SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS. Acabó el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa en Oaxaca, pero no la lucha por justicia de la saxofonista y sobreviviente de feminicidio, María Elena Ríos.
Desde hace tres años, cuando fue atacada con ácido en el cuerpo y rostro, emprendió una lucha por justicia. Donde también se ha encontrado con violencia institucional. “Ha sido un proceso demasiado obstaculizado, ha habido muchísima corrupción”, relata la sobreviviente en entrevista con EMEEQUIS.
Esta violencia no sólo apunta a jueces, magistrados y Ministerios Públicos que han beneficiado a su presunto agresor, Juan Antonio Vera Carrizal y atrasado el proceso legal, sino también señala al ahora ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.
“Deja el cargo de manera deplorable, como una burla con cinismo incalculable”, refiere la saxofonista, quien esta semana presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el ex gobernador por violencia institucional.
Señala que Murat Hinojosa se negó a dar una disculpa pública, como lo mandató la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al encontrar negligencias y omisiones por parte de la Fiscalía y el gobierno de Oaxaca.
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María Elena espera que el gobernador Salomón Jara, quien acaba de tomar protesta como gobernador de Oaxaca este 1 de diciembre, “no sea machista, que no sea misógino, y sobre todo que tenga calidad moral con las víctimas. Dejar de llamarlas víctimas y resignificar sus vidas como cualquier ser humano”.
REVICTIMIZACIÓN Y FALTA DE DISCULPA PÚBLICA
En marzo de 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 28/2022 a la Fiscalía y gobierno de Oaxaca, donde se establece la necesidad de que estas instituciones emitan una disculpa pública para María Elena Ríos y su familia por obstaculizar la investigación.
Tras varias reuniones con las abogadas del gobernador, la disculpa pública no se realizó. Alejandro Murat puso como condición hacer el pronunciamiento si estaba presente Rosario Piedra, presidenta de la CNDH; sin embargo, pese que se había agendado para el 28 de noviembre no hubo respuesta y bloqueó a la víctima y su familia de toda comunicación con su gobierno.
María Elena afirma que tener la disculpa no era importante, sino el acto de reconocimiento por parte del gobernador sobre las fallas que tuvo su administración.
“Si la disculpa pública me devolviera mi piel, detuviera a mis agresores, los sentenciara correctamente y dejara de alargar el proceso” afirma la saxofonista, sería algo que personalmente le interesaría, sin embargo, reconoce que se trata de un acto de Estado en beneficio de muchas más mujeres que sufren violencia en el país. “Reconocer que Oaxaca es un estado feminicida es un gran paso”.
“Era un acto simbólico para reconocer que en Oaxaca están matando a las mujeres, están incumpliendo las normas legales. No se está protegiendo a las mujeres”, pues asegura que en el gobierno de Alejandro Murat se han incrementado las tasas de feminicidio en el estado, con más de 300 víctimas de feminicidio, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
DENUNCIA CONTRA MURAT Y RETOS PARA SALOMÓN JARA
María Elena Ríos afirma que, desde agosto de este año, el entonces gobernador, Alejandro Murat comenzó una campaña de desprestigio en su contra, en donde aseguraba que ella deseaba ser “vividora del erario público y que el gobierno no tiene la obligación de pagar tratamientos médicos, la tiene mi agresor”, cuenta.
Sin embargo, Elena apunta que debido a la prolongación del juicio y si existe revictimización por parte de las autoridades y carencias en la atención, “el gobierno tiene toda la obligación de pagar tus curaciones y si estas no son posibles en un hospital público tiene la obligación de hacerlo en uno particular, de ser necesario”. Más aún cuando en Oaxaca no hay dermatólogos, cirujanos reconstructivos, plásticos, como asegura la sobreviviente de violencia ácida.
Tras esta campaña de desprestigio, María Elena ha recibido amenazas, insultos y múltiples formas de intimidación a través de sus redes sociales personales. Señala que, a causa de declaraciones imprudentes del gobernador, se ha expuesto su vida y la de su familia.
Razón por la que interpuso una denuncia contra el priísta Alejandro Murat. “La violencia que él ha ejercido de manera personal, fueron a través de su abuso de poder. Ejerció violencia de género, institucional y económica”, asegura que, pese a que su madre también recibió quemaduras de tercer grado, el gobierno no la quiso reconocer como víctima y no se le brindó ninguna atención.
Con la salida de Murat, el estado de Oaxaca quedó a cargo del morenista Salomón Jara, quien le retiró al priismo uno de sus últimos bastiones en el poder. “Esperemos que esa primavera oaxaqueña haya llegado y no sea un gobernador más que se presta a la corrupción”, refiere Maria Elena Ríos.
Pese a que no ha tenido contacto con el nuevo gobernador, supone que su acercamiento será a través de un corte institucional, por medio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que mantenga el cumplimiento de recibir atención de salud, protección por su seguridad y continuar con el proceso de justicia.
“Si él lo hiciera personalmente sería bueno de su parte, mostraría el interés en las víctimas que dejó un mal gobierno. En su campaña y en su toma de protesta dijo que él era lo contrario. Creo que todo el estado cree mucho en Morena, no solamente por Salomón, sino por el presidente”, cuenta la saxofonista.
“Espero que las cosas en realidad cambien, que sí me hagan justicia y que no se presten a esa complicidad con Juan Antonio Vera Carrizal, porque él tiene la capacidad política y económica para sobornar y llegar a acuerdos políticos”, dice.
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA VIOLENCIA ÁCIDA
En septiembre, la Cámara de Diputados aprobó reconocer los ataques con ácido como un tipo de violencia física dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En tanto, el Senado aprobó el mes pasado las reformas al Código Penal federal para tipificar y sancionar los ataques con ácido y sustancias químicas.
Sin embargo, para María Elena Ríos y otras sobrevivientes, no basta con la tipificación federal, si se incumple la materia en los estados de la república.
“He caminado con algunos diputados para que se comience a tipificar este tipo de crímenes en cada Congreso de la República, porque no basta con modificaciones al Código Penal Federal”, cuenta la sobreviviente que hizo posible que en Oaxaca este delito ya esté tipificado desde 2020.
En búsqueda de la legislación en Puebla. (Twitter: @_ElenaRios)
Hasta este momento se han realizado mesas de estudio para generar iniciativas en Puebla, Michoacán y Chiapas, para establecer un delito autónomo que describa las sanciones a quien ataque con ácido o sustancias químicas por razones de género.
María Elena Ríos hace la invitación a los legisladores de todos los estados del país para generar las condiciones legales que originen un marco legal sólido que inhiba más agresiones químicas.
@GloriaPE_
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