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Prevalecen en gobierno de AMLO impunidad, corrupción y homicidios arbitrarios: Estados Unidos

De acuerdo con el reporte 2022 de Derechos Humanos en México, emitido por el Departamento de Estado, el problema principal son las bajas tasas de enjuiciamiento contra criminales, la colusión de autoridades con delincuentes, lo que deriva en altos niveles de violencia y explotación; además, crítica que el presidente presente a los periodistas con frecuencia como “parciales, partidistas y corruptos”.

3 / 20 / 23

EMEEQUIS.– Altos niveles de impunidad debido a “tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento”, junto con problemas significativos de violación a los derechos humanos, corrupción y niveles altos de violencia, son parte de la vida diaria de México en la actualidad bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el reporte 2022 de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Los problemas significativos de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: homicidios ilegales o arbitrarios cometidos por policías, militares y otros funcionarios gubernamentales; desaparición forzada por agentes del gobierno; tortura o tratos crueles, inhumanos, degradantes o castigo por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales y arresto o detención arbitrarios

Además, restricciones a la libertad de expresión y los medios de comunicación, incluidas violencia contra periodistas; graves actos de corrupción gubernamental; insuficiente investigación y responsabilidad por la violencia de género, incluida la violencia doméstica o violencia intrafamiliar; delitos que implican violencia o amenazas de violencia dirigido a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; y crímenes que involucren violencia o amenazas de violencia dirigidas a personas con discapacidad.

“La impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción. Hubo informes de algunos agentes del gobierno eran cómplices de bandas criminales internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena fueron bajas por estos abusos”, dice textualmente el informe.

Agrega que elementos criminales, incluidas pandillas y narcóticos locales y transnacionales traficantes, fueron perpetradores importantes de crímenes violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, cohecho, intimidación, y otras amenazas, lo que resulta en altos niveles de violencia y explotación.   

“El gobierno investigó y persiguió algunos de estos crímenes, pero la mayoría permaneció sin ser investigado ni procesado”, crítica.

El reporte se presenta justo en medio de una alta tensión por reclamos de legisladores estadounidenses por el tráfico de fentanilo desde México, e incluso han propuesto incursión de fuerzas de ese país para combatir a los cárteles, y después de la visita de una amplia delegación de representantes de EU al presidente López Obrador.

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El reporte sobre México. 

PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LA VIDA Y ASESINATOS POLÍTICOS

Hubo varios informes de que entidades gubernamentales o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegítimos, a menudo con impunidad, de acuerdo con el reporte y enumera algunos.

En abril de 2022 miembros de la Guardia Nacional mataron a la estudiante Yael Ignacio Rangel e hirieron Alejandra Carrillo Franco tras abrir fuego contra el vehículo de los estudiantes en Irapuato, Guanajuato, cuando el conductor no hizo caso a una parada de tráfico.

El gobernador de Guanajuato Diego Sinhué Rodríguez Vallejo consideró el asesinato consecuencia del uso de fuerza desproporcionada. Un oficial fue acusado y otro estaba en prisión preventiva.

El 31 de agosto, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asesinaron a Heidi Mariana Pérez, de cuatro años, e hirieron a su hermano Kevin Pérez en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando dispararon contra el vehículo en el que viajaban los niños.

Su madre, Cristina Araceli Pérez, dijo que Sedena trató de persuadir a la familia para aceptar una compensación económica a cambio de retirar los cargos contra el oficiales

La CNDH informó que fueron asesinados a 11 defensores de derechos humanos de enero a agosto.

El 27 de enero, atacantes desconocidos asesinaron a defensora de derechos humanos Ana Luisa Garduño, que buscaba justicia por el asesinato de su hija Ana Karen Huicochea, en Temixco, Morelos.

Los grupos criminales, especialmente los cárteles de la droga y las pandillas, estuvieron implicados en numerosos asesinatos, actuando con impunidad y en ocasiones en connivencia con funcionarios corruptos federales, estatales, locales y oficiales de seguridad.

El 20 de junio, miembros de un grupo criminal mataron a los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, y a un guía turístico en Cerocahui, Chihuahua, después de que los prelados intentaran proporcionarle primeros auxilios al guía turístico, a quien los miembros del cártel habían perseguido en un iglesia.

Los perpetradores se llevaron los cuerpos de los sacerdotes y del guía turístico, que fueron descubiertos tres días después. Los delincuentes también hicieron desaparecer a otros dos individuos durante el incidente, presumiblemente matándolos.

Las autoridades arrestaron a 17 personas vinculado a los asesinatos, pero hasta el 20 de octubre no había arrestado a las personas que presuntamente ordenó los asesinatos.

Protesta contra violencia de género en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro.com.

DESAPARICIONES Y TORTURA

De acuerdo con el Departamento de Estado de EU, al 31 de octubre de 2022, la Fiscalía General de la República reportó 2,344 investigaciones en curso sobre desapariciones que involucran a aproximadamente 3,930 personas.

Organizaciones no gubernamentales (ONG) y familiares de personas desaparecidas, afirman que los fiscales subestimaron el número real de casos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que coordina las actividades estatales y esfuerzos federales de búsqueda, al 2 de diciembre, había 108,521 desaparecidos o personas desaparecidas en el país. Se estima que el 90% de las desapariciones ocurrido después del 1 de enero de 2006, según colectivos de búsqueda y defensa grupos familiarizados con la base de datos.

De enero al 17 de agosto, CNDH recibió siete denuncias acusando a agentes del Estado de desapariciones forzadas, incluyendo tres contra el Ejército y tres contra el Ministerio Público.

En abril de 2021, las autoridades arrestaron a 30 infantes de marina y los acusaron de desapariciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018. Hasta julio, 19 infantes de marina habían sido exonerados y 11 estaban en espera de juicio.

El reporte también establece que entre enero y el 17 de agosto, la CNDH registró 32 denuncias por tortura y 94 por detención arbitraria. De estas denuncias, 43 fueron contra miembros de la Guardia Nacional, 37 en la Fiscalía General de la República, 24 contra la Sedena, y 17 contra la Secretaría de Marina (Semar).

Entre enero y agosto, hubo 120 denuncias adicionales de trato cruel, inhumano o degradante. Los abusos habrían sido cometidos por personal de la Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional, Ministerio Público, Sedena y el Instituto Nacional de Migración.

ACOSO Y VIOLENCIA CONTRA COMUNICADORES

La retórica que el presidente López Obrador ha lanzado contra medios críticos de su gobierno fue otro de los puntos que el Departamento de Estado incluyó como violatorio a los Derechos Humanos. Esto, destacó, luego de que el presidente presentara a los periodistas como “parciales, partidistas y corruptos”.

En ese sentido,coincidió que las agresiones a la prensa se intensificaron con la entrada de la polémica sección del Quién es quién de las mentiras y que ha fungido como un espacio que propicia estigmas y descalificaciones hacia los medios o las personalidades críticas del Gobierno, pese al discurso de AMLO que la defiende como “la sección” para combatir la desinformación.

A ello, la entidad estadounidense subrayó que los altos índices de impunidad por homicidios a periodistas — especialmente con agendas de crimen, corrupción y política local — han derivado en la autocensura y reducción de la libertad de expresión.

Y aunque el Gobierno Federal se ha comprometido en garantizar seguridad para las y los comunicadores, la violencia contra éstos continúa tangente e impune. Tanto así que de los 15 homicidios registrados del 2022 (el más violento del sexenio) sólo se ha obtenido sentencias condenatorias en uno de ellos.

CORRUPCIÓN EN COFEPRIS Y SEGALMEX

En junio, autoridades de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informaron que el presidente López Obrador ordenó a la Marina investigar denuncias contra funcionarios de la dependencia por operaciones corruptas en la adjudicación de ofertas farmacéuticas presuntamente ocurridas en septiembre de 2021.

Luego de una investigación de corrupción de meses sobre las prácticas de la comisión las autoridades detuvieron y acusaron a 32 funcionarios.

En junio, Estados Unidos extraditó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Fue arrestado en Florida en 2020 en virtud de una solicitud de extradición mexicana bajo cargos de desviar millones de dólares en fondos públicos. El 6 de junio, un juez ordenó su prisión preventiva por un año mientras continuaban las investigaciones.

En junio, luego de informes de prensa e investigaciones de la sociedad civil, la Secretaría de Administración Pública anunció que la Fiscalía General abrió 22 investigaciones por presunto fraude por parte de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de 2019 a 2021, consistentes en contratos ilegales, nóminas “fantasma”, compras simuladas de productos agrícolas, venta de productos a empresas privadas por debajo del mínimo valor de compra, y la compra ilegal de acciones con fondos gubernamentales.

Según informes de prensa, el presunto fraude podría alcanzar los 500 millones de dólares.

VIOLENCIA DE GÉNERO SIN CONTROL

El informe externó preocupación por los altos índices de impunidad en crímenes relacionados a la violencia de género y señaló que datos del 2019 señalan que sólo 2% de las víctimas han recibido apoyo. En cuanto a la violencia doméstica, sólo se persiguió a los responsables en el 5% de los casos y 1% han terminado con sentencias condenatorias.

De acuerdo con del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los 12 meses del 2022 sumaron 3 mil 754 muertes de mujeres, de las cuales sólo 947 (es decir el 33.7%) se investigaron como feminicidios – los cuales son abordados como “presuntos” ante la falta de resolución -, mientras que el resto se considera por homicidio doloso.

Bajo ese tenor, el recuento de la tendencia nacional del SESNSP arroja que 2 mil 807 mujeres murieron por homicidio doloso en el 2022, lo que posiciona a dicho año como el segundo con más víctimas de este delito después del 2019, que cerró con 2 mil 875.

En concreto, cada uno de los doce meses del 2022 registraron más de 200 asesinatos de mujeres: con 279 víctimas, junio se colocó no sólo como el más mortal de ese año y del gobierno de AMLO, también como el más violento desde que el Secretariado tiene registro, es decir, desde el 2015.

@jose_guaderrama

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José Guaderrama

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