SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– De 2018 a 2023, durante los gobiernos de Clara Brugada Molina como alcaldesa de Iztapalapa, hubo 129 funcionarios sancionados, algunos de ellos en altos puestos de la estructura interna de gobierno.
En una revisión de transparencia realizada por EMEEQUIS se encontraron las siguientes cantidades de funcionarios sancionados, divididos por año:
? 2023 se sancionaron 30
? 2022 se sancionaron 29
? 2021 se sancionaron 20
? 2020 se sancionaron 16
? 2019 se sancionaron 21
? 2018 se sancionaron 13
Es decir, aumentó la cantidad de servidores públicos sancionados, sobre todo en su segundo periodo al frente de la alcaldía más poblada de la Ciudad de México. Pero ¿qué irregularidades cometieron estos funcionarios para ser inhabilitados?
Comienza en 2019, el primer año completo en el que Clara Brugada gobernó como alcaldesa de la demarcación. El gobierno saliente fue el de Dione Anguiano Flores, de la alianza PT, Nueva Alianza y PRD.
Brugada ya había sido designada jefa delegacional de Iztapalapa de 2009 a 2012, bajo el gobierno de Marcelo Ebrard en el entonces Distrito Federal.
Con archivos a los que no se puede acceder y expedientes que no se pueden revisar, destaca que al principio, muchas de las sentencias fueron suspendidas o se dejó “sin efecto la resolución”, sin dar mayores explicaciones sobre qué falta se cometió y si ameritaba la indulgencia.
Documentos de Transparencia revelan las sanciones.
Sin embargo, aún hay casos que pueden revelarse. El funcionario, Pablo “N” fue sancionado en 2019, aunque después se declaró “NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA” en un caso que inició en 2015.
El funcionario, que aún sigue trabajando en la alcaldía, fue partícipe de una irregularidad de contratos de obra. El expediente CG DGAJR DRS 0198/2015, del cual derivó su sanción contra el señalado, fue abierto por el Gobierno de la Ciudad de México a partir de la licitación irregular de una obra: “no se integró a los expedientes técnicos la totalidad de documentación soporte de la ejecución de las obras; ni se realizó un adecuado control, integración y resguardo de la documentación a la ejecución de estas obras”.
En 2020 resalta el caso de Rodrigo “N”, quien tenía el cargo de Jefe de Unidad Departamental (JUD) de Parques y Jardines. Su archivo fue abierto en 2019 y fue inhabilitado 10 años por “Incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, sin que estén disponibles las razones por las cuales se le inhabilitó por tanto tiempo.
En 2021, cuando inició el segundo mandato de Clara Brugada, aumentó la cantidad de servidores públicos sancionados. De 2018 a 2021 se sancionó a 50 funcionarios públicos; de 2021 a 2023 se sancionaron 79, algunos de ellos directivos de la estructura de la entonces alcaldesa.
Ahí destacan casos como el de Claudio “N”, que fue inhabilitado temporalmente irregularidades en la ejecución del Presupuesto Participativo: “Derivado de las visitas de verificación física, se observó que la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Sustentable realizó una deficiente revisión de las estimaciones, toda vez que autorizaron pagos en exceso por un importe de $15,206.16 (Quince mil doscientos seis pesos 16/100 MN.), por trabajos no ejecutados y sin contar con los documentales que acreditaran la procedencia del pago de los conceptos que se enlistan”.
Además, en el trabajo de “Rehabilitación y equipamiento de invernadero” asignado a la empresa Grupo CM, Diseño y Arquitectura S.A. de C.V., “se detectó que se autorizaron trabajos que no cumplen con las especificaciones del contrato en la Unidad Habitacional Minas Polvorilla por un importe de $32,944.80” Estas acciones se realizaron en 2016, pero el funcionario siguió trabajando en la alcaldía Iztapalapa en 2018 (según consta su declaración patrimonial) como personal de confianza como jefe de Unidad de Prevención del Impacto Ambiental, es decir, el mismo puesto que tenía cuando se cometió la irregularidad.
Este tipo de irregularidades también fueron sancionadas en 2022, cuando se inhabilitó a José “N” como así consta en el expediente OIC/IZP/A/081/2020. Según el documento “José Antonio Rondales Reyes, entonces Jefe de Unidad Departamental de Proyectos y Supervisión de Edificios públicos (…) presuntamente no vigiló adecuadamente la ejecución de los trabajos debido a que autorizó trabajos no ejecutados en proyectos del Presupuesto Participativo 2017 (…) se autorizó un pago en exceso por un importe de $2,371,919.55 (…)”.
“En dicha observación se le imputó haber autorizado pago de concepto de obra que no se ejecutaron (…) por un importe de $976,843.68”. Por esta irregularidad fue inhabilitado apenas un año. Esta persona formó parte de los equipos de Clara Brugada todavía en 2018, cuando el funcionario emitió su declaración pública que está disponible a través de transparencia.
Sus gobiernos como alcaldesa de Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro.com.
RESOLUCIONES RESERVADAS
En el caso de 2023, ya que muchas de las resoluciones son recientes, aún se encuentran reservadas: “de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones VII de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en tiempo de conocer algún medio de impugnación”, por lo que no se conoce la naturaleza de las sanciones.
Sin embargo, se conocen los cargos de los funcionarios sancionados, como el director ejecutivo de la Dirección General de Administración de la alcaldía, Reynaldo “N”. También fue suspendido por un año su director ejecutivo de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Alfredo “N”, aún no se sabe la causa.
De nuevo, Guillermina “N”, directiva ejecutiva de la Dirección General de Desarrollo Social, fue suspendida 4 meses por “Incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
Es decir, puestos claves dentro de la administración la antes alcaldesa y quien hoy, lejos del cargo, encabeza los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México.
@Ciudadelblues
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