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CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Las decisiones trascendentes muchas veces se cuelan en el tedio de lo cotidiano. Así ocurrió con la resolución de la Suprema Corte 1/96 que dio pie a la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
El pleno de ministros resolvió, en marzo de 1996, que los soldados y marinos podían auxiliar a las autoridades en el combate a los delitos, aunque siempre bajo el mando y la subordinación a los civiles.
En realidad, la acción de inconstitucionalidad se había motivado por la integración de los secretarios de Defensa y Marina Armada al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Oscar Manuel Rosado Pulido escribió un análisis bastante puntal y esclarecedor sobre el tema que se puede consultar en la página del Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN.
Como suele ocurrir, se abrió una rendija que, con el tiempo, se convirtió en una verdadera compuerta.
Aunque es importante no perder de vista el contexto. El país había pasado por graves problemas de seguridad y homicidios de alto impacto, que, aunados a la rebelión del Ejército Zapatista, no auguraban nada bueno. Los grupos del crimen organizado se estaban adecuando a nuevas realidades y aprovechando, inclusive, las bondades de la apertura en la frontera. Recurrir al Ejército y la Marina Armada, en situaciones específicas, no era un capricho, sino una necesidad.
Llovió desde aquellos días y ocurrieron cuestiones relevantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano y estableció medidas estrictas sobre la utilización de las fuerzas armadas, señalando que debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria y fiscalizada.
A estas alturas, ninguno de estos aspectos se cumple, ni se cumplirán, al menos en el corto plazo, ya que la policía nacional, de carácter civil, dejó de existir.
Se tuvo que declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, que se aprobó en el gobierno de Peña Nieto, porque establecía precedentes inquietantes.
Tres y medio sexenios después, es que estamos ya en un verdadero embrollo que requiere, de nueva cuenta, de la acción de los ministros.
El asunto es que no parecen tener prisa en resolver los temas relacionados con la militarización, la que se ha profundizado desde la llegada de López Obrador al poder.
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Tienen en sus ponencias, 10 asuntos pendientes, de los que cinco con acciones de inconstitucionalidad, cuatro controversias y un amparo en revisión.
El más viejo de los documentos tiene 40 meses esperando que se turne para su discusión.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, presentó una solicitud de atención prioritaria para que el pleno de ministros se pronuncie, lo más pronto posible, sobre asuntos que tienen trascendencia nacional.
Es un tema de la mayor seriedad y que no se puede dejar en el limbo. Tienen que contestar al Poder Legislativo, aunque sea para decir que seguirán meditando sobre el particular.
El ministro Arturo Zaldívar ha dicho que la falta de discusión sobre los temas que se refieren a los militares no avanza, porque en la mayoría de los asuntos no se han presentado los proyectos respectivos.
Es probable que los ministros y ministras prefieran flotar los expedientes, en lugar de enfrentarlos de una vez. En el fondo saben que están tratando con aspectos muy delicados de la constitucionalidad misma.
Pero al mismo tiempo conocen cómo se pueden poner las cosas cuando se resuelve en sentido contrario a los deseos de Palacio Nacional.
Para el gobierno la situación es cómoda, porque la indefinición les permite continuar con su estrategia, aunque luego se presentan obstáculos, como la suspensión que se otorgó un juez para que el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa se suspenda, hasta que se defina el fondo del litigio. La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, ya fue multada, porque los trabajos continúan, a pesar de las resoluciones jurídicas.
Lo grave, es que este tipo de indefiniciones afectan a la sociedad e inclusive a las fuerzas armadas, las que no acaban de tener claridad ni certeza sobre su actuación, porque lo que se ha ido aprobando está impugnado y puede ser declarado inconstitucional en su momento.
Por dar un ejemplo, parece difícil que se pueda sustentar que la Guardia Nacional tendrá un mando civil, como mandata la Constitución, cuando el jefe es el secretario de la Defensa Nacional.
@jandradej
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