SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS. De 2017 a 2020, el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 “Altiplano” en el estado de México operó sin un sistema de protección contra drones a pesar de la peligrosidad y el poder económico de los internos, es decir, en los primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con documentos -en poder de EMEEQUIS de Prevención y Readaptación Social (PRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC, con el secretario Alfonso Durazo), además de no contar con el sistema antidrones, el último mantenimiento a los equipos del penal de máxima seguridad lo realizó la empresa NUNVAV INC, ligada al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien hoy está detenido en Estados Unidos y se le sigue un juicio en la Corte del Distrito Este de Nueva York.
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En el juicio contra Genaro García Luna, el integrante del cártel de los Beltrán Leyva, Sergio Barragán Villarreal “El Grande” declaró que el ex secretario de Seguridad Pública (en el gobierno de Felipe Calderón) vendía información a la organización criminal, por lo que se presume, que pudo hacer lo mismo en el Penal del Altiplano, al tener información privilegiada de la vulnerabilidad y por el perfil de los internos.
El Penal del Altiplano se encuentra catalogado como “institución pública de máxima seguridad” conforme al Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social.
El 30 de octubre de 2020, PRS solicitó el servicio de mantenimiento al sistema contra drones, en la justificación de la contratación informó que el sistema no detectaba drones, y que el último servicio de mantenimiento lo realizó NUNVAV INC.
“La fecha el servicio, el mantenimiento, al servicio de protección contra dones presenta la siguiente situación: 1 El sistema de protección contra drones, se encuentra (sic) no detecta la presencia de drones; 2 El servicio de mantenimiento fue adquirido a la prestadora de servicios NUNVAV INC mismo que feneció en el año 2017; 3 Al día de la fecha acorde los diversos informes emitidos mediante el informe denominado Estado de los Equipos Electrónicos y Sistemas de Seguridad que se emiten por esta institución semanalmente el estado del mismo”, expone el documento firmado por el director general Marte Camarena Bahena.
Ese año, el Penal del Altiplano tenía 462 personas privadas de su libertad: 432 del fuero federal; 27 del fuero común; y 3 del fuero militar. También tenían una clasificación de especiales, prioritarios y principales.
Entre las personas privadas de su libertad se encontraban: Rafael Caro Quintero; Eduardo Arellano Félix; Héctor Palma Salazar; Zhenli Ye Gon, entre otros.
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En febrero de 2022, el ex titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, ingresó al Penal de Altiplano, hombre cercano a García Luna,
“Personas privadas de su libertad, que en su gran mayoría y acorde a los perfiles económicos, sociales, culturales, tienen un gran poder mismo que puede llegar a desestabilizar la Seguridad del Centro Federal y en caso extremo que poner a un riesgo la seguridad de él o los privados de su libertad que aquí se encuentran recluido como es el caso particular evasión llevada a cabo por el privado de su libertad JOAQUÍN GUZMÁN LOERA, el cual a través de un túnel edificado desde el exterior hasta su ubicación en la celda número 20 del área de Tratamiento Especiales, se evadió del pasado 11 de julio de 2015, según consta en las documentales correspondientes” expuso el PRS en octubre de 2020.
Al interior del CEFERESO 1 según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaría Nacional correspondiente al mes de junio de 2020, se tuvo conocimiento de un total de 15 incidencias con la participación de 23 privados de su libertad, “misma cifras nos ponen en un primer lugar a nivel nacional en razón de incidencias al interior de los Centro Federales y en segundo lugar en razón de los privados de su libertad que participan”.
NUNVAV INC manejó información que pudo haber llegado a grupos del crimen organizado y personas ligadas a estos, quienes pudieron conocer y acceder a la integración funcionamiento y debilidades de los componentes que conforman el sistema de protección contra drones del penal de máxima seguridad.
“En el CEFERESO 1 las personas privadas de su libertad en su gran mayoría y acorde a los perfiles económicos, sociales y culturales, tienen un gran poder extramuros; por lo que al conocer la infraestructura y operación del Servicio de Mantenimiento al Sistema de Protección contra Drones, pueden realizar actos ilícitos tendientes a desestabilizar la seguridad del Centro Federal y, en caso extremo, exponer a un riesgo la seguridad del personal que labora al interior del Centro Federal, así como de otras personas privadas de su libertad que se encuentran recluidos”, señala el documento.
La empresa NUNVAV INC ha sido señalada como pieza clave para la triangulación de recursos para el caso García Luna.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto la empresa NUNVAV INC obtuvo nueve contratos entre 2012 y 2017 por 390 millones de dólares de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), uno de ellos para el mantenimiento al sistema contra drones en el Penal del Altiplano.
NUNVAV INC fue fundada el 14 de octubre de 2005 en Panamá, cuando Genaro García Luna era director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y se le señala como la empresa utilizada para triangular recursos
Como apoderada legal de NUNVAV INC aparece María Vanesa Pedraza Madrid, asesora del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Genaro García Luna está detenido en Estados Unidos por presuntamente participar con el Cártel de Sinaloa -en el Altiplano están detenidos integrantes de ese grupo criminal; conspiración de distribución internacional de cocaína; conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses.
Con los recursos de NUNVAV INC, García Luna pagó un lujoso estilo de vida para su familia en Miami, Florida.
La empresa enviaba los recursos obtenidos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos.
A finales de 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya con la titular Rosa Icela Rodríguez, contrató los servicios de COMTELSAT S.A. DE C.V. por 19.9 millones de pesos para poner a funcionar los sistemas contra drones que estaban sin operar y que recibió mantenimiento de NUNVAV INC, ligada a Genaro García Luna.
@Alatriste_III
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