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Entre todas las irregularidades por las que son sancionadas las gasolineras del país, la negativa a ser verificadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la más relevante, pues indica que están quebrantando la ley, ya sea para entregar litros incompletos o vender combustible robado, señalan empresarios y autoridades.
Del universo de empresas que se dedican a la venta de gasolinas en el país, dos de cada diez se han rehusado a que sus estaciones de servicio sean revisadas, entre 2014 y julio de 2019.
De acuerdo con un análisis realizado por EMEEQUIS, con base en el registro de verificaciones de Profeco al que tuvimos acceso, se detectó que son mil 563 compañías con negativa, 20% de las 8 mil 167 razones sociales que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene registradas con permisos para el expendio de combustibles en estaciones de servicio.
Mientras que, por cantidad de estaciones de servicio, son mil 597 las que han evitado el procedimiento de revisión, lo que representa 13% del total de unidades que operan a escala nacional. Destaca que casi un centenar de las estaciones que se han opuesto a la verificación en múltiples ocasiones.
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El exdirector general de normas de la Secretaría de Economía, Alberto Esteban Marina, refiere que este indicio es el más importante de todas las causales por las que se penalizan a las gasolineras. “En la lógica de los dueños es: ‘Ya sé que estoy haciendo mal y me vas a verificar, pues entonces no te dejo entrar, incluso estoy dispuesto a pagarte una multa’”.
En la administración de Andrés Manuel López Obrador, se tiene la mira sobre las anomalías que presentan las gasolineras. Desde abril de este año, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, rinde un informe todos los lunes: ¿Quién es quién en las gasolinas?, en el que ha destapado a algunas estaciones que se niegan a la verificación y a las que usan un software conocido como el “rastrillo”, para vender litros incompletos.
¿DÓNDE SE CONCENTRAN?
Las entidades donde se registran altos niveles de negativa de verificación son: Puebla, Baja California, Sonora, Veracruz, Guanajuato, Estado de México, Guerrero y Nuevo León (en ese orden). En éstas se concentra 56% de las estaciones de servicio que pertenecen a las empresas que se oponen a esta medida.
Existen 93 estaciones que registran más de cinco rechazos la visita de la Profeco, en Puebla y Baja California, con 24 y 20, respectivamente, siendo las que más incumplen con la revisión. En Puebla es conocido su gran problema con el huachicol, pues la entidad ocupa el tercer lugar en tomas clandestinas. En esa entidad, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha revocado su concesión a 17 unidades.
El caso de Baja California llama la atención, pues no entra ni siquiera en los 10 primeros con esta problemática de combustible robado; no obstante, la Comisón Federal de Competencia Económica (Cofece), abrió una investigación en 2016 contra estaciones de servicio de Tijuana y Mexicali por fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de la gasolina.
LAS MÁS REJEGAS
La lista la encabeza, Estación Piru S.A de C.V. que opera en Baja California, 23 de sus estaciones se han resistido a la supervisión, algunas en repeditas ocasiones, pues se resgitran 47 negativas. Dicha empresa participa con Operadora Tierra Cálida S.A. DE C.V. y Prontogas S.A. DE C.V. (que también se han negado) en conjunto lanzaron al mercado la franquicia “Rendichicas”.
Estas empresas han sido citadas por la Cofece para desahogar pruebas a su favor en el caso de la manipulación de precios en Baja California. En las tres compañías tiene participación Adrián Humberto Díaz Villalobos, quien, con ayuda de de su abogado, Eduardo Osorio Chong (hermano del ex secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong), habría logrado quedarse con el negocio que compartía con sus dos hermanos, Luis Carlos y Jesús Roberto, según señalan diversas notas periodísticas de esa entidad.
Le sigue una regiomontana, Gas Nuevo Milenio S.A. DE C.V., 22 de sus estaciones han prohibido en 40 ocasiones que verificadores de la Profeco realicen la inspección. La compañía es propiedad de Javier Guadalupe Fernández Moreno y de su hija, Jeanette Fernández Anaya, familia que se distingue por estar en las secciones de sociales de Nuevo León.
Jeanette Fernández Anaya, quien se desempeñó como coordinadora jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey, fue señalada por beneficiarse de múltiples contratos con el mismo municipio, por más de 57 millones de pesos para el suministro de combustibles.
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Otra de las empresas con reiteradas negativas es Grupo Empresarial Cachanilla S.A. DE C.V., 20 estaciones de su propiedad han rechazado ser verificadas 40 veces. De acuerdo con el Registro Público de Comercio el accionistas mayoritario es Inmobiliaria y Fraccionadora Cadena S.A. DE C.V que pertenece a los hermanos Efrén, Javier y Salvador Cadena Payán, reconocidos empresarios que operan en Baja California, Chihuahua y Sonora, principalmente en el ramo de la construcción y la ganadería.
En la página web de Grupo Empresarial Cachanilla, que opera bajo el nombre comercial de “Cargas”, se lee que la compañía se consolidó en 2003. Dos años después abre sus dos primeras estaciones, en 2006 se intregan como socios Grupo Cadena y en 2011 Grupo Canchola.
Se suma a la lista Combustibles Aditivos y Servicios Mágicos S. DE R.L. DE C.V., que acumula 36 negativas que se concentran en seis de sus estaciones; esta empresa opera en Baja California y Jalisco, y está relacionada con Grupo Magigas, que dirige Rodrigo Llantada Ávila, quien se desempeña como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali.
ALTERACIONES EN LOS DISPENSARIOS
Los esfuerzos del gobierno de Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto para erradicar la práctica de dar menos litros a los consumidores no han funcionado, pues los dueños de las gasolineras hacen uso de herramientas legales y también de las que no lo son para continuar con lo que muchos catalogan como una mina de oro a expensas de los bolsillos de los mexicanos.
En el sexenio de López Obrador tampoco se les dará tregua, “el compromiso es no quitar el dedo del renglón y castigar a quienes no entiendan que en este nuevo régimen no se toleran los abusos al consumidor”, asegura Sheffield Padilla, en un cuestionario que respondió a EMEEQUIS.
En la misma base de verificaciones de Profeco, también se encontró que 637 empresas registran alteraciones en los sistemas de despacho de combustible, esto significa que se han encontrado elementos o dispositivos ajenos aprobados por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía.
Dichas empresas conglomeran 718 estaciones de servicio, algunas presentan la manipulación de bombas en más de una gasolinera. Se han inmovilizado más de 3 mil 800 mangueras por alteraciones en los dispensarios que resulta en no dar litros de a litro a los consumidores. Los estados donde más se han inmovilizado son: Jalisco, Veracruz, Estado de México, Chihuahua y Nuevo León, los cuales concentran 40% .
Entre las razones sociales que más figuran en la inmovilización de mangueras por alteraciones están las grandes cadenas como Oxxo Gas (la división de combustibles de FEMSA) y Petro-7 (de 7-Eleven), Servicios Gasolineros de México S.A de C.V y Petromax, S.A. DE C.V., respectivamente. A la primera se le han inmovilizado 168 instrumentos y a la segunda 87.
La cantidad tanto de empresas como de estaciones y mangueras con dicha anomalía puede ser mayor, pues como se documenta anteriormente, muchas gasolineras no permiten ser verificadas. Además de que los propietarios de las estaciones pueden hacer estas alteraciones de manera deliberada o no.
LITROS INCOMPLETOS NO SON ALGO NUEVO
El tema del software para rastrillar los litros y robar a los consumidores, no es algo nuevo, desde hace años se han hackeado y alterado los sistemas, confirma Esteban Marina. Bajo su cargo se elaboraron, revisaron y firmaron la NOM 005 y la NOM 185. La primera se realizó para verificar la parte física (infraestructura) y la segunda para la parte del software de los dispensarios.
En 2008, el Centro Nacional de Metrología detectó que había vulnerabilidad en el software, ya que no existía una norma que le permitiera revisar íntegramente su operación, se estaba a expensas de que los fabricantes de controles volumétricos actuaran de “buena fe”. Por esto en 2012 se puso en vigor la NOM 185. Desde entonces, la Profeco está facultada para verificar esta parte, pero es hasta 2016 que empieza hacerlo, que es cuando tuvo los equipos necesarios.
Es hasta este año que la administración de AMLO expuso públicamente casos relacionados con el conocido “rastrillo”, el primero fue de una gasolinera en Campeche, Combustibles E Imagen, S.A. DE C.V., el segundo en una de Coahuila, Salvador Luis Barrera Llanos, y un tercer caso en una de Chiapas, Carlos Cesarín Ortega Trujillo.
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Según lo dicho por la Profeco entre 8 y 10% de las estaciones en el país tendrían instalado este software, en una solicitud de información pedida por esta revista digital donde se cuestiona si este se porcentaje puede ser mayor, la dependencia que dirige Sheffield Padilla respondió que: “la posibilidad de que sean más estaciones de servicio involucradas se encuentra latente”. Explicó que este porcentaje es un aproximado mensual, el cual deriva de las visitas de verificación y de los resultados obtenidos de éstas.
En el análisis de verificaciones de Profeco que realizó en 2018, se tiene que durante ese año de las inmovilizaciones de mangueras que se llevaron a cabo, un 3.30% se debió a “litros fuera de norma” y 33.71% por alteraciones o anomalías en las partes electrónicas de los sistemas de despacho de combustible.
En el caso de las alteraciones se observa un incremento de 14 puntos porcentuales respecto a 2017, cuando se ubicó en 19.80%.
“Los consumidores son los que finalmente van a decidir y a regular el mercado. Y por parte de las empresas tienen claro que no hay nada que justifique que no se le entreguen litros completos al consumidor. La fórmula es muy sencilla, hay que dar litros completos para no ser objeto de señalamientos”, reafirma Sheffield Padilla.
¿CÓMO FUNCIONAN LAS VERIFICACIONES A MODO?
EMEEQUIS obtuvo el testimonio de un empresario dueño de gasolineras, que por razones de seguridad pidió el anonimato, él explica cómo funciona este software y la colusión con las autoridades.
“Hace varios años platicando con otras personas, me entero de los litros incompletos, investigué para ver cómo es que se hacía, nuca fui parte de eso, pero es un hecho que una buena parte de las gasolineras tienen estos mecanismos para dar los litros incompletos”.
El software lo que hace es que altera mecánicamente para dar menos litros de lo que marca el dispendio, esto para poder cuadrar con la información que se le envía a Pemex y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Hace que de los consumos que no fueron facturados los manda a una especie de limbo y tal cual los rasura, es decir, como si nunca se hubieran vendido, se hace el cuadre entre lo vendido y lo reportado y también cuadran el inventario (lo que todavía tienes en los tanques de almacenamiento dentro de la estación)”.
Muchas gasolineras lo ponen en una sola bomba y todo se maneja por porcentajes, en las ciudades grandes el rasurado es entre un 3% y 5% por litro y en estaciones que se encuentran en las carreteras donde el consumidor es más esporádico es de hasta 10%.
El empresario que sabe de su negocio hace números, por ejemplo, si al día se vende una pipa de 20 mil litros de gasolina y se toma el porcentaje más bajo de rasurado que es de 3% se traduce en 600 litros, si el litro cuesta alrededor de 20 pesos, tenemos que el dueño de esa gasolinera gana 12 mil pesos por un producto que simulo vender, y si eso lo multiplicamos por los 365 días de año, son 4 millones 380 mil pesos. Una cantidad considerable, pues sólo estamos hablando de una estación.
“Para poner este software se tiene que llevar a acabo una inversión para modificar físicamente los dispensarios, las mismas empresas de controles volumétricos están coludidas, lo saben, porque es una modificación al propio sistema de control volumétrico que es el que manda la información de ventas e inventarios a PEMEX”.
Respecto a cómo funciona el contubernio con la autoridad cuenta que, hay algunos propietarios de estaciones que están en una lista de la Profeco para que no les toque verificación o para que les pasen el “pitazo”.
“Podría decirte que, en ese negocio de la autoridad se manejan muchos millones de pesos. La Profeco depende de la Secretaria de Gobernación y esta del ejecutivo, entonces está metido hasta el máximo nivel… hay un conflicto de interés en la propia autoridad para cortar de tajo esta buena fuente de ingresos, todo es en efectivo, no deja rastros”.
Al empresario le llegaron a ofrecer un “seguro”, mismo que no aceptó, son 20 mil pesos por estación para que avisen antes si te toca verificación. Si viene alguna autoridad con un botón en menos de un minuto están fuera del sistema que controla el “rastrillo” y por lo tanto no caen en ninguna irregularidad. En carretas es mas fácil saber si viene la camioneta de Profeco, los mismos vigilantes de las casetas cobro “les echan un telefonazo”.
“Sabemos que nos roban gasolina cuando vamos a cargar, mucha gente pregunta: oye y existe alguna forma de saltarte o que no te vean la cara, y lamentablemente no, no hay nada”.
SISTEMAS, NO HUMANOS
Para Esteban Marina, sí hay una solución para erradicar la corrupción en el sector gasolinero y es eliminar la invervención humana lo más que se pueda creando un sistema de monitoreo y único de información, donde se tienen que poner de acuerdo la parte de aduanas del SAT, Pemex, la CRE, Hacienda y Economía.
“¿Cómo lo resuelves, cómo aseguramos que lo que vendió la gasolinera en general y lo que compró corresponden?- ves los balances de entrada de lo que le compró a Pemex o lo que importó corresponden con lo que facturó, si es diferente pues va a tener una bronca. Todo lo que no está registrado es robado o lo diste de menos, algo le hiciste”.
Apunta que Las fallas no se deben a la normativa, por ejemplo, la NOM 185 es equivalente a la internacional de los sistemas de medición de la Organización Internacional de Metrología Legal. “La norma no es mala, es la mala una aplicación de ella, porque los jueces no la entienden, o el gasolinero la entendió muy bien y se quiere pasar de listo e insiste que el factor humano es un elemento importante”.
El punto débil son los verificadores, ya que no hay incentivos y su labor es de alto riesgo. De acuerdo con el tabulador de sueldos y salarios de 2018 de la Profeco, el personal operativo en promedio gana a la quincena de 7 mil 749 pesos, entonces para el exfuncionario es fácil sobornar a alguien que va a poner una multa millonaria dándole un porcentaje de ésta, explica el entrevistado.
Referente a la participación de verificadores de combustibles en prácticas corruptivas, la Profeco respondió que en esta administración se renovó la plantilla, “El personal está muy comprometido con la labor que realiza. Tan es así que algunos de los verificadores han sido recibidos con armas largas, como fue el caso en Tamaulipas; sin embargo, estos riesgos no han doblegado, por el contrario”.
UNA BATALLA COMPLICADA
Como en cualquier negocio que deja ganancias millonarias por la corrupción, es difícil la lucha, porque cuando se cree tener la solución, siempre alguien encuentra la forma de volverlo hacer, es la conjugación del paso veloz de la tecnología y el paso lento del proceder legal.
De acuerdo con información que Profeco proporcionó a EMEEQUIS, en lo que va del año se han presentado 73 denuncias contra gasolineras ante la Fiscalía General de la República: 49 por el error máximo tolerado, que es cuando dan combustible de menos de lo que permite la norma, 19 por negativas de verificación y sólo cuatro por el “rastrillo”.
Como publicó esta revista digital hace unos días, esto contrasta con las cero averiguaciones previas que reporta la fiscalía en 2019.
Por otra parte, la Profeco ha dado parte tanto a Pemex como a la CRE de estas denuncias y ha solicitado tanto la revocación de concesión como de permisos para el expendio de combustibles, pero como lo ha comentado públicamente Sheffield Padilla, las cosas no avanzan tan rápido como la autoridad quisiera.
Hasta ahora la CRE no ha cancelado ningún permiso derivado de estas denuncias, según indica en otra solicitud de transparencia realizada. Se tienen 16 revocaciones entre 2017 y 2018 que corresponden a la no acreditación del producto vendido.
@ptcervantes
