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¿Servirán de algo los diálogos? Foto: Cuartoscuro.com.
POR JUAN ORTIZ / LUPA LEGISLATIVA
EMEEQUIS.– El arranque de los foros sobre la Reforma Judicial ha marcado un punto de no retorno para Morena, mostrando su determinación de remodelar de manera profunda el sistema de impartición de justicia en México. Más allá de las formalidades y declaraciones políticas, el primer foro también se convirtió en un espacio donde se desmontaron varios mitos que han rodeado históricamente a los ministros y al funcionamiento del Poder Judicial.
LOS ANTECEDENTES DE LA REFORMA JUDICIAL
El Poder Judicial ha sido un foco de atención del oficialismo desde la salida de Arturo Zaldívar, acusado de operar bajo las órdenes del presidente, y la llegada de Norma Piña, señalada por tomar decisiones contrarias a los intereses del Poder Ejecutivo. Entre estas decisiones destacan la invalidación del Plan de la Reforma Electoral y la transferencia de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas.
La reacción del oficialismo es conocida: usó su mayoría en el Congreso no para asegurar el derecho a la justicia en México, sino para debilitar al Poder Judicial. ¿Y cómo? Con recortes presupuestales y reformas como la limitación de los alcances del juicio de amparo.
Posteriormente, el Presidente lanzó una nueva Reforma Judicial en febrero pasado, la cual quedó congelada durante el proceso electoral y fue reactivada ante las altas posibilidades de lograr la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso.
Por “sugerencia” de Claudia Sheinbaum, el 27 de junio comenzó el primero de los foros de consulta sobre la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados. Fue una sesión intensa con reclamos, protestas y propuestas. Participaron 35 oradores, entre legisladores, ministros, magistrados y jueces, quienes durante más de tres horas expusieron sus puntos de vista y sugerencias sobre esta iniciativa constitucional que busca, entre otras cosas, que la ciudadanía elija a los impartidores de justicia.
LA POSTURA DE GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los coordinadores de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, coincidieron en que la propuesta de jueces, magistrados y ministros por voto popular es inevitable, pero mostraron apertura para modificar la manera en que son elegidos y fortalecer los requisitos de elegibilidad. Este fue un punto de partida importante, ya que ministras aliadas del Gobierno Federal hicieron propuestas en ese sentido.
Por parte de la oposición llamó la atención la postura del Coordinador de Diputados del PAN, Jorge Romero, quien afirmó que su grupo parlamentario adoptará una actitud “de punto medio”. Es decir, apoyarán propuestas como la hiper austeridad para altos funcionarios judiciales y el establecimiento de un plazo máximo para la resolución de juicios. Sin embargo, presentarán una contrapropuesta a la elección de juzgadores. Sin duda es una actitud distinta a cuando en el pasado impulsaron la moratoria constitucional.
POSIBLES CAMBIOS
La ministra Yasmín Esquivel, quien días antes fue vista en el Senado, realizó una propuesta que matiza la propuesta central de la Reforma Judicial: que la designación de todos los ministros sea inmediata, pero que magistrados y jueces sean designados de forma escalonada.
La ministra Lenia Batres presentó una propuesta con un objetivo diferente: debilitar al Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo y el Congreso, limitando interpretaciones y resoluciones de la SCJN, y restringiendo la invalidación de leyes solo en casos de inconstitucionalidad manifiesta. También busca prohibir que la SCJN emita lineamientos que regulen la actividad del Poder Ejecutivo y el Congreso.
El exministro Arturo Zaldívar mostró un cambio de postura respecto a la elección popular de jueces. Originalmente opuesto a este mecanismo por temor a que comprometiera la esencia de la función judicial,Zaldívar ahora lo defiende como un medio para legitimar al Poder Judicial y proteger su independencia.
PROPUESTAS DESDE LA SCJN
Contrario a lo esperado por el oficialismo, desde la SCJN se hicieron propuestas a considerar para la reforma judicial. El ministro Pardo Rebolledo, similar a la intención de Yasmín Esquivel, propuso una aplicación gradual en la nueva integración de más de 1,600 espacios del Poder Judicial, manifestando su desacuerdo con la sustitución de juzgadores por voto popular.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá puso sobre la mesa mantener el actual sistema de designación basado en méritos y capacidades, complementado con una opción de revocación de mandato mediante voto popular. Este mecanismo funcionaría como una herramienta de control y rendición de cuentas, asegurando que solo los juzgadores competentes permanezcan en sus puestos.
La ministra Ríos Farjat lanzó varias propuestas, destacando una Escuela de Formación Judicial para capacitar a profesionales de los poderes judiciales locales, fiscalías y comisiones de derechos humanos. Propuso que los futuros jueces realicen un año de trabajo social jurídico en defensorías públicas y centros de atención a comunidades vulnerables, y fomentar clínicas de asesoría jurídica gratuita en colaboración con universidades para apoyar a zonas marginadas. Además, recomendó que los poderes judiciales locales cuenten con jueces mediadores, elegidos por voto popular, que ayuden a resolver problemas cotidianos y fomenten la cultura de la mediación, aliviando la carga jurisdiccional.
EN DEFENSA DEL PODER JUDICIAL
La defensa más importante al Poder Judicial provino del ministro Javier Laynez, quien expresó su firme rechazo a la idea de que el sistema actual de elección de jueces por mérito haya fomentado la corrupción y el tráfico de influencias. Laynez defendió la integridad de la mayoría de los trabajadores judiciales, destacando ejemplos de jueces y magistrados que han emitido resoluciones fundamentales y actuado con integridad.
El ministro Luis María Aguilar centró su defensa en la carrera judicial, destacando su trayectoria de 55 años en el sistema judicial, comenzando como mecanógrafo hasta alcanzar el cargo de ministro, reafirmando su creencia en el sistema de carrera judicial. También afirmó que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho del pueblo de México, por lo que cualquier reforma debe preservar este principio para garantizar que la justicia sea imparcial y efectiva.
Por su parte, el ministro Pérez Dayán advirtió que la prisa es mala consejera para una reforma judicial de amplia envergadura, por lo que había que tener cuidado de no caer en arrebatos que lleven a crisis como la ocurrida por la nacionalización de la banca.
Ante diputados y senadores de todos los partidos, la ministra Norma Piña llamó a una crítica basada en la verdad y datos precisos, resaltando que esta debe centrarse en las necesidades de las víctimas y usuarios del sistema de justicia. Enfatizó que los juzgadores deben ser honestos, empáticos y capacitados, y expresó su convicción de que, aunque existan diversas visiones sobre cómo mejorar la justicia en México, se pueden encontrar más coincidencias que divergencias, promoviendo el diálogo y la construcción conjunta.
El primer foro de la Reforma Judicial muestra que los únicos cambios que Morena aceptará serán en “los cómos” para implementarla. Aunque la oposición mostró una actitud más abierta al diálogo, sus propuestas podrían no ser tomadas en cuenta ante una probable mayoría calificada del oficialismo. Además, es importante recordar que, como señaló la ministra Ríos Farjat, la reforma judicial no debe olvidar a las fiscalías, procuradurías y policías, ya que mucha de la impunidad y falta de justicia en México se debe a su mal desempeño.
@Juan_Ortiz MX
