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El embate a la “ciencia neoliberal” y la venganza del fiscal Gertz Manero

En los inicios del sexenio, María Elena Álvarez-Buylla esbozó el propósito de cambiar paradigmas neoliberales en el Conacyt. Tres años después, 31 científicos fueron acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada para encerrarlos en un penal de máxima seguridad.

12 / 28 / 21

EMEEQUIS.- “¡Ah! ¿Porque son investigadores están exentos de cometer actos de corrupción? Bueno, en el Conacyt está demostradísimo: se robaban las medicinas. 

Era mayo del 2020, cuando integrantes de instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) , el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional exigieron frenar el recorte del 75% al gasto de operación en el sector.

“Cada vez que pueden, ahí vienen ¿quiénes apoyaron el porfiriato? Pues los científicos, así se les conocía. No todos los que se dedican a la ciencia, a la cultura, a la investigación y a la academia son gentes conscientes”, remató el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Dos años antes, en agosto de 2018, la futura directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, ya había dado varias señales de que el organismo que estaría a su cargo tendrá un nuevo diseño con el propósito de cambiar paradigmas “neoliberales” que estuvieron vigentes desde hace más de tres décadas.

Justo un mes antes de que AMLO pusiera en duda la honestidad de los investigadores, en abril de 2020, Álvarez-Buylla acuñó el término “ciencia neoliberal” como un modelo del pasado que debería ser sustituido por la “soberanía tecnológica”.

De acuerdo con la revista Letras Libres, “el mote “neoliberal” en el contexto del gobierno actual sirve como juicio sumario: se usa para descalificar el pasado.

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“Hay, ya se sabe, intelectuales neoliberales, empresarios neoliberales, y hay científicos neoliberales. El adjetivo es un diferenciador que permite distinguir quiénes son aceptables y quiénes no. Es de suponerse que el gobierno, como descalificador, es también el que decidirá quiénes son los científicos no neoliberales e, inevitablemente, cuáles son las disciplinas y las áreas de investigación que deben ser fomentadas y cuáles no”.

EL ACOSO SE HACE MÁS EVIDENTE

El 22 de septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, solicitó por segunda ocasión una orden de aprehensión contra 31 científicos, relacionados con Conacyt y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), entre ellos sus extitulares, Enrique Cabrero y Julia Tagüeña, respectivamente, acusándolos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Después se supo que una primera orden de aprehensión fue negada el 24 de agosto, por lo que la FGR decidió solicitarla de nuevo, a pesar de que un juez rechazó concederla por carecer de pruebas contra los acusados. 

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De inmediato los reclamos de la comunidad científica se multiplicaron en redes sociales, cuestionando cómo se equiparaba a científicos con integrantes del crimen organizado, por lo delicado de la acusación y el intento de encerrarlos en penales de máxima seguridad.

El viernes 24 de septiembre, al abordar el asunto de 31 científicos, el presidente López Obrador afirmó que parte de los recursos destinados a la ciencia se utilizaron para chóferes, servicio de telefonía celular, compra de bocadillos, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero.

“Era un grupo predilecto del régimen anterior y, entonces, como ya no se pueden mantener estos privilegios, ahora se sienten perseguidos.

“Pregunto a la gente: ¿El combate a la corrupción va a ser selectivo o va a hacer parejo? ¿Vamos a excluir a grupos, a potentados, a las élites, ya sea de la academia, de la ciencia, de la intelectualidad, a las élites económicas, o aplicamos el combate a la corrupción por parejo?”, cuestionó.

LA DENUNCIA FALLIDA

La denuncia presentada ante la FGR acusa a los académicos de haber encabezado comités a través de los cuales se autorizaron, entre 2013 y 2018, recursos públicos a una asociación civil con razón social Foro Consultivo Científico y Tecnológico A. C para realizar funciones que ya estaban a cargo del Conacyt.

En total, sería un monto de unos 200 millones de pesos, que fue el presupuesto asignado durante el sexenio pasado al órgano autónomo consultivo.

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Pese a que el Foro Consultivo existe desde 2002 y desde entonces recibe financiamiento público, tal como marca la ley, la denuncia por un supuesto esquema ilegal de asignación de recursos se limitó al sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

El foro ya había transparentado sus finanzas en 2019: “En el último año y medio se invirtió 0.36% en telefonía celular, por cierto, en apoyo de las actividades, no de la operación; 0.67% en bocadillos, 7% en servicios generales, 18.92% en servicios personales para la administración y operación, y 70.7% en el desarrollo de proyectos”.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR pidió la comparecencia de 5 de los 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt y del Foro Consultivo, pero hasta el momento ninguno ha sido detenido.

LA VENGANZA DE GERTZ MANERO

En 2010, el fiscal Alejandro Gertz Manero solicitó por primera vez ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), pero el Conacyt lo rechazó al considerar que tenía “insuficiente producción científica” y “no demostró una productividad para la generación y transmisión de nuevos conocimientos”, los cuales son requisitos principales establecidos en el reglamento.

El fiscal de México llevó en ese entonces el caso a los tribunales federales, pero el consejo del Conacyt confirmó la negativa en cuatro ocasiones más.

Pero 11 años después, ya bajo la administración de María Elena Álvarez-Buylla al frente del Conacyt, admitieron a Gertz Manero en el SNI con un nivel III “por su obra y su trascendencia nacional e internacional”. Lo logró sin pasar por los niveles de Candidato I y II, como el resto de los investigadores que se postulan.

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Como investigador nivel III, Gertz Manero recibirá alrededor de 38 mil pesos mensuales sin importar que sea funcionario público, pues la actual reforma al reglamento lo permite.

Algunas voces aseguran que las acciones contra los investigadores del Conacyt consisten de una venganza de Gertz Manero debido a que los denunciados rechazaron al fiscal como investigador.

El 29 de octubre pasado, más de 70 integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), a través de una carta digital, urgieron a la Junta de Honor a atender sus reclamos en contra de Gertz Manero por supuestas faltas éticas.

Según el escrito firmado por más de 70 investigadores hasta el momento, Gertz Manero presentó documentos probatorios de su trabajo que caen en la categoría de plagio.

@PeparioGM

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José Guaderrama

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