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Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa
EMEEQUIS.– El Consejo General del INE presentó recientemente un informe técnico de 165 páginas sobre las implicaciones del Plan B de la Reforma Electoral.
Podría considerarse un documento tardío, dado que gran parte de la propuesta presidencial ya fue aprobada por ambas cámaras del Congreso. Pero debemos tomar en cuenta 2 cosas del Plan B:
1) Consta de 2 iniciativas inéditas de 274 páginas, con propuestas distintas a la Reforma Electoral de carácter constitucional presentada en abril pasado.
2) Fue discutido y aprobado en un periodo de 9 días. Sólo la primera votación en la Cámara de Diputados ocurrió en menos de 24 horas.
Por un lado, era imposible que los legisladores conocieran que estaban votando. Por el otro, tampoco era posible conocer el alcance real de sus implicaciones.
Entonces, vale la pena destacar algunos de los principales riesgos que resalta el cuerpo técnico del INE respecto a la propuesta electoral del presidente López Obrador.
1. Debilitamiento operativo del INE
El Plan B propone modificar radicalmente su estructura territorial. También implica eliminar 8 de cada 10 plazas del Sistema Profesional Electoral Nacional. Hoy el INE es una de las dependencias públicas con mayor presencia en México. Esto facilita labores como la emisión de credenciales, el monitoreo de medios, la atención de quejas, la fiscalización de partidos políticos, por mencionar algunos. Su reducción implica afectar seriamente dichas áreas.
Hace unos años era común que los muertos votaran. Con la profesionalización del sistema electoral, esto fue cosa del pasado. Pero con la reestructuración del INE y la reducción de plazas, nuevamente se pondrá en entredicho la confiabilidad del voto.
Por increíble que parezca, con el Plan B será mucho más difícil obtener, renovar o reponer su credencial para votar.
2. Se comprometen los datos personales de 96 millones de electores
El Plan B establece que los Módulos de Atención Ciudadana se instalarán en inmuebles públicos, es decir, propiedad de gobiernos e instituciones públicas. Esto le quita control total al INE sobre sus instalaciones. Se ve obligado a hospedar datos personales en inmuebles de terceros.
3. Incertidumbre en cómo se cuentan los votos
Reduce de nueve a seis meses el periodo de preparación y organización de las elecciones. Compromete la integración de Mesas de Casilla, especialmente la formación de funcionarios, supervisores y capacitadores electorales.
Sumado a la reducción de plazas, esto afectaría seriamente las actividades de supervisión, reclutamiento, ubicación de casillas, integración de paquetes electorales, así como cómputos distritales. Eleva el riesgo de ausencias de funcionarios de casilla o un mal conteo de votos por falta de preparación.
Además propone que operadores políticos participen en ausencia de ciudadanos para recibir y contar los votos. ¿Se imaginan los conflictos electorales en el cierre de casillas?
4. Reformas electorales de último minuto
Con la modificación del inicio del proceso electoral, a la tercera semana de noviembre del año previo a la elección, se ampliará hasta agosto del año previo el plazo para la promulgación y publicación de leyes electorales.
Dicho de otra forma, se crea un amplio margen para establecer nuevas reglas electorales. Es menos tiempo para que las autoridades electorales se prepararen ante dichos cambios y crea incentivos para generar cambios normativos ventajosos para el poder.
5. Se afectan las labores de fiscalización.
Una de las propuestas del Plan B es que la Unidad Técnica de Fiscalización ahora tendrá que solicitar a las autoridades hacendarias la información económica de un candidato. Ese proceso tomaría meses, cuando actualmente existe un modelo de fiscalización en tiempo real.
6. Incentiva la comisión de delitos electorales
El Plan B elimina la sanción relativa a la pérdida de registro como persona precandidata o candidata, en caso de que no se presente informes de gastos. Tampoco podría aplicarse la nulidad de elección en caso de rebase de topes de gastos de campaña.
También exige que las autoridades electorales interpreten las normas de manera estricta. Eso implica dejar sin sanción acciones como gastos no comprobados, aportaciones de entes desconocidos, reportes falsos, entre otros, toda vez que no están explícitamente reconocidas en la ley. Si el INE ha podido actuar en estos casos, es por esta flexibilidad.
7. Asfixia presupuestal.
El Plan B establece que el INE debe implementarla sin recursos adicionales, obligándola a utilizar sus fideicomisos. Dichos recursos originalmente van para el pago de pasivos laborales (pensiones y jubilaciones), así como mantenimiento y ampliación de infraestructura electoral, como los módulos de atención ciudadana.
También le prohíbe generar ahorros para ser usados en nuevos proyectos, a fin de que estos sean regresados a las arcas del Gobierno Federal. Le quita flexibilidad para actuar.
Un gasto no previsto en la reforma es el pago de compensaciones para los trabajadores que serían dados de baja como parte de la reestructuración propuesta. El INE tendrá que pagarlo con su propia bolsa.
8. Facilidades sospechosas para partidos políticos
Permite que los partidos políticos puedan retener recursos públicos para ser usados en años posteriores. Esto les permite guardar recursos para ser usados en año de elección. Va contra la equidad en la contienda.
Permite la transferencia sin límites de recursos entre las estructuras locales y nacionales de los partidos políticos. Actualmente se limita para tres fines: pagos a proveedores, servicios e impuestos. Esto obstaculiza las labores de fiscalización del INE.
9. Es discriminatoria contra grupos minoritarios
La Reforma Electoral establece que al menos 25 candidaturas deberán ser para personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, residentes en el extranjero o jóvenes.
El tema es que las medidas afirmativas del INE permitieron en el proceso electoral 2020-2021 generar 65 candidaturas de personas pertenecientes a estos grupos. Significa un retroceso.
10. Permite la intervención de funcionarios en las elecciones
La reforma a la Ley General de Comunicación Social impone una visión restrictiva al concepto de propaganda gubernamental. Así permite a funcionarios puedan promover acciones, logros o programas de gobierno. Primero amparados por el derecho a la libertad de expresión y toda vez que esa difusión ‘no recibe recursos de la partida presupuestal de comunicación social’. El presidente podrá usar sus conferencias matutinas para hablar de sus proyectos, e incluso opinar del proceso electoral y sus candidatos.
¿Qué sigue?
Lo valioso de este informe del INE es su carácter técnico. Servirá de insumo directo para los recursos de impugnación que presente la oposición, así como estados, municipios y órganos electorales locales.
En los últimos días, se han presentado acciones de inconstitucionalidad por parte del PRI, PAN, PRD. En carácter de partidos, así como de Grupos Parlamentarios. Recientemente el gobierno municipal de Chihuahua presentó una acción de inconstitucionalidad contra el primer decreto en materia de propaganda electoral. También habrá que esperar impugnaciones de los propios trabajadores electorales, pues están en riesgo sus derechos laborales.
Como lo dijeron las y los consejeros electorales, el futuro del INE estará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se vislumbra cierta esperanza con la nueva designación de Norma Piña como Ministra Presidente. Sin embargo, recientemente la SCJN validó cambios a la legislación electoral local emprendidas por Morena bajo el argumento de la austeridad. Así que la moneda sigue en el aire.
@Juan_OrtizMX
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