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¿Qué hace el gobierno de Chiapas para contener la violencia? Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– En Chiapas los grupos de la delincuencia organizada están votando, a su modo. En un lapso de cinco días, 16 personas relacionadas con la contienda electoral fueron asesinadas.
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana reveló que hay 515 renuncias a las candidaturas. Los motivos para desistir son diversos, pero detrás de la mayoría de los casos se esconde la amenaza criminal, aunque sólo 29 de los claudicantes se hayan atrevido a señalarlo con puntualidad.
Los silencios tienen que ver con el afán de salvar la vida, en lugar de persistir en la búsqueda de un cargo. Un asunto terrible.
En municipios como Comalapa, Chicomuselo y Pantelhó, no hay condiciones para que se puedan llevar a cabo los comicios, de acuerdo con los análisis del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Son las grietas por las que se asoma una disputa territorial entre los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación.
Pero es también la consecuencia, más que notoria, de un gobierno caciquil, el de Rutilio Escandón, que no ha sabido o querido enfrentar lo que tiene ya los rasgos de un conflicto armado.
Los datos están ahí: uso de artefactos explosivos, drones artillados, explosiones y quema de vehículos.
En enero, la Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos publicó el informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a losderechos humanos”.
Es un reporte que da cuenta de las estrategias de la delincuencia organizada para someter a la población civil, utilizando inclusive “a organizaciones prexistentes que están orientadas a denuncias específicas, como la presencia o salida del Ejército mexicano dependiendo del grupo, se les obliga a participar en bloqueos y retenes e incluso en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional.”
Las bandas delincuenciales establecen una economía del conflicto en la que despojan de tierras, cobran por extorsión, pero también definen el precio de los productos básicos.
Se apoderan de servicios institucionales y con ello ejercen presiones adicionales a la población. Hay lugares donde las clínicas rurales ya no funcionan, porque doctores y enfermeras optaron por alejarse para no ser víctimas de la violencia.
En el informe se denuncia: “la documentación nos permite evaluar que la desatención estatal ante las prácticas llevadas a cabo por los grupos de la delincuencia organizada, en la región frontera de Chiapas, producen una situación generalizada de violaciones graves de derechos humanos cuyas implicaciones atentan contra el sentido más básico de protección humanitaria”.
Las organizaciones que elaboraron el estudio hicieron recomendaciones al gobierno de Chiapas y entre ellas las de “reconocer públicamente el conflicto armado que afecta a los
municipios de la zona fronteriza de Chiapas (La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Motozintla, El Porvenir, La Grandeza, Bella Vista, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Mazapa de Madero, Honduras de la Sierra) desde 2021 a la fecha”.
Fiel a sus rutinas políticas, el gobernador Escandón no hizo nada y desde el gobierno federal insisten en negar la gravedad de lo que está ocurriendo.
Por eso ahora, Eduardo Ramírez, el candidato de Morena y el Verde, se negó a firmar el Acuerdo por la paz propuesto por Olga Luz Espinosa, quien busca la gubernatura por Fuerza y Corazón por México.
Se trataba también de solidarizarse con los familiares de quienes fueron asesinados en Villa Corzo, La Concordia, Mapastepec y Rincón Chamula.
Extraño cálculo de Ramírez, aunque apegado al libreto de la 4T donde no hay que acompañarse de la oposición ni en los momentos más apremiantes.
Es probable que la elección en Chiapas ya esté comprometida, en diversas regiones, porque es dudoso que se pueda realizar bajo los parámetros democráticos.
Es un daño inmenso, por supuesto, que no hará sino profundizarse en los próximos años y más aún si el actual grupo, conformado por el Partido Verde, continúa despachando desde Tuxtla Gutiérrez.
LAS VÍSPERAS DEL 2024
El tercer debate presidencial tuvo una audiencia en televisión de 11.8 millones de espectadores mayores de 18 años, un alcance notable, pero menor al del segundo encuentro entre Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez. que alcanzó los 13.6 millones y el primero que atestiguaron 11.8 millones de telespectadores.
Todo ello de acuerdo con la medición de HR Media difundida por el INE y a la que había que sumar el impacto en las plataformas digitales.
@jandradej
