SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– El Plan B de AMLO, un proyecto que ahorca estructural y presupuestalmente al Instituto Nacional Electoral (INE), fue avalado esta noche en comisiones del Senado y será sometido al pleno de dicha asamblea el próximo miércoles.
El dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Segunda de Estudios Legislativos, que son dominadas numéricamente por Morena y sus aliados, consintió únicamente en eliminar del dictamen original la llamada “cláusula de vida eterna”, que permitía la transferencia de votos entre partidos coaligados electoralmente.
El resto de la propuesta, que ha sido considerada por expertos como una reforma sobre medidas para facilitar la intervención del gobierno en los procesos electorales y crear un escenario electoral favorable al partido en el poder, quedó íntegra.
En esencia, el Plan B es un instrumento de AMLO que se dio ante la imposibilidad de hacer una reforma constitucional, la cual exige tres cuartas partes de la representación pública en las Cámaras legislativas para efectuar modificaciones.
“Una porquería de principio a fin”. Así calificó el Plan B la senadora panista Indira Rosales.
La coalición oficialista no logró reunir los votos suficientes, así que plantearon una propuesta alternativa de reforma a leyes secundarias, para eludir el esquema constitucional.
De modo que el Plan B es también, a la vez, una revancha presidencial que busca “saltar”, a través de leyes secundarias, disposiciones constitucionales en materia electoral.
Cabe señalar que, el próximo domingo 26, diferentes organizaciones civiles efectuarán una serie de manifestaciones en distintas ciudades del país para rechazar la reforma en respaldo al INE.
La senadora panista Indira Rosales dijo: “Este proceso ha sido una porquería de principio a fin. Esta reforma la debieron haber publicado desde el mismo 15 de diciembre. Como oposición agradecemos este rebote innecesario, pero cuando se votó en el Pleno el 15 de diciembre, realmente se votó la misma minuta que la Cámara de origen”.
En concreto: fue aprobado el dictamen del Plan B en comisiones, con 20 votos a favor, 10 en contra, 0 abstenciones. Por lo que pasa al pleno del Senado. Mañana se difunde y el miércoles se vota.
Por momentos se tornó álgida la discusión. Foto: Cuartoscuro.com.
DESENSAMBLE
El guero de la propuesta del Plan B, que fue aprobado en Comisiones, desmantela elementos que han sido el sostén de la organización de los procesos electorales democráticos de las últimas tres décadas, único periodo de la historia del país en el que se ha registrado una predominante certeza sobre los resultados electorales.
De acuerdo con un resumen elaborado por la propia autoridad electoral, se afecta la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), la estructura territorial de sus órganos ejecutivos en los 300 distritos electorales; los procedimientos de capacitación y organización que garantizan ejercicio del sufragio y el conteo escrupuloso de votos; los avances contra la violencia política de las mujeres en razón de género, las acciones afirmativas para potenciar la representación política de núcleos de la población tradicionalmente desfavorecidos, la fiscalización de ingresos y gastos de los actores políticos; el cumplimiento de obligaciones de los partidos políticos; la protección de los datos personales de la ciudadanía, los derechos laborales de quienes integran el servicio profesional electoral nacional y la rama administrativa de los Organismos Públicos Locales; así como el respeto al pacto federal y la libre configuración legislativa de las entidades federativas.
Entre otras, las medidas concretas son:
― Sustituye las 300 Juntas Ejecutivas Distritales que se componen por cinco vocalías (Ejecutiva, secretarial, de capacitación electoral, de organización y del Registro Federal de Electores), por un funcionario distrital (“vocalía auxiliar”).
― Reduce de 5 a 3 los miembros de las 32 Juntas Locales (por entidad) y recorta 398 plazas (96 del Servicio Profesional Electoral Nacional).
― Con ello, quedan en vilo la actualización del padrón electoral, de la lista nominal de electores y de la cartografía electoral; también quedan en el limbo la oficialía electoral, los Centros de Verificación y Monitoreo (de las prerrogativas),
―Suprime los Módulos de Atención Ciudadana del INE (donde se tramita la credenciales de elector) para instalarlos dentro de oficinas del gobierno como escuelas y centros de salud, donde es incierto el resguardo de los soportes informáticos donde se hallan los datos personales (huellas, fotografías, firmas) de los electores.
― Suprime la Junta General Ejecutiva del INE, para ser sustituida por una Comisión de Administración, contraviniendo el precepto constitucional que separa órganos de dirección de ejecutivos.
― Convierte a la Secretaría Ejecutiva, que actualmente forma parte del Consejo General, en un elemento “auxiliar” de éste último; fusiona la Unidad Técnica con la Dirección Jurídica (que tienen funciones diferentes) y la Dirección Ejecutiva de Administración con la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, que también cumplen con tareas diferentes.
― Viola las soberanías de las entidades del país al disponer la desaparición de Organismos Públicos Locales, y trasladar la organización de los comicios de ese nivel a la estructura central.
― Reduce dos meses el proceso preparatorio de los procesos electorales; también los tiempos de reclutamiento y capacitación.
― Suprime las diferentes actas que en cada casilla electoral refleja los resultados y la reduce una acta única en la que se asienten tanto los datos de instalación y cierre de votación como los de escrutinio y cómputo.
― Reduce el plazo de registro de representantes de partidos en las mesas de casilla de 13 dpías a 48 horas.
― Habilita a la Secretaría de Relaciones Exteriores (es decir, el gobierno) para intervenir en la conformación de la lista nominal, al autorizar el registro electoral de mexicanos residentes en el extranjero.
Ruiz Massieu fue crítica del Plan B. Foto: Cuartoscuro.com.
“ENTRE EL PODER Y LA DEMOCRACIA, PREFERIMOS EL PODER”
La senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI) difundió un posicionamiento en el que planteó que la reforma “compromete el funcionamiento de las casillas”, “permite que el gobierno tenga acceso a la lista de electores, y eso vulnera la privacidad de nuestros datos personales y pone en entredicho el uso que las autoridades vayan a hacer de él”; y además “permite que los funcionarios públicos usen recurso públicos para promover a sus candidatos y hacer campaña”, de modo que, dijo, “esta reforma está hecha para favorecer a Morena y a sus candidatos”.
Su correligionaria, la zacatecana Claudia Anaya, que efectuó voto particular en contra del dictamen, en que dijo que el Plan B consistía en “destazar” al INE, ya que no habían logrado el Plan A, que buscaba desaparecer. Anunció que sería presentada una acción de inconstitucionalidad contra el Plan B, y en defensa de la democracia.
Hace unos días, el analista político Carlos Bravo Regidor reveló que Ignacio Marván, el eterno asesor de AMLO y esposo de la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, recientemente fallecido, le confió alguna vez que en el grupo político obradorista veían a la democracia únicamente como un medio, pero su fin era el poder:
“Recuerdo algo que una vez me dijo Nacho Marván (q.e.p.d.) y que ahora cobra un sentido tétricamente visionario: ‘queremos que haya democracia porque queremos el poder, pero si tenemos que escoger entre el poder y la democracia, no te equivoques, vamos a escoger el poder’”.
@emeequis
Powered by Froala Editor
