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EMEEQUIS.– Este martes dio continuidad la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la cual se abordó la posible inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), con base en el proyecto 130/2019 a cargo del ministro Luis María Aguilar. La discusión quedó pausada desde ayer y se votará el siguiente jueves, como anunció el ministro presidente Arturo Zaldívar.
Al tomar la palabra ante el pleno de la Corte, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo refirió que no comparte la afirmación del proyecto sobre la cual es necesario pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del artículo 19 de la Carta Magna.
Jorge Mario Pardo Rebolledo no comparte que es necesario pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del artículo 19 de la Carta Magna.
Pardo Rebolledo consideró que “la ruta de solución y la línea argumentativa no tiene por qué pasar por el cuestionamiento de la inconvencionalidad de la figura de la PPO, establecida en el artículo 19 constitucional”. Sin embargo, sí compartió la invalidez que proponen el proyecto sobre ciertos delitos fiscales aunque por razones distintas.
Por su parte, la ministra Ana Margarita Ríos-Farjat apuntó que el tema en cuestión es de la mayor importancia nacional. La magistrada recordó que desde un informe del 2013 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se anunciaba el uso desmedido de la PPO en América Latina. De acuerdo con su idea, es signo evidente del fracaso del sistema de justicia, porque se trata de una figura que debe aplicarse excepcionalmente.
Ana Margarita Ríos-Farjat apuntó que el tema en cuestión es de la mayor importancia nacional.
Además, aseguró que su uso generalizado la convierte en un instrumento engañoso para medir el éxito de una política pública de seguridad. La ministra detalló que en la Primera Sala de la Corte se determinó que la prisión preventiva se encuentra en tensión con los principios de presunción de inocencia, libertad personal y proporcionalidad de las penas.
Explicó que el proyecto llega en víspera de una posible sentencia de la CIDH sobre el tema, además en un contexto que desde hace varios lustros el país se encuentra en una crisis de inseguridad, corrupción e impunidad. En el mismo sentido compartió las preocupaciones sobre el uso pernicioso de la PPO. No obstante, no coincidió con la inaplicación de la Constitución, pero confirmó la necesidad de establecer una interpretación que armonice la antinomia.
A su vez, el ministro Javier Laynez Potisek ofreció una crítica constructiva al proyecto de su par. Explicó que no comparte la idea del proyecto porque no hay un estudio de por qué la SCJN sí puede hacer lo que se propone. Asimismo, secundó la exposición del ministro Gozález Alcántara sobre que la reflexión de las atribuciones del tribunal está pendiente.
Laynez Potisek advirtió la necesidad de un criterio de interpretación.
En otro aspecto, Laynez Potisek apuntó que, si se juntan los ocho votos necesarios para inaplicar el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, quedarían muchas interrogantes abiertas que el proyecto no responde porque no se abordaron en su elaboración. De tal forma, advirtió la necesidad de un criterio de interpretación.
Sin embargo, expuso que el uso abusivo de la prisión preventiva, así como el incremento, a nivel constitucional, de delitos, coloca al ciudadano en el peor de los escenarios posibles. Lo anterior debido a que disminuye el estándar del Ministerio Público para iniciar un proceso penal, mientras se incrementa el número de delitos con prisión preventiva y prisión preventiva oficiosa. Debido a tal circunstancia, instó a los legisladores a tomarlo en cuenta.
En su turno, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dijo, sin más preámbulo, que la PPO prevista por el artículo 19 es irreconciliable con los Derechos Humanos que la propia Constitución obliga a reconocer. En el mismo tenor, coincidió con la propuesta central del proyecto en inaplicar dicho artículo, pero se apartó de sus consideraciones.
Al exponer sus ideas, el magistrado consideró que la Constitución debería ser un cuerpo interconectado de normas coherentes entre sí. Puntualizó que el problema a resolver no es un dilema de Constitución contra Tratados internacionales, sino “una contradicción interna entre normas ya previstas en el máximo texto constitucional”.
Ortiz Mena consideró que la pregunta idónea es “si el régimen constitucional admite un modelo penal en el que las fiscalías están exentas del deber de justificar por qué pretenden encarcelar a una persona que hasta ese punto solo ha sido penalmente acusada, no sentenciada”. Sobre su cuestionamiento reiteró si el régimen constitucional permite un poder sin contrapesos, lo cual consideró como una verdadera amenaza a la separación de poderes.
La PPO prevista por el artículo 19 es irreconciliable con los Derechos Humanos, dijo Gutiérrez Ortiz Mena.
MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ Y MINISTRO PRESIDENTE RESPALDAN PROYECTO EN DEBATE
Por su parte, la ministra Norma Lucía Piña Hernández sentenció que el tribunal no puede dejar de atender la inseguridad que se vive en el país. Asimismo, adelantó que en caso de inhabilitar la PPO, no se liberará a las personas bajo dicha modalidad.
En otro aspecto, cuestionó al pleno de la Corte sobre qué se entiende por Constitución. Recordó que con base en la reforma del 2011, el artículo 1 constitucional provee a todas las personas de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución y en Tratados Internacionales. Asimismo, al citar a un filósofo apuntó que “la concesión de estos derechos no se suplica, se exige”.
Al hablar sobre las facultades de la SCJN en su interpretación constitucional, ejemplificó con casos de países como Alemania, Brasil, República Checa, Estados Unidos y Colombia. La ministra cuestionó ¿cuál es la función del Tribunal cuando la Constitución los obliga a proteger derechos?
En el mismo tenor, aseguró que el tema en cuestión no es un problema únicamente jurídico, sino que tiene raíces éticas y filosóficas. Con ello, brindó un voto concurrente al proyecto del ministro Luis María Aguilar.
Como último ponente, el ministro presidente Arturo Zaldívar felicitó al ministro Aguilar por plantear una posible solución a un problema social. Dicho lo anterior, explicó que el constitucionalismo que propone la supremacía constitucional sobre los Tratados Internacionales se encuentra rebasado desde 2011.
Zaldívar explicó que, con base en el artículo 1 constitucional, el Estado reconoce los Derechos Humanos como superiores y anteriores al mismo Estado. Aseguró que la SCJN no se abroga una atribución sobre la Constitución, sino que la interpreta. Es decir, que se trata de una “labor interpretativa, no constituyente”.
Además, con base en el mismo artículo, refirió que todo conflicto se debe responder con base en principio pro persona. De tal forma, consideró el análisis del proyecto del ministro Luis María Aguilar como adecuado y correcto. Además, de la misma forma que la ministra Piña Hernández, secundó que el tema en cuestión aborda un conflicto de derechos y de principios.
Al profundizar en el artículo 1 constitucional, aseguró que este brinda herramientas interpretativas, con las cuales se debe optar entre cuáles normas con el mismo rango constitucional, prevalecen. Con base en lo anterior, el ministro presidente aseveró que el artículo 19 es incompatible con los Derechos Humanos.
En el mismo sentido, compartió que, como señala la CIDH, la prisión preventiva debe ser medida excepcional. Por ello, apuntó que la PPO es claramente inconvencional y contradice al artículo 1 de la Carta Magna. De tal forma adelantó que le corresponde al Tribunal decidir qué norma constitucional se va a aplicar.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, reiteró además que no está a discusión la prisión preventiva, sino la modalidad oficiosa. Asimismo, refrendó lo dicho por la ministra Norma Piña, sobre que las personas en PPO no saldrán en libertad automática. “Se obligará a justificar y analizar caso por caso” puntualizó.
Al profundizar en la PPO, aseguró que dicha modalidad tiene a miles de personas en la cárcel. “La mayoría son pobres que no tienen quién los defienda”, sentenció. A su vez, cuestionó ante el pleno de la Corte a cuántas personas se le fabrican delitos y pasan años en prisión preventiva sin sentencia. “Es una profunda injusticia que padece el pueblo de México”, aseveró
VOTACIÓN SOBRE PROYECTO SE POSPONE HASTA EL JUEVES
Tras la participación de los otros diez magistrados del pleno, el ministro Luis María Aguilar consideró que todas las opiniones y argumentos jurídicos expresados deben tomarse en cuenta. Sin embargo, puntualizó que el término “inaplicar”, no es “invalidar”, porque ambos conceptos arrojan efectos distintos.
Además, pidió que la votación se pospusiera hasta el jueves. Explicó que dicha prórroga le permitirá “analizar, asumir y contradecir algunas de las reflexiones”. Además, adelantó que el jueves hará una nueva exposición de su proyecto para saber si hay que reelaborarlo.
Con la misma idea, el ministro presidente informó que se levantará la sesión para que el jueves se vote, así como el asunto propuesto por la ministra Norma Lucía Piña Hernández. De tal forma, convocó a las y los magistrados a sesionar de manera ordinaria el siguiente 8 de septiembre a las 11 de la mañana.
@emeequis
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