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La tutela militar, la derrota de los civiles

Todo era un engaño desde el principio. La Guardia Nacional siempre fue militar y ahora el presidente López Obrador quiere hacerlo explícito, por un decreto y saltándose al Poder Legislativo.

Por Emequis
8 / 9 / 22

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– El presidente López Obrador siempre quiso que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa Nacional. La anhelaba totalmente militar desde 2019, pero no contaba con los votos suficientes para reformar la Constitución. 

En la oposición no querían avanzar en un modelo que excluyera la construcción de una policía de carácter civil para el futuro. Al final se aprobó la propuesta, pero estipulando en el Artículo 21 de la Constitución, el carácter civil de la corporación que sustituiría a la Policía Federal. 

Mediante un acuerdo, se autorizó la utilización de la Armada Permanente en tareas de seguridad pública por cinco años, es decir, hasta 2024, con la idea de dar tiempo para la conformación de la Guardia Nacional.  

Resultó un engaño desde el principio. La Guardia Nacional siempre fue militar y ahora el presidente López Obrador quiere hacerlo explícito, por un decreto y saltándose cualquier intervención del poder legislativo.  

Sería ingenuo pensar que es la culminación del esquema de militarización, pero sí se puede concluir que es uno de sus lances más avanzados. 

El argumento central es que, cuando López Obrador haya dejado el cargo, las cosas se pueden complicar y la Guardia Nacional terminará por echarse a perder, si la adscribieran a la Secretaría de Gobernación, que fue el ejemplo que el primer mandatario expresó en su conferencia de este lunes. Esto es, no confía ni en los probables sucesores emanados de su propio partido. 

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Es de suponer que ni Claudia Sheinbaum ni Adán López estarían a la altura de las circunstancias y hay que dejarles todo bien amarrado para evitar sobresaltos. Es imponer, de algún modo, una suerte de tutela militar.  El mensaje es a ellos, ya que un presidente que provenga de la oposición, puede cancelar el decreto, sin problema alguno, para atenerse a lo que mandatan las leyes.

Aunque claro, la estrategia es que las atribuciones que van sumando los militares sean de tal extensión que tenga un alto costo político para quien pretenda quitárselas en el futuro. Un asunto sombrío, sin duda.  

Lo más grave, sin embargo, es que se profundizará la utilización de las fuerzas armadas para tareas que no les competen. Si bien, es evidente que se requiere del auxilio de los soldados para tratar de paliar los efectos de la inseguridad, es triste que se renuncie, ya de plano, a la edificación de un área profesional y civil que se encargue de la seguridad pública, que es como se estipula en la propia Constitución.  

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se enfocará, al parecer, en la administración de las prisiones y en liberar a quien esté purgando una sentencia de modo indebido. Es una degradación evidente, una derrota de los civiles. 

EN MANOS DE LA CORTE Y DE LAS CÁMARAS 

El decreto que militariza de modo total a la Guardia Nacional y sus consecuencias van a terminar en la Suprema Corte. Es difícil que los ministros y ministras solapen una violación a la Constitución de semejante magnitud y consecuencias. Pero a estas alturas y después de la consulta sobre el juicio a los expresidentes, todo puede ocurrir. 

Una estrategia que pudieran imperar, una vez que los legisladores del PAN y PRD presenten los recursos respectivos, es que se le den largas al asunto. Total, son dos años los que hay que aguantar el golpe y ya después, sin tanta presión, resolver al respecto. Esto también sería terrible.  

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Por lo pronto, Luis Espinoza Cházaro, el coordinador del PRD en San Lázaro, ha dicho que se está violando el principio de autonomía de poderes, mientras el panista Jorge Romero está convencido que no se puede gobernar por decretazos y recordó que el Ejército debe cuidar la soberanía y no realizar funciones de policía. 

Jesús Zambrano fue más contundente al señalar que estamos en los umbrales de un atraco a la Constitución y, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, puntualizó que de prosperar la idea presidencial, México estaría incumpliendo diversas convenciones de derechos humanos.  

Será interesante, también, escuchar a los integrantes de Morena, los que todavía se dicen progresistas, y observar las piruetas que tendrán que realizar para justificar semejante aventura. 

@jandradej

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Emequis

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