las personas “si no se conoce la información de cómo se usaron los recursos en esos momentos de crisis y no se les puede fiscalizar con retrospectiva”.
La articulista menciona que pese a la idea de “todos estar en el mismo barco” la pandemia no pegó igual a todas las personas, muy por el contrario, agrandó las desigualdades, “las personas más vulnerables fueron quienes la pasaron peor”.
“No podemos conocer cómo se usaron más de 4 mil 280 millones de pesos”: Claudia Ocaranza. Foto: Opinión 51.
Aquellos que fueron los más afectados eran también para quién estaban destinados los programas y las acciones sociales que analizó el InfoCDMX. “Y fueron ellos también quienes no sabemos si finalmente recibieron o no la ayuda necesitada”.
La autora menciona que existe una deuda que como ciudadanía, sociedad civil y gobierno se debe de saldar pero para poder hacerlo se debe de tener un diagnóstico completo “de los programas y acciones sociales destinados a ellas y ellos, cosa que se vuelve imposible si las dependencias no reportan cada centavo”.
De acuerdo con los datos obtenidos por la Ocaranza, de los 161 programas y accione sociales que no han sido transparentados, las principales alcaldías que no hicieron pública su información son Magdalena Contreras con 26, Tlalpan con 17, Benito Juárez y Milpa Alta con 16 y Azcapotzalco con 13.
La articulista agrega que el informe es una oportunidad para que las dependencias “que no dan a conocer sus movimientos en tiempo y forma lo hagan ahora” y una invitación para que desde el periodismo se revisen las bases de datos adjuntas al reporte y “encontremos historias que contar sobre aquellas personas que quedaron en el limbo a partir de la pandemia”.
Ocaranza finaliza su columna mencionando que la comisionada Nava con el reporte busca “Generar una sociedad más resiliente, construir confianza democrática y combatir la corrupción y la opacidad” y son también las metas de quienes defienden el acceso a la información “como un derecho humano y como el habilitador para proteger y exigir que se protejan muchos otros derechos”.
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