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Más irregularidades en contratos a Red Autica firmados por Martiniano Vega

Además de la falta de evidencia de servicios por los que hubo transferencias bancarias, el órgano inspector de Hidalgo identificó que la oficina a cargo de Martiniano Vega, uno de los funcionarios más cercanos a Omar Fayad, entonces gobernador y ahora embajador de México en Noruega incurrió en fallas al requerir servicios como capacitaciones, que no pudo acreditar.

Hace 4 días

Siguen saliendo irregularidade en la Red Autica bajo el gobierno de Omar Fayad. Foto: Especial.

EMEEQUIS.– El manejo financiero desde la oficina a cargo de Martiniano Vega Orozco, uno de los principales colaboradores del expriísta Omar Fayad Meneses en el gobierno de Hidalgo, fue observado por la Auditoría Superior del Estado (ASEH) ante posible asignación indebida de contratos y adquisiciones sin acreditar.

En el último año de Vega Orozco como responsable –actualmente en prisión por dos procesos de peculado que suman 30 millones de pesos–, la Oficialía Mayor sumó 120 millones 489 mil 939 pesos sin justificar, revela el tercer informe de la cuenta pública 2022 realizado por el ente fiscalizador.

EMEEQUIS rastreó que contratos posiblemente irregulares están asociados con la emergencia Covid-19 y ligados a la Red Autica: empresas que comparten socios y direcciones cuyo giro inicial eran los espectáculos, pero con la crisis sanitaria que ocasionó el virus respiratorio agudo SARS-CoV-2 fueron favorecidos mediante un mecanismo de simulación de competencia con pedidos de insumos sanitarios y el arrendamiento de lavamanos.

Los socios de estas firmas, ligados al exgobernador Fayad Meneses desde su campaña, continúan en busca de la protección federal, a través de amparos, para evitar una posible aprehensión.

Además de la falta de evidencia de que estos servicios se llevaran a cabo conforme a los acuerdos por los cuales recibieron las transferencias bancarias, el órgano inspector identificó que la oficina a cargo de uno de los funcionarios más cercanos del actual embajador de México en Noruega –fue uno de sus secretarios particulares por más de una década– incurrió en fallas al requerir servicios como capacitaciones, que no pudo acreditar, así como en el resguardo de los bienes materiales y el uso de recursos de la entidad.

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EL MÉTODO COVID: NEGOCIOS ANTE LA CRISIS SANITARIA

Al revisar el oficio de autorización de recursos, el de adecuación presupuestal, el contrato de prestación de servicios número OM/DGRMYS/DPSyF/004/2022, más las actas entregas recepción, oficios de entera satisfacción y expedientes del gasto de la partida 358001, “Servicios de limpieza y manejo de desechos”, la ASEH identificó que no hay evidencia del suministro de jabón líquido antiséptico, toallas interdobladas, relleno de agua potable clorada por los que se pagaron dos millones 653 mil 10.40 pesos.

Asimismo, afirmó que tampoco existen el reporte de incidencias de los módulos temporales asepsia (lavamanos), como son el robo de insumos, daños de los módulos, o cualquier tipo de incidencia que afecte el servicio, así como evidencia de la supervisión, control y operación diarios que consistían en el relleno de jabón líquido, dotar con toallas, el desecho de agua residual y relleno de agua clorada, servicios por los cuales se generaron cargas al erario, además de que no hay elementos en los que conste la verificación del desarrollo, avance y entrega del objeto contratado con el prestador del servicio.

Por este mismo contrato OM/DGRMYS/DPSyF/004/2022 –que se actualizaba– la auditoría afirmó que no se justifica, documentalmente, la disposición de siete millones 28 mil 179.19 pesos. Se trata de una asignación a Creaciones, Espectáculos y Producciones de México S.A. de C.V., cuyo representante legal es Iván Gonzaga Garay y comparte uno de los domicilios registrados con Producciones Autica.

El mecanismo para acceder a los contratos de lavamanos y la dotación de insumos Covid fue detallado por este medio en la serie de tres entregas El otro año de Hidalgo: negocios al amparo del Covid, en el que se describe la manera en la que la Red Autica accedió a estos pedidos, asignados por la Oficialía Mayor.

Iván Gonzaga presentó el 8 de febrero un nuevo amparo. El acto reclamado: una eventual orden de aprehensión. Como este joven que inició como gerente de Autica y participa como socio en diferentes firmas de la red, sus compañeros Germán René Aguilera, otro de los representantes de Creaciones, Espectáculos y Producciones de México, y Javier Arturo Aguilera, dueño de la empresa matriz, de bares instalados durante el gobierno de Fayad, del que también fue arrendatario de inmuebles, también han buscado ampararse contra “actos privativos de la libertad”.

Uno de los dos procesos por peculado que enfrenta Martiniano en prisión preventiva, que cumple en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca desde que fue detenido el 21 de julio de 2023, es por una presunta compra fantasma de crema quirúrgica antiséptica para combatir el Covid, que ascendió a 18 millones 248 mil 606 pesos (el proveedor: Remaco Servicios Empresariales). El segundo es por autorizar el uso de 11 millones 998 mil 560 pesos en un sistema informático para el monitoreo de obras que la Agencia de Investigación Criminal de la entidad (ASEH) también presume que nunca se tuvo, aunque el dinero se dispersó al supuesto proveedor: Aktaion Digital.

Los contratos por material aséptico y para el funcionamiento de lavamanos se renovaron durante dos años, mediante rotación de servicios por las empresas que pertenecían al mismo grupo de interés, en los que simulaban competir entre ellos durante procedimientos cerrados.

Se trata de empresarios cercanos a Fayad, primero favorecidos por servicios por espectáculos masivos desde su toma de protesta como candidato, después el festejo por su triunfo, y que presentaron facturas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para la justificación de artículos como playeras y gorras por los que la entonces oposición presentó quejas ante presunto rebase de gastos de campaña y coacción del voto.

De estos pedidos, la ASEH también observó otros tres millones 242 mil 745.57 pesos, igualmente por falta de evidencia documental de la instalación (se actualizaba el servicio por meses) de los 219 módulos temporales de asepsia arrendados, así como pruebas de que funcionaron en los municipios seleccionados, y el reporte de los costos de traslado hasta el lugar acordado, al igual que los de maniobra de carga, descarga e instalación por cada lugar (aunque empresas diferentes ganaban –lo que supuestamente implicaba un cambio de proveedores– y se cobraba por conceptos como instalación, la infraestructura nunca fue desmontada, además de que los inspectores no recibieron evidencia suficiente del correcto funcionamiento respecto a todos los servicios que se cobraron).

Por estos mismos servicios, de la revisión del contrato OM/DGRMYS/DPSyF/005/2022 (compra de crema antiséptica, ahora con la empresa Remaco Servicios Empresariales), convenio modificatorio OM/DGRMYS/DPSyF/052/2022, la auditoría halló una disposición de tres millones 338 mil 219.95 con respecto a la partida 253001, “Medicinas y productos farmacéuticos”, por la que no hay evidencia fotográfica por mes, donde el proveedor entrega el bien a la entidad fiscalizada, ni reportes donde se usa el bien y ficha técnica de quien corrobora las especificaciones solicitadas en el contrato.

En el marco del mismo contrato hay otra observación de tres millones 449 mil 491.63 pesos, por falta de evidencia fotográfica por mes a través de la cual se constante que el proveedor entrega el bien a la entidad fiscalizada. No hay prueba de que lo hizo.

En el mismo sentido, tres millones 242 mil 745.57 pesos son reclamados, nuevamente, por carencia documental de que se colocaron los 219 módulos temporales de asepsia arrendados, en los municipios. Lo anterior, tras inspeccionar el oficio de autorización de recursos SFP-CPF-3136/2022, el contrato de arrendamiento OM/DGRMYS/DPSyF/003/2022 y el convenio modificatorio OM/DGRMYS/DPSyF/019/2022.

Este pedido fue para Multiservicios Jolsha. Según la escritura pública 1138 otorgada ante la fe de Juan Alberto Flores Álvarez, notario adscrito a la notaría número 14, esta empresa fue constituida el 26 de mayo de 2016, cinco días antes del inicio de campaña de Omar Fayad a la gubernatura. La firma Jolsha alternó los contratos con la red Autica. Se vincula con este grupo de compañías a través de Samantha Mendoza Gálvez, quien ha fungido tanto como representante de Multiservicios como de Producciones Autica, la empresa matriz de esta red.

Por el mismo contrato observado, OM/DGRMYS/DPSyF/003/2022 y el convenio modificatorio OM/DGRMYS/DPSyF/019/2022, la ASEH reclamó dos millones 130 mil 602.28, de nuevo, por falta de pruebas por municipio donde se colocaron los 219 lavamanos.

CONSULTORÍAS Y FIBRA ÓPTICA

En la inspección de la cuenta pública en el último año de Omar Fayad, la oficialía a cargo de colaborador cercano también fue observada por un gasto de cuatro millones 545 mil 540.04 pesos registrado en la partida 331003, “Servicios de consultoría y asesoría”, por una “capacitación al personal” de la que “se desconocen los resultados finales de los servicios prestados, no se cuenta con evidencia documental de que el “Modelo Metodológico y Estrategia de implementación respecto a la planificación de la sucesión en las dependencias del Poder Ejecutivo fue aplicado por la entidad fiscalizada ni entregado a las 18 unidades administrativas de cada dependencia”. Este movimiento fue en el marco del periodo de transición. 

De igual manera, la auditoría determinó que Oficialía Mayor no justificó erogaciones por 4 millones 545 mil 540.04 pesos del mismo proyecto “Procesos de gestión y control”, pues no se acreditan componentes de estas capacitaciones, ni sus resultados.

Siete millones 998 mil 762.50 pesos más fueron empleados en “Taller de kickstar safe, taller de identificación de flujos de valor, taller de seguimiento pi planning y de inspección y adaptación”, impartidos por modalidad virtual según los registros, con diapositivas en inglés; asimismo, el material de apoyo entregado a los participantes –que mostró la oficina de Vega Orozco al ser inquirida por los auditores– también se encuentra en ese idioma, por lo que la ASEH consideró que “la calidad de los servicios no se garantizó con las mejores condiciones de entrega, ni los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, para los fines por los que fueron contratados”.

Esta resolución, incluida en el dictamen del tercer informe de la cuenta pública 2022, la tomó al revisar los cuestionarios aplicados a diez servidores públicos adscritos a la Dirección General de Recaudación, los que las actas refieren tomaron la capacitación, lo cual consta en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/004/SFP/2022 de fecha 3 de mayo de 2023, así como del material de apoyo entregado, del pedido contrato número 658/2021, y de las grabaciones que les proporcionaron de los contenidos.

Otros 18 millones del pedido/contrato de prestación de servicios 712/2021 que no se pormenoriza –en ninguno de los casos la auditoría menciona proveedores ni detalla el contenido de los acuerdos– se exigen porque no hay de los meses de enero, febrero, marzo y abril del ejercicio 2022 ni memorias fotográficas, pero corresponde a la partida 337001 Servicios de protección y seguridad.

Una plataforma para identificación y trazabilidad de inventarios de activos fijos con tecnología RFID, de la terminal móvil tipo “handheld” de uso rudo con lector, y antena RFID integrada, del procesador Octa core memoria ram 3GB android 8 (oreo) pantalla de 4 pulgadas resistente a caídas, licencia para lector portátil en la toma de inventarios, de las etiquetas RFID pasiva de polipropileno con el tag adecuado para su funcionamiento en superficies metálicas tuvo observaciones por siete millones 550 mil 503.12 pesos y nueve millones 563 mil 67.57 pesos.

“Tampoco hay evidencia de la instalación del web y software de los equipos, de los manuales de usuario de cada uno de los dispositivos de hardware en español, documentación de arquitectura detallada de la solución tecnológica, del manual de usuario detallado, del manual de instalación, del documento en donde el proveedor hace entrega de la licencia de uso de la solución a favor de la dependencia, ni del informe final del levantamiento de inventario de activos”, detalla el informe.

La adquisición de bienes usados de 176 Kilómetros de “Fibra óptica aérea de 48 hilos” y 124 Kilómetros de “ Fibra óptica subterránea de 48 hilos” también es injustificada, a decir de la ASEH, que reclamó 14 millones 349 mil 755.52 pesos en una observación, ocho millones 329 mil 180.99 en otra y un millón 619 mil 463.15 en una más.

A la Oficialía Mayor le reclama omitir el avalúo de los bienes por instituciones de crédito o terceros habilitados para ello, la documentación técnica y entrega jurídica, además no acredita el soporte documental de los equipos instalados y programados que se encuentran en funcionamiento y transmiten al C5i (Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia).

Desde abril y mayo de 2023, policías de investigación intentaron aprehender a Martiniano Vega Orozco en diferentes domicilios donde presumían podría encontrarse. Lo capturaron el 21 de julio, nueve meses después de que dejó el máximo cargo que ha ostentado en su actividad pública, que llevó a la par de los cargos que ejerció Omar Fayad, incluida la alcaldía de Pachuca y sus estadías en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Un mes antes de su captura, el 15 de junio, su jefe político renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se sumó al proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y también al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Desde diciembre fue designado embajador de México en Noruega. Martiniano fue uno de sus dos principales colaboradores desde que fue edil de Pachuca, entonces como de sus dos secretarios particulares –el otro fue Israel Félix Soto, actual alcalde de Mineral de la Reforma–. Previo a su detención, en informes rendidos ante jueces de distrito en busca de ser protegido ante una orden de aprehensión, Vega Orozco acusó una persecución política.

@axelchl

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Áxel Chávez

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