SOBRE EL AUTOR
Por Esteban David Rodríguez y Sandra Romandía
EMEEQUIS.― Las familias de Témoris, cabecera municipal de Guazapares, dicen que duermen con una bomba de tiempo bajo la cama.
Es la sensación dominante en ese poblado de la Sierra Tarahumara de Chihuahua desde que Francois Poirier, CEO de TC Energy, y sus socios mexicanos, pusieron a funcionar el gasoducto que va de El Encino, Chihuahua, a Topolobampo, Sinaloa, y que atraviesa las entrañas de Guazapares: un tubo de 572 kilómetros de largo y 30 pulgadas de ancho por donde pasan todos los días 670 millones de pies cúbicos de gas natural, una cantidad semejante a la que producirían tres plataformas petroleras.
Su operación formal comenzó en 2018, pero al menos desde 2016 iniciaron las pruebas, y es cuando doña Yolanda Beltrán, una horticultora de 39 años que vive a 35 metros del trayecto del ducto, comenzó a sobresaltarse por los bufidos que se escuchaban bajo la tierra y que sacudieron su casa hasta tatuarla de cuarteaduras.
“Desde 2016 se hicieron las primeras grietas ―relata doña Yolanda en entrevista con EMEEQUIS―, cuando abrieron el gas (…). Yo escuchaba el zumbido. Abajo de mi casa vibraba. Desde un principio le hablé a la gente de la empresa y les dije que cada que abrían y cerraban las válvulas, mi casa se empezaba a cuartear. No me creían, decían que estaba loca, que yo qué iba a saber, que eso era mentira. Yo ya tenía un dolor de cabeza y unos zumbidos en los oídos, porque el gasoducto duraba hasta seis días bufando”.
Trazo parcial del gasoducto en Témoris, Guazapares, Chihuahua / FOTO: Google Earth
Desde el arribo de las empresas desarrolladoras había una percepción de engaño. Les dijeron que el gasoducto pasaría a más de un kilómetro de las zonas habitadas, pero movieron el trazo y quedó a 15 metros del núcleo de población de Témoris: el ducto cruza patios, solares y calles, y pasa a un costado de casas, cocinas, dormitorios.
En realidad, la población nunca había estado de acuerdo con el proyecto, y no sólo por el alto riesgo que implica, sino porque lo introdujeron en sus tierras a partir de una serie de maniobras fraudulentas y violaciones a diversos ordenamientos que van del ámbito ecológico al de hidrocarburos.
En noviembre de 2018, los tribunales concedieron la nulidad de los contratos que habían permitido a las empresas el uso de la tierra (servidumbre de paso), las excavaciones y la operación del gasoducto, debido a la falsificación y alteración de documentos; determinó la cancelación de escrituras públicas relacionadas, la evaluación pericial del daño ecológico y el pago de daños y perjuicio, y la reposición de negociaciones o el retiro de instalaciones.
Pero la subsidiaria de TC Energy ni se dio por notificada ni redujo un centímetro cúbico del flujo de su gas hacia la central de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Topolobampo.
Como no se cumpliera la sentencia, la población, y principalmente los copropietarios de tierras bajo régimen de propiedad agrícola comunal, o comuneros, se movilizaron en diversas protestas hasta que cerraron las válvulas, en dos ocasiones, para exigir el cumplimiento de la sentencia, la última en abril pasado.
Intervino entonces Adán Augusto López Hernández, que aún despachaba como secretario de Gobernación. Se comunicó con los quejosos, les pidió que abrieran la válvula, les prometió que ya todo se iba a arreglar, y los citó en sus oficinas del Palacio de Bucareli, en la Ciudad de México, según aseguraron los involucrados a Emeequis.
Los representantes de Témoris se trasladaron a la capital del país y fueron recibidos por López Hernandez, en su oficina. ¿Y qué les dijo?:
“Pues nos dijo que el gasoducto es asunto de seguridad nacional ―relata don Filemón Cervantes, integrante de la comisión de comuneros de Témoris, en entrevista con EMEEQUIS―, y comenzó a amedrentarnos para que ya no hagamos protestas. Nos dijo claramente que si volvíamos a cerrar las válvulas, nos iba a mandar a la Guardia Nacional”.
A partir de actas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), solicitudes de información a la entidad Reguladora de Energía de Canadá, informes corporativos de TC Energy, documentación oficial, legajos judiciales, y testimonios de los afectados, EMEEQUIS reconstruye la historia del gasoducto que ha puesto al gigante de la industria energética en cuestión por encima de la ley, y al gobierno federal mexicano en contra de una comunidad serrana de ocho mil habitantes.
Organigrama corporativo de TC Energy / FUENTE: Regulador de Energía de Canadá
DE TRANSCANADA A TC ENERGY
Guazapares es un municipio formado por un ramillete de comunidades encaramadas en lo alto de la Sierra Tarahumara, en medio de crestas montañosas, profundos cañones, cascadas, y bosques de pinos, abetos, encinos, sauces y cipreses, en el suroeste de Chihuahua. Tomó el nombre de un grupo étnico que sobrevivió en aquella región al menos hasta el siglo XVII.
Dentro de los linderos municipales hay poco más de 8 mil personas, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2020, que viven principalmente de actividades agropecuarias.
En la etapa colonial, con las misiones católicas, llegó al lugar la explotación de minas de plata por parte de los europeos, y de hecho se fundó con el nombre de Mineral de Guazapares. En 1961 llegó a Témoris el Ferrocarril Chihuahua – Pacífico, “El Chepe”, que llevó ingresos turísticos a la región.
Después de la minería y el ferrocarril, el tercer negocio de envergadura que alcanzó al municipio fue el gasoducto El Encino – Topolobampo. Pero nació contrahecho.
En 2007 había comenzado en la entidad un proyecto que entró en funcionamiento en marzo de 2014: la Central Eléctrica de Ciclo Combinado “El Encino”, ubicada en el municipio de Chihuahua, capital del estado del mismo nombre. Un proyecto financiado con casi 500 millones de dólares del consorcio coreano KST Power Company, y desarrollado por el español Grupo Cobra, ahora Grupo ACS, de Florentino Pérez, dueño también del equipo de fútbol Real Madrid.
Como proveedor externo, la central operada por el consorcio de Corea del Sur abastece electricidad a CFE, quien surte mes a mes el abastecimiento, y lo seguirá haciendo hasta 2042. El gas natural que usa la planta proviene de la región de Waha Texas, en la “gran cuenca sedimentaria” del sur de los Estados Unidos, y llega a través del gasoducto Ojinaga – El Encino, operado por IENova, que se fusionó con la estadounidense Sempra en 2021 para dar lugar a Sempra Infraestructura.
El siguiente objetivo de estos negocios eléctricos impulsados en México por las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, era conectar El Encino con la Central de Ciclo Combinado de Topolobampo.
Dicho de otro modo, el nuevo gasoducto completaría una red que hoy atraviesa todo el estado de Chihuahua, y desciende después a los valles y playas de Sinaloa.
El proyecto se inscribía en una política estatal enfocada en la generación de energía en las plantas de CFE con abastecimiento de gas natural. El gas natural (gas shale) o gas de lutitas, se extrae principalmente a partir del sistema de fractura hidráulica: inyección de agua, arena y químicos a grandes profundidades (fracking), que los expertos consideran de alto nivel tóxico para el medio ambiente, justo como se extrae en el yacimiento estadounidense que proveé a los gasoductos de TC Energy.
De modo que en 2012 se licitó un contrato de construcción, operación y mantenimiento de la obra del Gasoducto El Encino–Topolobampo, quinto y último del Sistema de Transporte de Gas Natural Norte – Noroeste.
En noviembre de ese año se anunció el fallo: lo ganó Transportadora de Gas Natural del Noroeste, subsidiaria de TC Energía, que entonces aún se llamaba TransCanada Pipelines Limited, un gigante en los sectores de generación, almacenamiento e infraestructura energética, con más de seis décadas en el mercado.
El conglomerado nació en 1951 como entidad privada, pero bajo el auspicio del Estado canadiense, con el propósito de construir un gasoducto transcanadiense, hoy llamado Canadian Manlian, que lleva el combustible de Alberta hasta Toronto y Montreal.
Surgió de la fusión de la Canadian Delhi Oil Company con Western Pipelines, bajo la dirección del empresario David Moneta.
La empresa conservó el nombre de TransCanada hasta 2019, cuando decidieron renombrarla como TC Energy Corporation.
Según su sitio web, la firma “posee o tiene intereses en más de 6,000 megawatts de generación de electricidad en Canadá y en los Estados Unidos”, y opera una red de transmisión de gas natural de 91 mil 900 kilómetros “conectando las principales cuencas de abastecimiento de gas, con los mercados en todo América del Norte”.
Acta constitutiva de Transportadora de Gas Natural del Noroeste (2012) / Registro Público de la Propiedad y el Comercio
NEGOCIOS NEOLIBERALES Y OPACIDAD PRESUPUESTAL
En 2012 se licitó un contrato de construcción, operación y mantenimiento de la obra del Gasoducto El Encino–Topolobampo, quinto y último del Sistema de Transporte de Gas Natural Norte – Noroeste.
En noviembre de ese año se anunció el fallo: lo ganó Transportadora de Gas Natural del Noroeste, subsidiaria de TC Energía, que entonces aún se llamaba TransCanada Pipelines Limited, un gigante en los sectores de generación, almacenamiento e infraestructura energética, con más de seis décadas en el mercado.
El contrato con Transportadora de Gas del Noroeste (SE-SM-EETO-003-2012) para el transporte de gas natural se suscribió el 2 de noviembre de 2012, en el cual la CFE se comprometió a pagar mensualmente, por 25 años ―ampliado después a 27―, un “cargo fijo por capacidad”, que incluye operación, mantenimiento y amortización de deuda a los accionistas de la empresa; además, un cargo variable por uso, y otro más más por el combustible.
El apéndice “A” del Anexo 3 del convenio establece las “tablas de pagos”, pero la CFE se cuidó de reservar en la versión pública la información referida, bajo el argumento de que dicho dinero de los contribuyentes constituía “secreto industrial”.
Lo más que puede saberse es la información que TC Energy decide revelar. La empresa divide el “Sistema El Encino – Mazatlán” en dos segmentos, el primero de ellos compuesto por el gasoducto El Encino – Topolobampo, de 570 kilómetros de extensión y una capacidad de 670 millones de pies cúbicos diarios, en el que dice haber invertido 1 mil cien millones de pesos, y que describe como “un proyecto para la construcción, operación y mantenimiento del sistema de transporte de gas natural en la región noroeste de México, para conectar el gas natural proveniente de Estados Unidos con centros de demanda estratégica a lo largo de la costa del Pacífico mexicano. Este ducto comenzó a operar a mediados de 2018. El sistema conecta a los estados de Chihuahua y Sinaloa cruzando la Sierra Tarahumara”.
Y el segundo segmento, que va de El Oro a Mazatlán, completamente ya dentro de territorio sinaloense, de 430 kilómetros y una capacidad de 202 millones de pies cúbicos diarios, en el cual señala haber erogado 393 millones de dólares.
Extrañamente, el sitio www.proyectosmexico.gob.mx, que presenta los grandes proyectos de inversión público – privados del gobierno mexicano, nuevos y en operación, excluye la información relacionada con el gasoducto El Encino – Topolobampo.
Sí presenta, en cambio, los 41 proyectos en operación del área de hidrocarburos en el país, cuatro de ellos en Chihuahua, pero no el gasoducto en cuestión.
El que sí aparece es el de la segunda fase, el gasoducto El Oro – Mazatlán, pero con una cifra diferente a la que señala la trasnacional, de 55 millones de dólares, contra los 393 millones indicados por TC Energy.
En este caso, la inversión se efectuó a través de Gas Natural del Noroeste, entidad resultante ―de acuerdo con registros notariales consultados por EMEEQUIS― de la fusión de varias empresas de la familia Issa de Torreón, Coahuila: Gas Natural Industrial, Transportador de Gas Natural de Zacatecas, Gas Natural Industrial, Distribuidor de Gas Natural del Noreste, y Distribuidora de Gas Natural México.
La ficha de proyectos de inversión del gobierno, refiere redundantemente como empresa asociada a Grupo SIMSA, que pertenece al mismo clan. De origen palestino, el fundador fue Salomon Issa Murra, creador de Gas Imperial de la Laguna y Combugas, empresas conocidas en la región lagunera de Coahuila en los 60s.
En los 90s y principios de este siglo llegaron los contratos públicos y el despegue.
Aunque son varios hermanos y hermanas los herederos, quienes dirigen los negocios familiares son Salomón y Nesim Issa Tafich.
Además del gasoducto El Encino – Mazatlán, el grupo tiene más negocios con TC Energy, como se verá más adelante.
Recepción ofrecida por el director de CFE, Manuel Bartlett Díaz, al CEO de TC Energy, Francois Poirier, 8 de junio de 2023 / FOTO: TC Energy
OPERACIÓN TÉMORIS
De acuerdo con actas notariales, obtenidas por EMEEQUIS en la plataforma electrónica del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, casi tres meses antes del fallo de la licitación del gasoducto se conformó Transportadora de Gas Natural del Noroeste, conformada por TCPL Centroriente LTD y TC Energía Mexicana, en agosto de 2012, y se protocolizó al mes siguiente.
Los organigramas proporcionados por TC Energy Corporation como respuesta a una solicitud pública de información a la entidad reguladora de energía de Canadá (Canada Energy Regulator, CER) ―consultados por EMEEQUIS―, detallan que TCPL Centroriente es una de las subsidiarias destinadas, junto con TransCanada Mexican Investment, a la ejecución de inversiones en México, donde han controlado diferentes razones sociales para sus múltiples proyectos.
En cuanto a TC Energía Mexicana, fue conformada en 2008 por TransCanada Pipeline Limited y Transcanada Mexican Investment LTD.
El mismo mes del fallo ya estaban en territorio tarahumara e iniciaron obras en 2013. En su “Memoria Técnico Descriptiva” elaborada en enero de 2015, la empresa fijó un área de influencia del proyecto “en un radio de 2.5 km a partir del centro de la línea, con la finalidad de promover una estrecha relación con estos grupos de interés durante las diferentes etapas” del desarrollo.
La obra afectó 12 municipios, 9 de ellos en Chihuahua (Chihuahua, Santa Isabel, Gran Morelos, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Carichí, Bocoyna, Urique, y Guazapares) y tres en Sinaloa (Choix, el Fuerte y Ahome), en donde la empresa identificó 101 comunidades indígenas y 128 comunidades mestizas, fuente de potenciales conflictos.
El caso es que, al menos por lo que toca a Chihuahua, las resistencias no fueron del todo desactivadas, pero el gasoducto pasó por encima de todas ellas.
Vista aérea del gasoducto El Encino – Topolobampo, unos metros antes del núcleo poblacional de Témoris
El Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAMP), formado por un grupo independiente de académicos, desarrolló en 2016 un estudio denominado “El gasoducto El Encino – Topolobampo. El derecho a la consulta a los rarámuri”.
Esa investigación detectó que el ducto pasaría por 31 núcleos agrarios, de los cuales 90% son ejidos y el resto comunidades agrarias. Además, el documento recoge el análisis de otras organizaciones civiles que contabilizaron 320 rancherías, unidades de tres a diez viviendas, vinculadas a 21 centros de reunión “que forman parte de la estructura de gobierno rarámuri tradicional”, las cuales quedaron fuera de las negociaciones, según explica:
“La realidad es que (…) las comunidades y pueblos originarios no se enteran de las licitaciones de las obras; es hasta el momento de la negociación sobre el derecho de vía con los titulares de los predios cuando los conflictos se inician o se profundizan. O bien, después del inicio de la obra, cuando las afectaciones impactan a comunidades que no cuentan con la titularidad de sus territorios ancestrales”.
Pero el conflicto, que al cabo cobraría una mayor complejidad, ocurriría en una de las comunidades que la empresa etiqueta como “mestizas”, Témoris, y en especial con el Comisariado de Bienes Comunales de ese municipio, órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros.
De acuerdo con la legislación, las tierras comunales comprenden un territorio que puede pertenecer a una o varias comunidades y el control de la tierra se ejerce y está regido por una asamblea de comuneros. Los bienes comunales están divididos en parcelas que pueden ser utilizadas temporalmente, pero también se permite el usufructo vitalicio de algunas en beneficio de los comuneros y sus familias, quienes pueden heredarlas o intercambiarlas entre miembros de la comunidad, pero no tiene carácter de propiedad privada.
En gran parte de su trayecto en Guazapares, el gasoducto quedó dentro de propiedades de los vecinos. / FOTO: EMEEQUIS
En Témoris, el gasoducto El Encino – Topolobampo cruzó por tierras de propiedad privada y por parcelas comunales. En el primer caso, las negociaciones de la empresa se desarrollaron de manera individual con los particulares: algunos de ellos recibieron compensaciones económicas por las afectaciones, otros, becas para sus hijos, o ambas modalidades.
En el caso de las tierras comunales, la negociación pasaba ineludiblemente por la asamblea de los 204 comuneros de Témoris. Cuando la empresa llegó al lugar, las mesa directiva del Comisariado estaba conformado por Reginaldo Almada Gameros como presidente, Óscar Cecilio Rivas Parra como secretario, y María de los Ángeles Esquer Portillo, como tesorera, electos para el periodo comprendido entre el 28 de octubre de 2012 y el 28 de octubre de 2015.
El Comisariado y Transportadora de Gas del Noroeste convocaron a una asamblea el 9 de junio de 2013, en la que la empresa obtuvo “la autorización para el establecimiento de una servidumbre voluntaria de paso, a su favor, por un plazo de 30 años, mediante la entrega de contraprestaciones a favor de la comunidad”.
La contraprestación se estableció en 1 millón 859 mil 471 pesos con 86 centavos, y derivó en un Contrato de Servidumbre de Paso entre el Comisariado de Propiedad Comunal de Témoris y la empresa, cuyas estipulaciones se definieron en una nueva asamblea de comuneros, efectuada el 8 de marzo de 2015.
Pero, como descubrirían más tarde los comuneros, existiría una versión posterior del contrato, distinta a la que se acordó en dicha asamblea. Dicho de otro modo, la mesa directiva del comisariado, como amanuense de los dictados de la empresa, confeccionaría una acta diferente a la suscrita por la asamblea de comuneros.
“El Contrato de Servidumbre de Paso se estipuló sobre las tierras de uso común, lo cual fue incumplido variando el trazo original, apoyándose para ello en la elaboración de un acta falsa”, con la misma fecha, “con un orden del día completamente distinto en su contenido y su cantidad”.
Así lo estableció la representación legal de la comunidad agraria, en una demanda presentada por los comuneros en 2017, contra el comisariado del periodo señalado y contra la empresa, de indicaron que “Transportadora de Gas Natural del Noroeste (…) manipuló y cambió los citados puntos del día”, de los cuales se derivaron convenios que no fueron tratados en la asamblea real.
Entre ellos, un contrato modificatorio de servidumbre de paso, y dos contratos de usufructo. La empresa se hizo acompañar de la mesa directiva del comisariado ―Reginaldo Almada Gameros, Óscar Cecilio Rivas Parra, y María de los Ángeles Esquer Portillo― para protocolizar notarialmente los contratos, el 21 de octubre de 2015.
Para la empresa, constituía apenas un trámite necesario para completar la formalización de permisos, pues de hecho, ya presentaba avances de su obra en territorio de Guazapares. Nada menos, desde diciembre de 2014, de acuerdo con su “Memoria Técnica Descriptiva”, reportaban en el municipio un avance de 32.23% de sus obras.
Memoria Técnica Descriptiva elaborada por TC Energy (2015)
LA MALDICIÓN DE STEEL CITY
Un gran alborozo se desató entre organizaciones ciudadanas y grupos ambientalistas de Estados Unidos y Canadá el 6 de noviembre de 2015, cuando se anunció que el presidente Barack Obama vetaba de manera definitiva el proyecto del oleoducto Keyston XL.
Se trataba de un plan que TransCanada impulsaba desde 2008 y que se proponía bombear petróleo a través de la frontera de ambos países, desde Alberta, en Canadá, hacia su planta de Steel City, en Nebraska, Estados Unidos. La oposición se desató porque la extracción se efectuaría en arenas bituminosas, que implica procedimientos altamente contaminantes, lo que provocó una intensa movilización social.
Incluso, en abril de 2015, una carta enviada por distintas personalidades y organizaciones al presidente Obama para pedirle la cancelación del proyecto, fue suscrita por diez galardonados con el Premios Nobel de Paz, entre quienes se encontraban el argentino Adolfo Pérez Esquivel y la guatemalteca Rigoberta Menchú.
El poderoso consorcio energético había sido derrotado. Mientras tanto, en Chihuahua, por esas mismas fechas, estaba próxima a iniciar la batalla comunitaria más prolongada de cuantas fueron emprendidas contra el gasoducto El Encino – Topolobampo, de la misma firma.
En 2016, la nueva mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales de Témoris comenzó a tener sospechas ante las reiteradas negativas de la empresa de proporcionarles copia del contrato de servidumbre de paso.
De modo que iniciaron indagatorias y descubrieron que no había uno sino cuatro contratos supuestamente suscritos por el Comisariado y presuntamente autorizados por el pleno de la asamblea de comuneros, todos ellos protocolizados ante notario. Todos ellos derivaron de la falsificación del acta de aquella asamblea de 2015, y de la manufactura de la documentación fraudulenta sobre la que TC Energy desarrolló su gasoducto.
Sentencia emitida en 2018 por el Tribunal Unitario Agrario No. 5, con sede en Chihuahua, que anula la documentación fraudulenta utilizada por TC Energy para introducir el gasoducto en Témoris
El aspecto que en primera instancia suscitó la desconfianza de los comuneros fue la modificación del trazo, que originalmente pasaba a más de un kilómetro al noroeste de Témoris, y acabó amenazando a los habitantes a los pies de sus propiedades, pero la empresa lucía sus autorizaciones para continuar con la excavación.
“Desde el principio, el trazo no iba por donde quedó ―explica en entrevista con EMEEQUIS don Filemón Cervantes Soto, tesorero del Comisariado―. El trazo pasaba a más de un kilómetro del pueblo, pero lo modificaron y ahora pasa por la cabecera, en las calles, y cruza los patios de algunas casas”.
Los comuneros descubrieron además que los tubos del trazo original habían sido reutilizados en el segundo trazo, lo que les generó preguntas adicionales sobre la seguridad del ducto, pues el calibre de las tuberías, nos explica don filemón Cervantes, se determina por la distancia que hay entre la ruta del combustible y las zonas habitadas, lo que constituye una referencia de seguridad en ese tipo de infraestructura.
Encontraron también que el expresidente del Comisariado, Reginaldo Almada Gameros del periodo 2012 – 2015 había dispuesto de 700 mil pesos de la cantidad pagada por la empresa, supuestamente destinados para sufragar gastos relacionados con trámites del contrato.
La empresa, por su parte, no respondió a sus peticiones. De modo que la Comunidad Agraria de Témoris decidió presentar la demanda aludida en líneas precedentes, contra la anterior mesa directiva del comisariado, y contra la empresa, ante los Tribunales Agrarios, en noviembre de 2017, en la que reclamaban la anulación de las actas fraudulentas y la nulificación de los contratos derivados de la misma.
Durante el proceso, se presentaron diferentes pruebas documentales y testimonios relacionados con la asamblea de 2015 en la que se autorizó el contrato original, y de la que se confeccionó después el acta con contenidos falsos para dar lugar a los contratos fraudulentos de los que se valió TC Energy, a través de su filial, Transportadora de Gas Natural del Noroeste, para dar continuidad a sus operaciones en la zona bajo una fachada de legalidad.
Pero ni los miembros del comisariado 2012-2015 ni la empresa se presentaron a comparecer, por lo que se les tomó por confesos en el procedimiento.
Se incluyeron en cambio testimonios de funcionarios de dependencias agrarias, como el visitador agrario Ismael González Lagarda y el representante de Proagro de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Raymundo Osvaldo Portillo Chavira, asistentes a la asamblea en cuestión.
Cabe señalar que durante el desarrollo de las diligencias procesales, se enteró a todas la partes del cambio de razón social de la filial de TC Energy, por el cual Transportadora de Gas Natural del Noroeste se convirtió en Infraestructura Energética Monarca, según notificación de la empresa.
De acuerdo con consulta de registros notariales efectuada por EMEEQUIS, en mayo de 2016, el Consejo de Administración de Transportadora de Gas Natural del Noroeste en efecto decidió modificar la razón social, y se modificó además su propósito, ahora centrado en los “servicios de tratamiento, refinación, transporte, almacenamiento, procesamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación y expendio de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”.
Y es que el método es el mismo en sus distintos proyectos: TC Energy arma una o varias empresas locales con sus propias subsidiarias, en su caso con asociados, las cuales serán ejecutoras de las obras y el rostro visible de los proyectos en las zonas afectadas. Después despliegan un catálogo de acciones previamente calculadas para atender resistencias comunitarias, que incluyen supuestos beneficios para las comunidades o vecinos afectados, y en menor medida compensaciones económicas.
Mientras, hay sucesivas modificaciones a su estructura, revocaciones y nombramientos de apoderados y cambios de propósitos comerciales, que con frecuencia son apenas cambios marginales. Cabe señalar que cada una de las compañías revisadas para la redacción de este reportaje, registraba entre 80 y 100 modificaciones notariadas.
El caso es que, al cabo de una año de diligencias, el 5 de noviembre de 2018, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5 de Chihuahua, a cargo del magistrado José Luis Martínez Zamora, dictó sentencia que obra bajo el expediente 1064/2017.
El juzgador reivindicó la falsedad del acta de asamblea, y concluyó que había violaciones a la Ley de Hidrocarburos y a su reglamento en cuanto a la determinación de las modalidad de uso de las tierras afectadas, los procedimientos de determinación de contraprestaciones en caso de afectaciones a tierras y propiedades; también respecto el registro de los acuerdos que dichos ordenamientos determinan ante autoridades agrarias o civiles, con formatos y criterios de avalúo específicos, las premisas para sus eventuales modificaciones, la asesoría legal adecuada de los afectados, entre muchos otros criterios violentados.
De modo que determinó “procedente la nulidad de los contratos y las escrituras públicas respectivas, celebrados el 21 de octubre de 2015 entre la Comunidad de Témoris” y la empresa; así como la nulidad parcial del acta del 8 de marzo del mismo año, por lo que toca a la anuencia de modificación del trazo original y medidas relacionadas con la misma.
Además, ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) iniciar en 10 díasa partir de la fecha de sentencia, los trabajos de elaboración de “un dictamen respecto del daño ecológico causado por la construcción de todas las instalaciones para la línea del gasoducto, como son los caminos de acceso para el sistema de transporte, la instalación de las líneas eléctricas, camino de cambio de ruta, franja de usos temporal para caminos de acceso, requeridos por el transporte de gas natural, así como para de la construcción, protección y mantenimiento al sistema de protección catódica”, y la determinar la reparación de dichos estropicios.
De igual forma, se condenó a TC Energy, es decir, a su filial adjudicataria de la obra del gasoducto en cuestión, “para que en un plazo de diez días hábiles se acredite ante este órgano jurisdiccional que ha iniciado los trámites para regularizar, solventar y corregir las deficiencias en la suscripción de los actos jurídicos que han quedado precisados, renegociando con la parte actora, la suscripción de de nuevos contratos en que se cumplan las formalidades legales señaladas con antelación; con el apercibimiento de que, de no dar cumplimiento en el término antes indicado, en vía de ejecución de sentencia, se ordenará que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la suscripción de los contratos y escrituras públicas materia de nulidad, en cuyo caso se llevará a cabo una prueba pericial para determinar los daños y perjuicios ocasionados por la parte demandada en la comunidad de Témoris, municipio de Guazapares”.
El fallo suscitó una gran satisfacción en los comuneros, en la representación legal, así como en la población toda de Témoris. Un alborozo muy semejante al que los grupos opositores al oleoducto Keyston XL de Steel City habían experimentado en 2015 con el veto otorgado a dicho proyecto. Celebración que al cabo había quedado sepultada cuando, en 2017, a finales de su periodo presidencial, Donald Trump revocó la prohibición impuesta por Obama y dio paso al oleoducto, que se construye desde 2020.
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