CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– La permanencia de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa, no puede ser llevada a consulta ciudadana, porque la Constitución lo prohíbe. El Artículo 35 estipula lo que no puede cambiarse por votación popular.
Por ejemplo, no se pueden poner a consulta los Derechos Humanos, la materia electoral, el sistema financiero y “la seguridad nacional y la organización y disciplina de la Fuerza Armada permanente”.
La idea del presidente López Obrador para “que el pueblo decida” si la Guardia se queda en la órbita de los soldados es improcedente y debería ser rechazada por la Suprema Corte en su momento.
Pero no nos encontramos en una etapa de normalidad y muchas de las cosas que parecieran imposibles, desde un punto de vista legal, son obviadas en función de satisfacer instrucciones o proyectos presidenciales.
La Guardia Nacional, dice el artículo 21 de la Constitución, es una institución de carácter civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad. La realidad es que el texto constitucional no les importó a diputados y a senadores del grupo que está en el poder y ahora ya no es civil, ni lo será mientras ellos gobiernen.
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Sí, hasta un estudiante de primero de derecho, como señaló el senador Ricardo Monreal, sabe que las leyes secundarias no pueden estar por encima de la Constitución, pero sí se pudo.
Ahora se irán sumando anomalías y parches a la situación. Con ayuda del PRI, el gobierno de la 4T recibirá el regalo de poder seguir utilizando a la Armada Permanente hasta el 2029, toda una década. Un asunto que, de acuerdo con el diputado de MC, Salomón Chertorivski, “trasciende todas las locuras vistas”.
Los impulsores de la propuesta, que por fortuna puede ser detenida en el Senado, señalan que no se puede prescindir de los soldados ante el desastre que impera en seguridad, pero recetan otra porción de la misma medicina, en lugar de proporcionar elementos para su mejora.
Dicen, de modo mentiroso, que quienes se oponen a la prórroga, no quieren a las fuerzas armadas. Es al contrario, ya que la misión que se les está encomendando terminará mal.
En el Ejército, con una modesta investigación hemerográfica, pueden tener claridad de cuál ha sido el desarrollo de esta historia y ahí están quienes los estuvieron denostando a lo largo de décadas.
El debate, en el fondo, es sobre la pertinencia o no, de una policía nacional de carácter civil. El presidente López Obrador ya ha expresado, con hechos, que eso no le interesa, y los priístas en San Lázaro están titubeando con el asunto. Dicen que sí trabajan en el horizonte de una política de seguridad ciudadana, pero desde hace una semana van en reversa de esa dirección.
Pero saben que en todo este enredo hay un estorbo, por el momento infranqueable, y es la Constitución misma y el equilibrio que propició el voto ciudadano en las cámaras. Muchos de quienes votarán por ampliar la presencia del ejército en las calles, saben que están incumpliendo con la promesa que hicieron al postularse bajo el paraguas de Va por México. ¿Qué seguirá?, no lo sabemos, pero es probable que también se sumen a otras disposiciones que contradigan lo que decían creer y defender.
Es difícil que no intuyan que la puerta que abrieron en realidad está cerrando muchas otras.
De ahí que la nueva estrategia desde Palacio Nacional, que ya percibe la debilidad de la oposición y la seducción que puede ejercer sobre una franja del priísmo, sea la de anunciar una consulta ciudadana que no se apega a lo que señala la ley pero que, en una de esas, hasta se realiza. Recordemos la consulta sobre el pasado, que más allá del galimatías que redactaron los ministros de la Suprema Corte, en el fondo se refería a si se aplicaba o no la ley. La propia ciudadanía se expresó mayoritariamente no acudiendo a semejante falacia.
Decía Mauricio Merino, en su colaboración en El Universal, que estamos viviendo una situación de alto riesgo, a la que se le puede poner muchos nombres, pero de la que las consecuencias terminarán siendo terribles. El asunto no es ya si México se militariza, sino cuánto tiempo se prolongará lo que es una anomalía si se analiza desde parámetros democráticos.
@jandradej
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