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Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa
EMEEQUIS.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el primer decreto del Plan B de la Reforma Electoral. La razón es simple, pero de profundas implicaciones: el Congreso violó el proceso legislativo para aprobarlo. Y no solo abre la puerta para tirar el resto del Plan B, sino también varias de las reformas aprobadas en la noche negra del Senado.
Y es que es innegable los atropellos cometidos por Morena, PVEM y PT. En el mismo día que el Plan A fue rechazado por falta de mayoría calificada, el Presidente presentó el Plan B para ser votado inmediatamente.
Sin embargo, pocos diputados conocían su contenido. Además, había otro problema. Las reglas parlamentarias obligan a turnar las iniciativas presidenciales a las comisiones para su análisis.
Para saltarse ese proceso, decidieron presentar nuevamente la iniciativa como ‘de su autoría’. Luego usaron su mayoría para imponer su discusión y votación inmediata. Y así en unas cuantas horas, aprobaron un proyecto de más de 350 páginas y 500 disposiciones.
Como lo dijo el Ministro Pérez Dayán en la pasada sesión de la Corte: Dispensar el trámite de una iniciativa de ley, por importante o urgente que sea, no supone que se deban aprobar normas sin dar a conocer su contenido a los legisladores.
Previo a la votación de la SCJN, el Presidente López Obrador a través de la Consejería Jurídica los acusó de querer suplantar al Poder Legislativo. Nada más falso. Nuestra propia carta fundamental le permite a la Corte garantizar que nuestras leyes respeten el orden constitucional.
Y en el caso del Plan B, los legisladores de Morena y aliados violentaron los artículos 71 y 72 constitucionales que refieren que la discusión de iniciativas debe seguir el proceso legislativo descrito en la Ley del Congreso, permitiendo un debate informado entre todas las fuerzas políticas.
Y aquí debo destacar lo que expuso, en la misma sesión, el ministro Luis María Aguilar: El Parlamento no es solo un órgano del estado que toma sus decisiones por mayoría. Es también una institución que representa el pluralismo de la sociedad.
Ser mayoría, no es pretexto para hacer modificaciones exprés a nuestras leyes, cuyo contenido e implicaciones son desconocidos. Ello implica quitarle el derecho, principalmente a las minorías, de representarnos de forma efectiva e informada.
Aspecto de la sesión alterna del Senado. Foto: Cuartoscuro.com.
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Ambos decretos del Plan B comparten las mismas violaciones al proceso legislativo, por lo tanto, los argumentos que motivaron a la Corte a invalidar el primero, deberán llevar al segundo al mismo destino.
Además, varias reformas de la noche negra del Senado también podrían ser invalidadas. Y es que, en menos de 5 horas, fueron aprobados 20 proyectos en alrededor de 10 minutos cada uno.
Hay iniciativas que fueron votadas sin análisis ni discusión. También una senadora suplente votó indebidamente, mientras que la propietaria ya estaba en funciones. Una sesión fantasma y reunión de firmas para simular la aprobación de la Ley de Ciencia. Tampoco hubo claridad en las votaciones ante la falta de tablero electrónico. Y solo por mencionar algunos.
Aunque habrá que esperar a las impugnaciones de la oposición. Es poco probable que toquen reformas como la Ley 3 de 3, la reducción de edad para ser diputados y secretarios de estado, y permisos laborales por muerte gestacional. Representan un alto costo político.
La Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) quizás sea de las más impugnadas. No se llevaron a cabo todos los parlamentos abiertos previstos en la Cámara de Diputados. En el Senado modificaron indebidamente la integración de la Comisión de Ciencia y Tecnología para que tuviera mayoría oficialista, las comisiones dictaminadoras nunca se reunieron oficialmente y se reunieron firmas para simular que fue aprobada, incluida la de una senadora que nunca estuvo presente en la noche negra.
También tenemos proyectos como la extinción del INSABI, la entrega al Ejército del Tren Maya y la coordinación de la protección del espacio aéreo, y la exclusión de la Secretaría de la Función Pública en licitaciones de bienes públicos, que comparten los mismos atropellos a las reglas parlamentarias que el Plan B.
En respuesta a la decisión de la Corte, el Presidente López Obrador amenazó al Poder Judicial con una reforma constitucional para que los ministros sean elegidos por voto popular. Esta propuesta fue apoyada por los legisladores de Morena. ¿Es posible? No. Necesitan obtener en 2024 una mayoría calificada que no lograrán por 2 razones:
1) Deben superar los resultados de las elecciones de 2018, lo cual no es posible
2) Están impedidos por los límites a la sobrerrepresentación impulsados por el INE en 2021
Tampoco tienen los números, ni los tendrán, para someter a juicio político a ministras y ministros de la SCJN como lo propuso el Senador Ricardo Monreal en la pasada sesión de la Comisión Permanente. También necesitan mayoría calificada. Y, dicho sea de paso, que lamentable papel del Coordinador de los Senadores de Morena, pues un día anterior a la sesión defendió la decisión de la Corte ¿Qué cambió?
Realmente el peligro proviene de la amenaza velada de que decidan repetir la experiencia del viernes negro en el Congreso. Es decir, la aprobación al vapor de reformas acorde a los intereses del Presidente y sus colaboradores. Y peor aún, el riesgo de que decidan no acatar las resoluciones de la SCJN. Como sociedad debemos estar en guardia permanente para defender las instituciones que tanto nos costó construir durante décadas.
@Juan_OrtizMX
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