La exsecretaria de Desarrollo Social maniobra en tres juicios: el administrativo, el judicial y el político. Desde la cárcel medita y prepara su propia jugada maestra.
Mientras Rosario Robles avanza desde prisión en la confección de un libro en el que contará “su verdad” sobre La Estafa Maestra, las acusaciones en su contra avanzan en tres pistas: la administrativa, la judicial y la política.
El fin de semana reciente, la Secretaría de la Función Pública aseguró que la sanción administrativa que impediría que la exsecretaria de Desarrollo Social ocupe un cargo público en los próximos 10 años “sigue firme”. La aclaración vino a cuento luego de que Mariana Moguel Robles comentara que su mamá había obtenido una suspensión provisional contra esa medida, lo cual no es del todo cierto, ya que la moción cautelar sólo impide que, por lo pronto, Robles Berlanga sea inscrita en el Registro de Servidores Públicos Sancionados.
El castigo en cuestión fue emitido en septiembre pasado y tiene como base una cuenta bancaria que no fue declarada oportunamente. La dependencia comandada por Irma Eréndira Sandoval sigue recabando evidencias que apuntan a que Robles fue informada oportunamente sobre triangulaciones irregulares de recursos públicos. Hasta la fecha no hay pruebas de que las universidades que recibieron contratos del gobierno federal hayan realizado trabajos reales.
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Uno de los testigos claves en este asunto es el extitular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, quien ha sostenido en público y en privado que informó de las supuestas malversaciones de fondos tanto a Robles Berlanga como al entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Los documentos recabados por Portal, así como su colaboración en las investigaciones, también juegan un papel relevante en el juicio que se le sigue a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, quien se encuentra en prisión preventiva desde agosto pasado, acusada de ejercicio indebido del servicio público.
La defensa de Robles alega que las pruebas en su contra se basan sólo en los reportajes periodísticos publicados en Animal Político y en el libro La Estafa Maestra. Graduados en desaparecer el dinero público, de los reporteros Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste, quienes documentaron a partir de información de la ASF una esquema fraudulento en el que se involucraron varios secretarios de Estado. Además de haber ganado diversos premios nacionales e internacionales de periodismo, la investigación aporta evidencias que mantienen a la expresidenta nacinal del PRD en la cárcel de Santa Martha Acatitla.
La pinza judicial sobre Robles no para ahí. Las indagatorias sobre presunta corrupción siguen a todo vapor tanto en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comandada por Santiago Nieto Castillo, como en la Fiscalía General de la República (FGR), liderada por Alejandro Gertz Manero. En ambas instancias se acumulan cajas de documentos aparentemente incriminatorios.
La vena política de la villana favorita del sexenio corre en la Cámara de Diputados, donde se sigue un proceso de juicio político que dará de que hablar en los próximos días, aunque su resolución está contemplada hacia marzo o abril. La defensa de Robles sigue reuniendo pruebas y argumentos para este caso, que parece encaminarse hacia una conclusión que será deliberada en el Senado de la República. El castigo previsible sería la inhabilitación permanente para ejercer un cargo público.
En medio de todo ello, Mariana Moguel Robles –exdirigenta del PRI en la Ciudad de México– está encabezando la defensa política de su madre. Ambas han pedido a Gertz Manero un juicio justo, pero hasta la fecha no ven claro cómo encontrar un canal de interlocución para poder aminorar los castigos que se ciernen sobre la expareja sentimental de Carlos Ahumada, el empresario argentino que orquestó los llamados videoescándalos, en los que pudo verse a personajes cercanos a Andrés Manuel López Obrador recibiendo bolsas de dinero para financiar campañas del PRD.
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Más de una década después, la familia Robles considera que están siendo víctimas de una persecución política por haber intentado descarrilar a AMLO de la sucesión de 2006. En aquel entonces la amenaza de juicio político flotaba sobre el ahora presidente. Ahora, la cárcel y el juicio político desfilan frente al rostro de la otrora compañera de lucha de quienes ahora detentan el poder.
En los pasillos de la 4T murmuran que la información que Rosario Robles posee sobre el esquema de corrupción de la administración de Peña Nieto podría ser la última carta para atemperar la lluvia de juicios y acusaciones. El castigo político parece ser inminente, pero la sanción judicial podría ser ser menos severa, calculan.
En tanto, desde Santa Martha Acatitla ya se confecciona un libro que podría poner a temblar a más de un exsecretario de Estado y, posiblemente, al expresidente que le prometió: “No te preocupes, Rosario”.
@emeequis
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