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Decretazos contra la transparencia

¿Qué hay detrás de los decretazos? A López Obrador le queda cada vez menos tiempo en el poder. Y hasta el momento, ninguno de sus grandes proyectos está completamente terminado.

5 / 25 / 23

Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa

EMEEQUIS.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad el ‘decretazo’ que declara de interés público y seguridad nacional las obras públicas de López Obrador.

De esta forma se suma el tercer revés, sólo este año, que los ministros propinan contra los intereses de un presidente cada vez más presionado para concluir sus proyectos antes del final de su sexenio.

Anteriormente la Corte declaró inconstitucional la reforma militar, que transfiere el mando operativo de la Guardia Nacional a la Sedena. Además del primer decreto del Plan B, en materia de libertad de expresión de funcionarios públicos.

Contrario a la narrativa presidencial, el decretazo sí es un tema de transparencia. Afecta nuestro derecho a la información y limita la revisión ciudadana sobre el uso de los recursos públicos.

Y las obras insignia de AMLO son la muestra. Son proyectos que iniciaron sin la debida planeación, ni estudios técnicos y ambientales. Derrochan más recursos de los autorizados por la Cámara de Diputados. Otorgan contratos abusando de la figura de adjudicación directa. Difícilmente no hay semana sin enterarnos de nuevas irregularidades.

Tan es contra de la transparencia el nuevo decretazo que, previo a su publicación, Latinus había encontrado diversas irregularidades tras revisar 996 contratos del AIFA, como el uso de empresas fantasma para desviar recursos. 

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El acuerdo presidencial, publicado un par de días después, tenía 2 objetivos:

1. Clasificar de seguridad nacional e interés público TODAS las obras públicas del Gobierno Federal.

2. Obligar a las dependencias federales a otorgar autorizaciones provisionales a dichas obras para que inicien inmediatamente.

La decisión de la Corte no detiene la construcción de las megaobras, pero sí les impide negar información pública. Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro.com.

El Gobierno Federal afirma que quiere blindar y terminar sus principales proyectos, pero lo que no dice, es que no quiere informar en cómo gasta el dinero público en ellos.  

Precisamente por esa razón es que el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) impugnó el decretazo, porque vulnera nuestro derecho a saberlo.

Tal como lo mencionó el ministro Javier Laynez durante la discusión de su validez, el invocar la seguridad nacional y el interés público, le permite al gobierno federal reservar información pública. Así lo dice la Ley General de Transparencia en su artículo 4°. 

También facilita omitir la licitación pública para la celebración de contratos exprés vía adjudicación directa, conforme al artículo 42° de la Ley de Obras Públicas.

De ninguna forma la decisión de la Corte detiene la construcción de las megaobras, pero sí les impide negar información pública a la sociedad.

Así que no es de extrañar que las obras elegidas por el nuevo decretazo de López Obrador, publicado unas horas después de la resolución de la SCJN, sean proyectos que están a cargo de las fuerzas armadas. Hablamos de los entes públicos más opacos del país.

1. Tren Maya (Sedena)

2. Aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum (Sedena)

3. Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (Semar)

En la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Sedena decidió reservar por cinco años datos sobre su construcción ante reiteradas solicitudes de información sobre estudios técnicos y su plan maestro.

Tomemos el Tramo 5 del Tren Maya como otro ejemplo. Sólo nos hemos enterado de sus diversas irregularidades y daños al ecosistema a través del trabajo de periodistas de investigación, activistas ambientales, y también por las filtraciones de #GuacamayaLeaks.

El INAI presentó un recurso de queja ante la SCJN contra el segundo decretazo, pues representa un intento de burlar la suspensión que ya había otorgado por el primero. Sin embargo, no fue atendida por los ministros durante la discusión de los efectos de la controversia constitucional presentada por el instituto. Tendrá que ser resuelta en un momento posterior.

La declaratoria de invalidez por la Corte, a partir de una controversia constitucional presentada por el INAI, deja en claro que todavía hay contrapesos ante el poder.

Aunque también los pone nuevamente en el blanco de la ira presidencial. A López Obrador le queda cada vez menos tiempo en el poder. Y hasta el momento, ninguno de sus grandes proyectos está completamente terminado. Por esa razón lo vemos decretar la ocupación temporal de líneas férreas para avanzar en la construcción el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, o la expropiación de terrenos en el Estado de México para conectar el AIFA con el Tren Suburbano. 

En lo que resta del sexenio, vendrán más decisiones desesperadas. Tenemos que estar preparados. No sólo para defender nuestras instituciones. Como ciudadanos, también debemos ejercer nuestra responsabilidad de discutir, informar y compartir sobre estos temas de la vida pública. Una sociedad informada es antídoto contra el abuso de autoridad. 

@JuanOrtizMX_

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