Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), ve con optimismo la posibilidad de que la interrupción legal del embarazo sea pronto una realidad en todo el país, pues “ninguna mujer debe de ser criminalizada por tomar la decisión”.
A propósito de la iniciativa presentada recientemente en la Cámara de Diputados, que pretende homologar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo en todo el país, señala: “Esperamos que esto sea una realidad. Ojalá en este año, en esta Legislatura” (1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2021).
Sobre las manifestaciones contra la violencia de género, Gasman señala en entrevista con EMEEQUIS: “Lo que estamos viendo en México y en el mundo es una generación de jóvenes que dicen: basta, ya no queremos vivir de esta manera, no queremos tener miedo para salir a las calles, no queremos preguntarnos si vamos a regresar, no queremos tener miedo de que nos toquen o nos violen en el transporte público”.
ABORTO LEGAL: FALTAN 30 ESTADOS
A finales de septiembre, diputadas de Morena presentaron una iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en todo el país, pues actualmente sólo es legal en Ciudad de México y Oaxaca.
“Las diputadas han hecho foros donde se han escuchado a las mujeres, hay una propuesta de ley, se está trabajando también en diferentes leyes (…) También una cosa muy importante en la que se está trabajando es esta idea de que ninguna mujer debe de ser criminalizada por tomar la decisión de interrumpir su embarazo”, comenta.
Aún hay 30 estados en los que terminar anticipadamente el embarazo tiene implicaciones legales para las mujeres, que van desde una multa, la realización de trabajo comunitario, hasta la privación de la libertad por 15 días o hasta seis años, según señala el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire).
Gasman, quien es médica cirujana (La Salle y UNAM) y maestra en Salud Pública por la Universidad de Harvard, es entusiasta sobre el tema. En entrevista con este medio recuerda que los legisladores lo están discutiendo en la Cámara de Diputados y han escuchado las demandas de varios sectores de la sociedad mexicana, que piden que se ponga fin a la criminalización de las mujeres por decidir sobre sus cuerpos en todo el territorio nacional.
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“Hemos estado (dialogando con) la secretaria de Gobernación y las legisladoras. Hemos estado en foros y escuchado de la propia secretaria su compromiso con asegurar que ninguna mujer sea criminalizada por este tema. (…) Hemos estado hablando del tema, interactuando con ellas y con ellos”, comenta la también doctora en Gestión y Políticas de Salud (por la Universidad Johns Hopkins), a pregunta expresa sobre si ha mantenido reuniones con actores políticos que forman parte de esta discusión.
La propuesta que se discute en el congreso incluye reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal en diversos artículos. Se propone que la Secretaría de Salud reconozca y garantice, entre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, la interrupción del embarazo.
Gasman Zylbermann colaboró como representante de ONU Mujeres en Brasil (2013-a febrero de 2019) y ha representado también al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Guatemala de 2005 a 2010. También ha ejercido otros cargos relacionados a la igualdad de género.
La presidenta del Inmujeres es cercana a este tópico, pues tiene trayectoria en la elaboración de políticas públicas en el sector salud, específicamente en salud sexual y reproductiva.
Su posición al respecto es similar a la de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Hace unos días le preguntaron su postura sobre impulsar la despenalización del aborto y contestó: “Esa es mi consideración. Simplemente es una sugerencia muy respetuosa, es una convocatoria a que lo hagan, pero de ahí a que yo imponga algo de ninguna manera, al contrario yo siempre he respetado la configuración legislativa de todas las entidades federativas”. Estas declaraciones las dio luego de reunirse con líderes parlamentarios de Congresos locales.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Sobre las recientes manifestaciones en contra de la violencia contra las mujeres, Nadine Gasman dice que no son nada comparadas a vivir en peligro.
–Hemos visto daños a patrimonio cultural y cierta violencia durante las últimas protestas feministas ¿a qué atribuye esto y qué piensa al respecto?
–Lo que estamos viendo en México y en el mundo es una generación de jóvenes que dicen: basta, ya no queremos vivir de esta manera, no queremos tener miedo para salir a las calles, no queremos preguntarnos si vamos a regresar, no queremos tener miedo de que nos toquen o nos violen en el transporte público.
“Son diferentes manifestaciones. Te pueden gustar más unas que otras, pero nada comparado con pensar que 7 de cada 10 mujeres sufren o van a sufrir violencia en su vida (…) Tenemos que hacer algo para cambiar nuestras sociedades ya”.
En México, la violencia en contra de las mujeres cada vez es más letal. Tan sólo el año pasado 3 mil 752 mujeres fueron asesinadas. Esta es la cifra más alta registrada desde 1990 en los últimos 29 años, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
–¿En qué han fallado las autoridades? ¿Qué no se hizo para atender esta problemática y qué se debe de hacer para cambiarlo?
–¿Qué ha fallado? Yo te diría que todo. Ha fallado el sistema educativo, porque seguimos teniendo una educación que no promueve la igualdad. Ha fallado la sociedad, que no está promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres. El sistema de justicia también nos ha fallado, porque cuando las mujeres se acercan a hacer una denuncia, muchas veces son revictimizadas, otras veces no se da una respuesta y la impunidad, (como) sabemos, fomenta la violencia, porque da un mensaje social de que está permitido, de que nada te va a pasar.
“Lo que hemos hecho en este año de gobierno ha sido, por un lado, reconocer que es un problema del Estado y que se tiene que dar una respuesta integral, una respuesta que ponga en el centro las necesidades de las mujeres y que trabaje al mismo tiempo la prevención, la atención y la sanción para poder erradicar la violencia contra las mujeres.
“Desde el plan emergente de desarrollo, la estrategia de protección y seguridad a las mujeres y niñas, y ahora esto que llamamos las Puertas Violetas, que es un esfuerzo interinstitucional para poner en el centro las necesidades de las mujeres, coordinar el trabajo interinstitucional a nivel federal, estatal, pero sobre todo municipal.
“Las medidas de protección tienen que funcionar, el sistema no tiene que centrarse tanto en que la mujer denuncie o no, sino en que la mujer se fortalezca, que tenga oportunidad de salir de la situación y después decidir, y ojalá decida, denunciar, para poder investigar con una perspectiva de género y sancionar al agresor, porque la sanción es también muy importante, es un mensaje de que esta sociedad no acepta este tipo de actuaciones”.
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El programa Puerta Violeta es un sistema de protección integral para mujeres que sufren de violencia y que han sido agredidas. Una de sus medidas es poner a las víctimas en peligro en refugios exclusivos para mujeres en donde pueden estar a salvo bajo la protección de la policía de la localidad.
Esta iniciativa fue creada e implementada en el municipio de Escobedo, en Nuevo León. Al día de hoy un total de 11 Puertas Violetas han sido implementadas en ese estado, Chihuahua, Michoacán y el Estado de México.
CERO TOLERANCIA AL ACOSO
—Reportes de prensa señalan que en 2018 hubo un total de 211 casos de hostigamiento o acoso sexual en varias dependencias de gobierno ¿cómo está colaborando el Inmujeres a que se erradique esta violencia en las instituciones?
—El Inmujeres está trabajando junto con la Secretaría de la Función Pública y con todo el Sistema Nacional de Igualdad entre mujeres y hombres, que junta a todas las dependencias de gobierno para implementar la política de cero tolerancia de acoso y hostigamiento sexual.
“Ha habido un aumento de casos, de denuncias, que puede ser producto de que realmente se ha hecho toda una campaña de identificar el acoso y el hostigamiento sexual como conductas que son inadmisibles”.
–¿Cómo ha ayudado este instituto a modificar las actitudes y acciones machistas por parte de servidores públicos? En el mes de septiembre, José Manuel Mireles, subdelegado estatal del ISSSTE en Michoacán, por ejemplo, fue muy criticado por decirle “pirujas” a las esposas de los derechohabientes.
–En el caso de Mireles tiene la vía de la Función Pública, pero nosotros también hemos hecho acercamiento para trabajar, para hablar con él sobre la importancia de hacer conciencia, pedir disculpas públicas, capacitarse y compromterse que en el ámbito en el que él está se reflexiona, se aprende sobre derechos humanos, sobre derechos de las mujeres, sobre no violencia.
VIOLENCIA OBSTÉTRICA: NO PUEDE PASAR
La violencia en contra de las mujeres también atraviesa otros terrenos como el de la salud y la maternidad. El 33.4% de las mujeres mexicanas embarazadas que fueron atendidas en servicios de salud (2016) reportaron maltratos físicos o psicológicos antes, durante y después del parto.
Así lo indican cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) analizadas por Gire en su informe La Pieza Faltante: Justicia Reproductiva, el cual señala que las madres mexicanas fueron menoscabadas en sus derechos humanos al recibir desde tratos deshumanizados, discriminación, humillaciones, hasta procedimientos como césareas que ellas no autorizaron.
–¿Qué está haciendo esta administración para evitar prácticas como la esterilización forzada y otro tipo de violencias obstétricas?
–Hay un compromiso y mucha claridad de que este es un tema que no puede y no debería de pasar en los servicios de salud. Hay todo un trabajo que están planificando en términos de la capacitación y de fortalecer la conciencia de los y las trabajadoras de la salud, desde la vigilancia, las enfermeras, las auxiliares, los médicos y las médicas hasta los especialistas, en que la calidad de la atención es un tema central.
@vancg_