El expanista Manuel Espino abandonó el Servicio de Protección Federal dejando una cifra alarmante en un país de reporteros agredidos: apenas 500 escoltas en todo el país que también deben cuidar a jueces, magistrados, activistas y hasta edificios. Una crisis anunciada.
EMEEQUIS.- A la crisis de seguridad que acecha al gremio periodístico en México hay que añadir otra crisis: la que vive el Servicio de Protección Federal (SPF), la instancia encargada de brindar el servicio de escoltas a reporteras y reporteros cuyas vidas están amenazadas.
Desde la institución que desde este año encabeza Luis Wertman —extitular del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México— cuentan que jamás se había visto un número tan bajo de escoltas: entre 480 y 500 en todo el país.
Esos pocos elementos, quienes en su mayoría integraron la extinta Policía Federal, deben custodiar y vigilar bienes y edificios de la administración pública federal, así como a servidores públicos cuya labor es clave para el Estado mexicano, como magistrados, jueces o fiscales, entre otros.
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A esa enorme responsabilidad se suma que los elementos del SPF también deben cuidar a activistas y periodistas amenazados, de acuerdo con el reglamento del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas bajo la conducción de la Secretaría de Gobernación.
Y que para cuidar a un periodista, por ejemplo, se necesitan al menos dos escoltas en un mismo turno: uno que conduzca un vehículo y que pueda hacer maniobras de evasión en una situación de riesgo y otro más que pueda repeler la agresión y proteger al beneficiario del mecanismo federal.
Todas esas labores son demasiadas para menos de 500 elementos operativos, quienes han comenzado a sufrir los estragos de una plantilla laboral reducida en nombre de la austeridad.
QUEJAS Y NEGATIVAS
En los últimos meses han crecido las quejas de integrantes del SPF porque sus superiores no les autorizan vacaciones o permisos por enfermedad argumentando que, si se ausentan de sus labores, no hay quienes puedan cubrir sus turnos.
Muchos de ellos, por ejemplo, llevan meses alejados de sus familias porque sus superiores les encomiendan el cuidado de algún periodista o magistrado amenazado en Tamaulipas o Guerrero y cuando pidieron una breve licencia para volver con sus seres queridos en Navidad o Año Nuevo se les negó su petición por la escasez de recursos humanos.
Estas condiciones de trabajo han generado un efecto como de bola de nieve dentro de la institución: la falta de personal está provocando ¡más falta de personal!
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Un integrante de la SPF que fue enviado a Oaxaca para brindar protección a un juez comentó a EMEEQUIS que decidió renunciar a la institución a finales del año pasado después de no poder tomar un solo día de vacaciones en dos años.
Ahora trabaja como guardia en una empresa privada de seguridad siguiendo los pasos de otro exintegrante de la SPF que también se hartó de las negativas de los superiores: la última fue el rechazo a darle un día libre para asistir a la boda de su hija.
Y uno más que renunció a mediados del 2021 lo hizo por cansancio extremo: cada vez era más frecuente que los superiores no encontraran personal para revelarlo en su turno y que se fuera a descansar a casa, así que se volvió habitual que trabajara hasta tres días seguidos, es decir, 72 horas al hilo.
SALARIOS DE SUPERVIVENCIA
Otro tema que impulsa la deserción dentro del Servicio de Protección Federal son los sueldos: hay quienes siendo policías terceros ganan apenas 10 mil 252 pesos al mes… menos retenciones, si es que se les descuenta algún día por alguna sanción administrativa.
Y desde que se acabaron los bonos y gratificaciones hay pocos incentivos para quedarse a trabajar en una dependencia que exige arriesgar la vida por 2 mil 563 pesos a la semana.
Las armas, nos cuentan, ya han pasado sus mejores años, igual que el equipo de protección balística. Los vehículos, esos sí, están nuevos y en perfectas condiciones, pero hasta del lavado de las vestiduras se deben encargar los escoltas.
A pesar de esas condiciones laborales, nos aseguran, hay gente deseosa de incorporarse a sus filas, ya graduada de los cursos que se imparten en sus instalaciones en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, y que podrían revertir el grave problema de falta de personal en un país donde sobran periodistas en riesgo.
El problema es que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se han liberado los recursos para abrir más plazas para esos graduados a quienes les prometieron un empleo seguro en el gobierno federal y que llevan meses esperando a ponerse el uniforme.
LA HERENCIA DE UN EXPANISTA
La falta de personal y la falta de plazas, aseguran, es la herencia maldita que dejó el expanista Manuel Espino, primer titular del Servicio de Protección Federal en este sexenio, y quien abandonó la institución después de usarla como trampolín para buscar —sin éxito— la candidatura morenista al gobierno de Durango.
Ahora la dependencia está en manos de Luis Wertman, un empresario convertido en especialista en tema de seguridad pública, quien tiene experiencia como presidente del Comité de México-India del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior y como integrante Consejo Nacional de Seguridad como representante de la sociedad civil.
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Su tarea más urgente será levantar rápidamente los bajísimos números de escoltas en el país —al menos, duplicarlos, dicen los especialistas— para que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas pueda brindar vigilancia y cuidado a las reporteras y reporteros que lo necesiten.
La tarea luce difícil en un gobierno federal, como el de la llamada Cuarta Transformación, que en aras de la austeridad está negado a abrir más plazas, aumentar sueldos o mejorar condiciones de trabajo.
Si no lo hace, será sólo cuestión de tiempo para que sepamos, con rabia, que otra persona periodista fue asesinada en México y no se le brindó protección… porque escasean los escoltas oficiales en el país.
@emeequis
Quince minutos cambiaron el destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Sí bien los normalistas habían sido víctimas de agresiones y violencia por parte de la policía municipal, entre las 22:45 y las 23:00 horas se registró un cambio súbito en la toma de decisiones que llevaría al desenlace fatal.
El mensaje de Eduardo Verástegui: “Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. Los leo”, acompañado de un video disparando un arma, está calificado como apología del delito.
