La lucha de Irinea Buendía por castigar el feminicidio 

Caravana nacional sobre la sentencia de la Suprema Corte “Mariana Lima Buendía”, que encabeza su madre Irinea Buendía Cortez, en su paso por Oaxaca. Foto: Carolina Jiménez Mariscal / Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– La justicia que el Estado le debe a Irinea Buendía es el eco que permanece entre todas las madres de víctimas de feminicidio en México. 

Una mujer que, a sus 72 años, dedicó más de 13 en luchar contra el Sistema de Justicia en México hasta lograr que para que el asesinato de su hija Mariana Lima Buendía fuera declarado un feminicidio, y no un suicidio como presumían las autoridades, del que se encontró responsable al expolicía del Estado de México, Julio César Hernández Ballinas, hasta que le impusieran una sentencia de 70 años. 

Irinea Buendía Cortés se ha convertido en una de las grandes luchadoras sociales contra la violencia feminicida en México y ahora busca que su lucha incansable se vea reflejada en una ley en honor a su hija, Mariana Lima Buendía. 

En esta iniciativa que presentará a todos los Congresos locales del país, espera lograr que  todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidio, que los funcionarios sean capacitados en perspectiva de género, y que los servidores públicos que obstruyan los procesos jurídicos sean sancionados por un nuevo delito: Negación de Justicia por Razones de Género. 

“Las leyes las hemos ganado nosotras porque nadie nos las ha regalado. La deuda que tiene el Estado mexicano con nosotras como madres de víctimas y con las propias víctimas que son nuestras hijas es muy grande y se va haciendo cada vez más grande. Las leyes que hemos ganado están sobre la mesa, pero no se van  a ejercer ni cumplir solas”, afirma la activista, Irinea Buendía en entrevista con EMEEQUIS. 

NO MÁS IMPUNIDAD EN FEMINICIDIOS

El feminicidio de Mariana Lima Buendía el 29 de junio de 2010 en Chimalhuacán, Estado de México marcó una pauta en busca de detener la violencia feminicida y sancionar a quien le quita la vida a una mujer. 

En aquel entonces, cuando el agente judicial de Toluca, Julio César Hernández Ballinas asesinó por estrangulamiento a su esposa Mariana Lima Buendía, no existía en el Estado de México y tampoco a nivel nacional, el delito de feminicidio. 

Fue una de las razones por las que las autoridades de justicia trataron de ocultar el asesinato como un suicidio, en el que, presuntamente, Mariana se había quitado la vida colgándose del cuello con un listón similar al de un portagafete. Su madre, Irinea, jamás creyó que su hija se suicidara. Tampoco lo probaban las marcas y heridas de su cuerpo cuando fue encontrado y los antecedentes de violencia que Mariana vivía con su pareja. 

Después de que Procuraduría del Estado de México intentó dar carpetazo al caso, la lucha de Irinea logró que fuera retomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta lograr en 2015, la Sentencia Mariana Lima Buendía, pionera en establecer que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género. 

Investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidios, evitaría que en accidentes o presuntos suicidios, se oculte la responsabilidad de agresores. 

Pese al avance tan significativo en materia penal, el mandato de la Corte se ha quedado sólo en el papel, ya que no todos las muertes de mujeres se investigan como feminicidios y muy pocas llegan a una sentencia condenatoria. 

“Lo primero que deberían tener es voluntad política, la cual desgraciadamente no la tienen. Lo que hacen es tratar de ocultar las cifras, no reconocen que estamos viviendo una emergencia nacional”, refiere Irinea Buendía. 

De acuerdo con la organización Impunidad Cero, pese al mandato de la SCJN en un análisis a los casos ocurridos en el año 2021 se constató que sólo el 27% de las muertes violentas de mujeres se investigaron bajo el protocolo de feminicidios.

En tanto, sólo siete de cada 100 casos de homicidios contra mujeres llegaron a la justicia y menos de la mitad de feminicidios registrados llegaron a una sentencia condenatoria. 

“Han echado las campanas a vuelo diciendo que bajaron las cifras de feminicidio, lo cual no es cierto. No las están investigando con perspectiva de género y las están investigando como homicidios dolosos, eso hace que las cifras bajen”, denuncia Irinea Buendía, sobre la forma en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha presumido una disminución sobre la incidencia de feminicidios en el país. 

Sin embargo, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio refiere que durante este sexenio, sólo el 25% de las muertes de mujeres fueron contabilizadas como feminicidios.  

SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS POR IMPUNIDAD

En noviembre de 2022, Irinea comenzó una Caravana Nacional a todas las entidades de justicia del país para dar a conocer la sentencia de Mariana Lima Buendía, para procurar una mejor garantía de seguridad a las familias de víctimas de feminicidio. 

Acudió a las 32 fiscalías y procuradurías de justicia en el país, y en su recorrido además, detectó carencias en la preparación de funcionarios públicos que no actuaban con sensibilización y en seguimiento de los protocolos de perspectiva de género.

“En esas visitas que he hecho a los estados, los únicos que cumplen en adoptar la sentencia Mariana Lima para poder fomentar la capacitación de los servidores públicos, es el estado de Durango y Jalisco”, explica Buendía, pues son las únicas entidades que han contemplado programas de género desde las universidades judiciales. 

En respuesta a estas carencias y para evitar la corrupción, obstrucción y negligencia en el seguimiento de los casos, por parte de servidores públicos, es que la madre de víctima de feminicidio quiere impulsar la creación de un nuevo delito contra quienes nieguen o entorpezcan los procesos de justicia por razones de género. 

Se trata de una reforma a los Códigos Penales locales, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para impulsar sanciones contra los funcionarios públicos que incurran en falencias, corrupción, obstaculización o en omisiones en casos relacionados con violencia de género. 

A pesar de que aún no se definen cuáles serán las sanciones, estas podrían ser de carácter administrativo o civil, a través de disminución de sueldo, amonestaciones económicas o penalizaciones de carácter laboral. 

“Lo que pretendemos con la propuesta es superar la impunidad. Que verdaderamente los servidores públicos tengan condiciones de hacer lo que les toca”, refiere Irinea, quien también se enfrentó a violencia institucional por parte de las autoridades del Estado de México que retrasaron durante 13 años que el agresor de su hija obtuviera una sentencia condenatoria por feminicidio.

La propuesta fue presentada a finales de marzo en el Congreso del Estado de México acompañada por la diputada Yesica Yanet Rojas Hernández, presidenta de la Comisión legislativa de Declaratorias de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, quien se encargará de analizar la propuesta para posteriormente ser discutida en el pleno.

Con esta presentación de la iniciativa se da comienzo a otro recorrido de Irinea Buendía por más Congresos del país que impulsen aplicar sanciones a funcionarios que incurran en faltas y capacitarlos en materia de género. 

“Quisiéramos que todos los estados la adoptaran para superar la impunidad en la que se encuentran la mayoría de los casos de feminicidios en todo el país. Es alarmante el incremento de las muertes violentas”, describe Buendía que los niveles de impunidad hacia los delitos de género son altos y solo podrán revertirse a través de un cambio cultural e inspección de los funcionarios públicos. 

Se pregunta: “¿Quién les exige responsabilidades a los servidores públicos?”, ya que en su propia experiencia y acompañando a otras madres han identificado los índices de impunidad y corrupción en las fiscalías, por lo que afirma que sólo podrá haber cambios en el sistema judicial “solamente de esa forma, cuando un servidor público sea sancionado y realmente le duela, que lo castiguen o le quiten, por ejemplo una parte de su sueldo”, dice la activista.

@GloriaPiña_