Tremendo encontronazo entre senadores de Morena provocó lo inédito. Los ocho coordinadores parlamentarios de esta Cámara firmaron una petición a la presidenta del Senado, Mónica Fernández, con el fin de meter freno de emergencia a un dictamen ya aprobado en comisiones.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), había pedido a su compañero de bancada, Napoleón Gómez Urrutia, detener el veloz proceso para aprobar el dictamen de su iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo y del IMSS.
“Napo”, como también se le conoce, no hizo caso. En su afán de cobrar facturas pendientes a un grupo de empresarios, entre ellos, el dueño de Altos Hornos de Mexico, Alonso Ancira, actualmente acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hizo una alianza con el bloque de senadores morenistas que lidera Martí Batres, contrario a su coordinador parlamentario.
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El senador Gómez Urrutia convenció, además, a otro de sus compañeros: Germán Martínez, quien no le juega las contras al coordinador Monreal, pero luego de haber dirigido el IMSS al inicio de este sexenio, está convencido que hay grandes empresarios que, mediante la subcontratación, evaden pagar cuotas, impuestos y pagos de prestaciones al propio IMSS, al INFONAVIT, a la Secretaría de Hacienda y los trabajadores.
De esta forma, en la sesión de las comisiones del Trabajo y del IMSS, la mayoría de Morena y sus aliados políticos lograron aprobar el dictamen. No asistieron senadores de la oposición, porque el bloque PRI, PAN, PRD y MC no estaba de acuerdo con avalar ese dictamen, en el que en ningún momento se consideró la opinión de los empresarios y, además, carecía de solidez jurídica, pues llega a plantear la aplicación retroactiva de la reforma y obligar al pago que en años no habían hecho los patrones, al adoptar la modalidad de subcontratación que, de acuerdo a las leyes vigentes, no tienen la obligación de cubrir.
Las cúpulas empresariales manifestaron su inconformidad de que los senadores legislaran al vapor sin medir las consecuencias, porque de concretarse el dictamen, como se había elaborado, implicaría la pérdida de millones de empleos y un nuevo riesgo a la economía nacional, justo en un momento en el que la Iniciativa Privada había cerrado filas con el presidente López Obrador anunciando la garantía de sus inversiones en el sector público para el año entrante.
El problema irremediablemente iba a llegar como una bola de fuego a Palacio Nacional. Ricardo Monreal logró atajar y, junto con todos los coordinadores en el Senado, firmó un documento para determinar el trámite legislativo en el pleno.
Saltarse las trancas no le resultó al senador Gómez Urrutia, quien se dio cuenta, tarde, que medir fuerzas con su coordinador, en estas condiciones, era una batalla perdida.
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Al final tendrá que ser él quien cumpla con lo anunciado por Monreal y reciba a los empresarios en un Parlamento Abierto, en el que escuche sus opiniones y sean consideradas antes de dictaminar una reforma, que sí se hará, pero con orden, cuidando los intereses de trabajadores, patrones, autoridades y sin posibilidad a que se caiga en los tribunales y afecte la de por sí delicada situación que enfrenta México en su economía nacional.
¿Podrán recomponer, por la buena, en el Senado, lo que un sector intentó sacar mediante un albazo y sin el apoyo de su coordinador parlamentario y del propio Ejecutivo Federal?
@emeequis