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Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa
EMEEQUIS.– En noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto Federal para 2023. Entre otras cosas, incluye el recorte de recursos públicos solicitados por los organismos autónomos. En el caso del INE, no se le otorgarán 4 mil 913 millones de pesos. Eso es una cuarta parte menos de lo que pidió. La dosis podría repetirse en la discusión del Presupuesto 2024.
Unas semanas después, la Reforma Electoral fue rechazada por la Cámara de Diputados al no alcanzar mayoría calificada. Pero inmediatamente fue presentado el Plan B. Son dos paquetes de reformas que sólo necesitan los votos de Morena y aliados para salir adelante.
Debido a la polémica desatada por la “cláusula de vida eterna” del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), únicamente fue aprobado en su totalidad el paquete en materia de propaganda electoral. Esta permite a funcionarios públicos hablar de logros de gobierno amparados bajo el derecho a la libertad de expresión.
El otro paquete, que reduce la estructura del INE, deberá esperar a que el Senado vote la eliminación de la propuesta del PVEM. Eso ocurrirá en febrero de 2023. Una vez tomada la decisión, será publicada y entrará en vigor.
La oposición, y tal vez el Senador Ricardo Monreal, presentarán una acción de inconstitucionalidad. Esto dejará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el futuro del INE.
Las reformas electorales también suman un riesgo presupuestal. Obligan al INE usar sus fideicomisos para financiar su implementación. De lo que sobre, deberá regresarlo a la Tesorería de la Federación.
Es importante saber que el instituto usa esos recursos para el pago de pasivos laborales (pensiones y jubilaciones), así como mantenimiento y ampliación de infraestructura electoral. Sin ellos, adicionan otra presión presupuestal en 2023.
Previo al cierre del periodo ordinario de la Cámara de Diputados, arrancó el proceso para designar tres Consejeros Electorales y al Presidente del Consejo General del INE. Iniciarán su periodo el 4 de abril de 2023 y concluirá hasta el 3 de abril de 2032.
De jugar bien sus cartas, el oficialismo lograría que los 4 nuevos consejeros respondan a sus intereses. El Comité Técnico de Evaluación (CTE), a instalarse a principios de enero, está integrado por 7 perfiles:
- Dos propuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH).
- Dos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
- Tres por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo)
El oficialismo tiene la capacidad de controlar el CTE al elegir 5 de sus 7 integrantes. Hoy domina la CNDH con Rosario Piedra Ibarra al frente, así como la Jucopo, a través de Morena, PVEM y PT.
Incluso, la CNDH nos ha dado una muestra de lo que nos espera en este proceso al proponer 2 perfiles afines. La primera es militante de Morena, además de excandidata a regidora. El otro es un académico que no ha dudado en mostrar en sus redes sociales sus simpatías hacia el Presidente.
El CTE es el primer filtro por el que pasarán los aspirantes a ser consejeros electorales. Es el encargado de establecer el método de evaluación y elaborar las cuatro quintetas con los mejor calificados. A la Jucopo le corresponde decidir a los 4 finalistas. Ellos serían votados el 28 de marzo de 2023 en una sesión de la Cámara de Diputados.
Para ser elegidos, los aspirantes deben obtener la mayoría calificada. El oficialismo no tiene estos votos. Así que deberían convencer por lo menos 58 legisladores de la oposición. Tal como ocurrió en la discusión de la reforma constitucional para ampliar la participación militar en seguridad pública hasta 2028.
De no obtener el respaldo de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados se eligen por otro método. El 30 de marzo se realizará otra sesión para elegirlos por insaculación. Será un sorteo al azar por lista. Mediante este método también es posible que sean elegidos perfiles afines al oficialismo, gracias al control sobre el Comité Técnico de Evaluación.
¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE ESTOS CARGOS?
El Consejo General del INE puede integrar diversas comisiones para realizar sus funciones. Cada una debe ser presidida por un consejero electoral. Así que perfiles afines al oficialismo podrían encabezar comisiones como la de Fiscalización, la cual vigila el gasto de los partidos políticos.
El cargo de Consejero Presidente también tiene atribuciones clave. Como proponer el titular de la Secretaría Ejecutiva, formular el anteproyecto de presupuesto del INE, además de convocar las sesiones del Consejo General.
Por otra parte, algunas decisiones del INE necesitan mayoría calificada (8 de 11 votos): creación de unidades técnicas y comisiones; aprobar o remover al Secretario Ejecutivo. Si 4 consejeros votan a contracorriente, ya no sería posible.
Más importante, los nuevos consejeros electorales serán los encargados de implementar las reformas electorales del Presidente de la República. O en caso de ser impugnadas e invalidadas, avanzar por cuenta propia hacia la máxima aspiración de Palacio Nacional: abaratar la democracia con procesos electorales a modo.
@Juan_OrtizMX
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