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CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Las advertencias han sido múltiples. México no requería de una reforma electoral, porque las cosas funcionaban de manera razonable. Tan es así, que, en la exposición de motivos para cambiar las leyes secundarias, el llamado Plan B, no hay datos que indiquen que estábamos en una situación de riesgo o de legitimidad democrática.
Al contrario, la Organización de Estados Americanos, la Comisión de Venecia y Human Rights Watch, han sonado las sirenas de alarma al respecto. Lo han hecho expertos de todo tipo y una movilización ciudadana de cientos de miles de personas en defensa del INE.
Pero nada de esto importó, porque de lo que se trata es de vulnerar el estado democrático. Sí, así de grave. Un hecho inédito y hasta insólito, sin precedentes al menos desde los años setenta, cuando inició un camino reformista y de mejoría que ahora concluye, aunque sea en parte.
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Es un corte a nivel histórico, un chipote en lo que fue una línea pavimentada por el acuerdo y consenso de las fuerzas políticas.
Si bien la Constitución resistió, los cambios en las normas secundarias son regresivos y absurdos. Supresión de áreas sustantivas en el INE e inclusive de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral dan cuenta del talante de las motivaciones.
La redacción misma del documento que presentó en la Cámara de Diputados el secretario de Gobernación, Adán López Hernández, en nombre del presidente López Obrador, es una suma de prejuicios, falsedades y disparates. Señalan, por ejemplo, que el Sistema Electoral es “uno de los logros más nocivos de los gobiernos neoliberales”. Afirman, revelando sus fobias, que el INE “ha convertido a una élite académica en garante de abusos en el uso del gasto público y cómplice protectora de conductas electorales fraudulentas e ilegales, lo que ha retrasado el tránsito político de México a la democracia”.
¿La elección del 2018 no se apegó a los principios democráticos? ¿Hubo fraude? ¿A favor de los que ganaron? ¿No estamos en democracia? ¿Entonces qué somos y para dónde vamos? Un misterio.
La contienda en la que ganó la presidencia de la República, quien ahora gobierna, fue calificada en términos favorables por su legalidad y calidad por el Tribunal Electoral. Sí, el pueblo votó, pero sus votos contaron. Son 30 millones 110 mil 327 ciudadanos que respaldaron la propuesta que ahora gobierna, pero 24 millones 856 mil 990 lo hicieron por otras candidaturas.
Algo a tener en cuenta, es que a nivel legislativo, los ciudadanos determinaron no dotar de una fuerza suficiente para modificar la Constitución a ningún partido ni a sus alianzas o coaliciones.
Señalan, en el Plan B, que el costo de operación de los procesos electorales creció de manera descomunal en los últimos 20 años. Esquivan señalar que una parte de esa situación fue provocada por quienes ahora tienen el poder, los que vivieron de hacer de la desconfianza una estrategia permanente.
Les molesta “la conformación de una élite burocrática”, aunque en realidad se lastima a servidores públicos especializados, a los que les debemos que las jornadas electorales se desarrollen sin contratiempos en lo operativo. Y, claro, repudian los sueldos de los Consejeros Electorales, porque una de las premisas es la de conseguir la degradación de las instituciones democráticas.
En resumen, omiten que ellos mismos eran parte de esas estructuras y que los partidos a los que pertenecieron, en particular el PRI y el PRD, colaboraron en la edificación de las instituciones que ahora repudian.
Es cuestión de perspectivas. Se puede ser optimista al constatar que no logró la 4T los niveles de destrucción que se habían propuesto, pero ser pesimista al observar que viene una época sombría, que las próximas elecciones estarán a prueba en lo que respecta a su organización misma, algo que ya se había superado desde hace décadas, con la creación del IFE y luego del INE, precisamente.
Sí, falta todavía en términos legislativos y habrá que ver que ocurre en su momento en el Senado. Pero Morena tiene el control y sus aliados no parecen dispuestos a contrariarlos.
Todo un ejemplo de cómo el Congreso se somete a la voluntad del Poder Ejecutivo, aunque sepan que no es correcto lo que se está haciendo, y que tarde o temprano habrá que repararlo.
Es más, el documento que López Hernández entregó al presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, para someterlo a su discusión, serán las 300 cuartillas menos leídas, lo que ya es decir en San Lázaro.
@jandradej
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