SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– El domingo 23 de octubre, el agente investigador Sergio Torres Saavedra fue casi linchado por una turba cuando intentaba cumplir una orden de aprehensión contra un presunto huachicolero en Hidalgo, el estado más “ordeñado” del país desde 2018. Menos de 24 horas después falleció a consecuencia de lesiones que le ocasionaron falla orgánica.
Sergio, de 37 años, para quien su familia exige justicia por fallecer en cumplimiento de su deber, es el segundo elemento de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) muerto tras ser golpeado violentamente por pobladores en el estado, desde 2018. El primer caso ocurrió en septiembre de aquel año, cuando en el municipio de Metepec una multitud linchó a un agente y dejó lesionados en estado crítico a tres más, a quienes acusaba de ser “robachicos”, mientras ellos realizaban labores de investigación.
El caso del finado agente Torres Saavedra no es aislado: presuntamente azuzados por huachicoleros, con la base social que estos grupos han logrado al involucrar habitantes de comunidades en la cadena delictiva de este delito –denominado “de sangre” por parte de las autoridades– elementos de la procuraduría, policías estatales y municipales, miembros de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) han sido atacados en poblados donde los ordeñadores tienen control territorial, cuando han intentado ingresar por operativos para asegurar hidrocarburo robado, sellar tomas clandestinas o cumplir órdenes de aprehensión.
Entre los saldos de estos ataques, que lo mismo han sido con objetos contusos, armas de fuego, con gasolina o a puñetazos, están linchados, lesionados por golpes o a tiros, hasta quemados vivos.
A la par, la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPH) recuenta 61 operativos o acciones de la policía en la que fueron recibidos con disparos –incluye probables detonaciones al aire con el fin de inhibir la acción de los elementos–, pero también en los que hubo un ataque armado directo de presuntos huachicoleros.
La cifra corresponde de septiembre de 2016, cuando el priísta Omar Fayad Meneses tomó posesión del gobierno en la entidad –y en cuyo mandato el estado se convirtió en el primer lugar nacional en este delito–, a la fecha, ya con la administración a cargo del morenista Julio Menchaca Salazar, que inició el pasado 5 de septiembre. El saldo es de 22 agentes lesionados, sin contar, hasta el momento, muertes.
Uno de los ataques contra policías ocurrió en marzo pasado, cuando al intentar asegurar un vehículo con reporte de robo, elementos municipales de San Agustín Tlaxiaca, en la zona metropolitana de Pachuca, fueron atacados a tiros por un comando armado de presuntos huachicoleros.
Con base en el informe de seguridad municipal, los agentes fueron agredidos por al menos 10 sujetos con armas de grueso calibre.
El comando fue identificado como parte del brazo armado de un grupo de huachicoleros que controla las tomas clandestinas en esta zona de la entidad –que es disputada por diferentes células y cárteles, según las regiones geográficas en las que están asentados–. Una versión de la policía apuntó a que estos sicarios protegían válvulas cercanas y almacenes con gasolina robada en el municipio. Al notar a los oficiales, creyeron que se trataba de un operativo para asegurar los tambos de crudo en las casas clandestinas y los atacaron.
La SSPH informó que el número de ataques y lesionados corresponde sólo a personal adscrito a la policía estatal, por lo que no incluye a otras corporaciones que también registran heridos y decesos, como la procuraduría estatal.
Seguridad Física de Pemex, que es la corporación encargada de la vigilancia directa a los ductos, tiene su propia estadística.
Dos ataques letales en el mismo municipio: Cuautepec, que, estadísticamente, es el más ordeñado del país. Inteligencia del Ejército lo ubica como un foco rojo en el que una serie de grupos se disputan tanto la extracción ilegal de crudo como el narcomenudeo y el cobro de derecho de piso, con actividades de sicariato y extorsión, además de injerencia en el poder pública a través de miembros de la clase política municipal, con quienes están aliados en negocios ilegales o de quienes son protegidos.
El ataque más reciente contra Seguridad Física de Pemex en este municipio de 60 mil 421 habitantes ocurrió el 31 de octubre de 2020, cuando un agente resultó herido en la calzada Guadalupe, al ser recibido, junto a su equipo, a tiros por un grupo que perforaba un ducto.
“Los Pistaches”, como los pobladores conocen a los integrantes de Seguridad Física, por el color de su uniforme y unidades, habían sido recibidos a pedradas por habitantes, quienes, presuntamente, alertaron de su arribo a la zona de ductos, que estaba bajo el control de una célula identificada como Los Marinos.
Pero el ataque más letal en este municipio ocurrió el primero de julio de 2018, cuando el agente de Seguridad Física de Pemex Miguel Ángel N, de 50 años, terminó calcinado en la batea de su camioneta; el cadáver resultó irreconocible. Un día antes, el elemento había sido “levantado” por un comando armado tras un enfrentamiento a tiros.
Por el grado de carbonización, el cuerpo era inidentificable, pero una versión de autoridades cuya identidad se resguarda sugiere que el elemento fue torturado y, después, los ordeñadores le rociaron gasolina y prendieron fuego.
Las llamas consumieron toda la piel y gran parte de los huesos, pero fue identificado porque la camioneta, también calcinada, en la que se encontraban sus retos, era la que él tenía a su cargo. Esa unidad había sido robada por los huachicoleros cuando lo privaron de su libertad.
Desde 2018 hasta el primer trimestre de este año, siete elementos de Seguridad Física de Pemex habían sido asesinados por presuntos huachicoleros, en cuatro ataques armados en Veracruz, Querétaro e Hidalgo. No obstante, la empresa petrolera contabilizaba 20 ataques armados contra sus agentes; en todos hubo heridos, más los cuatro decesos.
El Ejército tampoco es ajeno a estos ataques: el 13 de enero de 2019, en Santa Ana Ahuehuepan, Tula, tres militares fueron retenidos, amenazados con ser linchados después de disparar contra civiles armados, a quienes vinculaban con el tráfico de gasolina. Mandos de la Décimo Octava Zona Militar tuvieron que intervenir en una negociación para que liberaran a sus elementos con vida, a cambio del retiro militar y no poner a disposición a nadie de los que los soldados señalaban como supuestos huachicoleros.
En esa misma localidad, una pareja había sido quemada viva tras ser señalada por lugareños como “robachicos”, el 30 de agosto de 2017.
Los mandos militares atribuyeron la orden de retención de los militares y la amenaza de ser linchados a un líder de la ordeña, “El Talachas”, Jorge. H.G., de 55 años, que fue asesinado el 18 de mayo de 2019 en su vivienda Ahuehuepan, en Tula, donde, según el Ejército, tenía su centro de operaciones.
“El Talachas” estaba enfrentado con bandas aliadas en Tula, Atotonilco de Tula, Tepeji, Mixquiahuala y Tezontepec de Aldama, lideradas por un supuesto jefe sanguinario denominado “La Parka”, ultimado el 19 de enero de 2019 –un día después de la explosión en Tlahuelilpan– en Mixquiahuala, y vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La retención de los militares en Santa Ana Ahuehuepan marcó un precedente en cuanto a las acciones del Ejército contra huachicoleros en territorios que éstos controlaban en Hidalgo. Además, una tesis de fuentes gubernamentales en la primera línea de seguridad de aquel entonces –cuya identidad se reserva– creían que cuando ocurrió el estallido del ducto en Tlahuelilpan los soldados no usaron la fuerza para desalojar a la población que estuvo por horas recolectando hidrocarburo con la toma clandestina abierta, porque estaba reciente lo acontecido en Ahuehuepan y temían una acción similar.
EXIGEN JUSTICIA
La familia del agente investigador Sergio Torres Saavedra pidió al gobernador Julio Menchaca Salazar dar con los responsables de las agresiones que ocasionaron el deceso del funcionario de la Procuraduría estatal, adscrito al Grupo Tulancingo, y hacer justicia para que el hecho no quede impune.
La esposa del fallecido elemento, cuyo nombre se resguarda, remarcó que Sergio “sólo cumplía con su labor de agente de investigación”, por lo que demandó “que las autoridades y el estado para quien servía le brinden su apoyo y respaldo, para buscar justicia”.
Con base en la relatoría con la que se reconstruye el hecho y se dio inicio a la carpeta de investigación, Sergio se encontraba en la comunidad de Santa María Asunción, en Tulancingo –zona limítrofe con Cuautepec y detectada en el mapeo del Ejército por la operación de células de ordeñadores–, con la finalidad de cumplir una orden de aprehensión.
Él iba acompañado de otro de sus compañeros que desempeña el cargo de jefe de Grupo. Al llegar al lugar, Sergio fue golpeado brutalmente por miembros de la comunidad y sujetos que, según testigos, descendieron de una camioneta negra. Después, lo habrían subido al vehículo, para continuar la agresión, y dejado más adelante, policontundido y con falla orgánica, con base en el reporte de ingreso del primer hospital al que ingresó en estado crítico, el Regional de Tulancingo.
Posteriormente fue trasladado de emergencia al hospital del ISSSTE en Pachuca, donde falleció el lunes 24 de octubre.
@axelchl
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