SOBRE EL AUTOR
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Llegó la hora del juicio a Genaro García Luna. Este lunes inician los trabajos de designación del jurado y pronto se fijará la fecha para el arranque de las audiencias en Nueva York.
Es la primera vez que un exfuncionario mexicano, del nivel y poder que tuvo el exsecretario de Seguridad Pública, enfrenta acusaciones por narcotráfico que serán desahogadas en una Corte en Estados Unidos.
Esto tiene una carga política evidente. En más de un aspecto, lo que también se juzgará es todo un esquema de seguridad y de combate al crimen en nuestro país. Como ocurrió en tiempos del expediente de Enrique “El Kiki” Camarena, lo que se ventile puede ser muy embarazoso.
Más allá de que la suerte o la responsabilidad penal de un individuo no pueda ser trasladada a corporaciones o instituciones, se hará de alguna forma en términos mediáticos y de opinión pública.
Para algunas agencias de seguridad al norte del Río Bravo, la sola celebración del juicio es la constatación de que tenían razón en todos los prejuicios con que han alimentado la relación con sus contrapartes mexicanas.
Una condena puede ser terrible, porque García Luna fue el eje de una estrategia de seguridad que se moldeó por muchos años y que significó, de alguna manera, una construcción institucional que derivó en la profesionalización de la Policía Federal y en esquemas de inteligencia bastante sofisticados.
García Luna es, además, un ejemplo de trayectorias que iniciaron en el CISEN, cuando se entendió que la Seguridad Nacional requería de expertos y que no era nada parecido a lo que se hizo, por años, en la Dirección Federal de Seguridad.
Por eso, García Luna siempre desconfió de los mandos policiacos que provenían de los años setenta, los que habían forjado algunos de los episodios más lamentables de la historia de la policía en la Judicial Federal o en la Dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia.
García Luna, hasta el momento, ha mantenido una estrategia de defensa para probar que es inocente. Eso es un asunto que hay que aquilatar, porque cuenta con la posibilidad de negociar en cualquier momento, pero tendría que aceptar algún grado de responsabilidad en la trama criminal de la que se le acusa.
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Por lo que sabemos, sus defensores creen que tiene posibilidades de librar una condena y de ser absuelto de los crímenes por los que se encuentra en prisión desde 2019.
A estas alturas, las presiones sobre el acusado deben ser inauditas, porque lo que tiene en el horizonte es pasar toda su vida tras las rejas. García Luna, más allá de los veredictos, está acabado en términos públicos, porque de lo que le ocurrió ya no hay retorno.
Sin embargo, puede tener un valor el mantener su relato de inocencia.
Solo él sabe lo que en realidad está en juego y del precio que está dispuesto a pagar en términos personales y familiares.
¿Aguantará? ¿Qué significa ello en los rangos de culpabilidad o inocencia? ¿Qué repercusiones habrá? Pronto se sabrá.
Los fiscales, por su parte, tienen bajo la manga los testimonios de testigos colaboradores, de personajes del narcotráfico que han ido negociando reducción de condenas a cambio de delatar a sus socios y jefes.
Es un procedimiento muy socorrido, porque los delatores suelen aportar a la narrativa de los fiscales y muchas veces son indispensables para lograr veredictos de culpabilidad. Su debilidad, sin embargo, es que tienen muchos alicientes para mentir.
Por ahora, los nombres de quienes acudirán a testificar se mantienen en reserva, pero es probable que el jurado escuche a Edgar Valdez Villarreal “La Barbie”, Jesús Zambada “El Rey”, Dámaso López Núñez y su hijo Dámaso López Serrano, “El Lic” y “El Mini Lic”.
Toda una constelación de quienes tuvieron mando sobre afluentes del Cártel de Sinaloa y que vieron la oportunidad de señalar al propio Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Es curioso como las circunstancias alinean las cosas, en escenarios que hace algunos años habrían parecido inverosímiles. Ni el jefe del cártel ni el secretario de Seguridad pudieron imaginar que al paso del tiempo compartirían acusadores.
A ello hay que sumar, que los fiscales sostienen que tienen miles de pruebas, entre ellas captación de mensajes, fotografías y auditorías contables.
@jandradej
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