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Los "pecados" de Berdeja: permisos a CAMSA, violaciones electorales, contactos con Cártel de Acapulco

El actual candidato del PT al gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, acumula cinco militancias diferentes en 30 años de carrera; durante su labor como subsecretario de Seguridad se expidió el permiso para la empresa a cargo de la seguridad durante el incendio donde murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez

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EMEEQUIS.― El candidato del PT a gobernador de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, tiene una carrera política de tres décadas en la que cabe de todo: cinco militancias diferentes, diputaciones locales en dos estados, puestos de poder en gobiernos federales del PRI y de Morena, candidaturas en Guerrero y Coahuila, diputaciones plurinominales, coordinaciones parlamentarias de MC…

Pero nunca como en el último lustro, Mejía Berdeja había acumulado tantos expedientes abiertos como en los últimos tres años: uno de ellos es la autorización de funcionamiento de CAMSA, la empresa de seguridad privada que resguardaba las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez cuando ocurrió el incendio  que mató a cuatro decenas de migrantes.

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Otro, sus encuentros con personeros del grupo delincuencial llamado Cártel Independiente de Acapulco. Y el tercero, su negación de que las medidas cautelares dictadas por la autoridad electoral en su contra por violentar la equidad del proceso electoral de Coahuila fueron ratificadas.

Respecto de los dos primeros casos no se ha pronunciado. En el tercero, ha mentido. Aquí los detalles.

LA EMPRESA FATAL DEL CASO CD. JUÁREZ

El expediente que más recientemente le ha estallado al exsubsecretario de Seguridad Pública ha sido la expedición del permiso para operar al Grupo de Seguridad Privada CAMSA, la empresa que custodiaba la operación de la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 indocumentados en un incendio, en marzo pasado.

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La exjefa de Mejía, Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, dijo tras el incendio que se detectaron varias irregularidades en la operación de CAMSA, pues la empresa tenía reportados cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes, aunque el contrato con el INM era por 503 elementos para las instalaciones ubicadas en 23 estados de la República, según publicó El Sol de México.

Y es que de acuerdo con el Artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Dirección General de Seguridad Privada de dicha dependencia tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:

 ― “Regular los servicios de seguridad privada a cargo de particulares”

 ― “Establecer, operar y actualizar el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada”.

 ― “Verificar que los prestadores de servicios de seguridad privada, cumplan con la autorización respectiva, así como con las disposiciones jurídicas aplicables”.

 ― “Realizar visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la prestación de los servicios privados de seguridad”.

 ― “Dictaminar e imponer las sanciones que procedan por el incumplimiento de las disposiciones aplicables, incluidas las condiciones de la autorización para prestar servicios de seguridad privada en que incurran dichos prestadores”.

 ― “Emitir opinión sobre las solicitudes de particulares que presten servicios de seguridad privada para que el personal operativo pueda portar armas de fuego en el desempeño del servicio”.

De acuerdo con la Sección II del Capítulo V del ordenamiento señalado, la Dirección de Seguridad Privada depende jerárquicamente de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

Según  el registro de Empresas con Autorización o en Proceso de Revalidación de la dirección señalada, consultado por EMEEQUIS, CAMSA obtuvo su permiso en 2020, de acuerdo con el Expediente 203/2020 , la autorización con Número de Registro DGSP/203-20/4166, que obtuvo renovación para el periodo 19/02/2023 – 19/02/2024.

La empresa tiene un contrato de 160 millones con el Instituto Nacional de Migración.

EL TRIBUNAL RATIFICÓ SANCIONES A MEJÍA

Durante el debate entre candidatos al gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía aseguró que las medidas cautelares dictadas en su contra por la autoridad electoral, por desplegar actos de promoción y atentar así contra la equidad de la contienda, “quedaron sin efecto”.

No obstante, el 29 de diciembre del 2022, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral “dejó firmes las medidas cautelares y de tutela preventiva dictadas para garantizar la equidad en el proceso electoral local 2022-2023, en el que se renovarán las gubernaturas de los estados de México y Coahuila”, informó el Tribunal Electoral.

Además particulares, el PAN y el PRD denunciaron al entonces subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana porque, acusaron “realizó actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, para posicionarse con ventaja como aspirante a la gubernatura de Coahuila”, y en la misma denuncia, solicitaron el dictado de medidas cautelares y de tutela preventiva. 

Reseñó el órgano que “la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de Coahuila analizó las pruebas —de entre las que obraban espectaculares, lonas, bardas, calcomanías, entrevistas en medios y publicaciones en redes sociales— y concluyó que resultaba necesario suspender provisionalmente la publicidad difundida, a fin de evitar violaciones en materia electoral, en lo que el fondo del asunto se resuelve”. 

A partir de lo resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, se concedió la tutela preventiva respecto de la entrega de calcomanías y la realización de mítines. Pero el subsecretario acudió ante la Sala Superior a presentar inconformidad.

La Sala Superior, a propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, confirmó la sentencia impugnada, debido a que el subsecretario, señaló la instancia en un comunicado, “no logró desvirtuar el dictado de las medidas cautelares por tutela preventiva” con su argumentación.

Dos semanas después, Mejía salió del gobierno. 

CONTACTOS EXTREMOS

En julio del año pasado circuló en redes sociales una fotografía en la aparecía el entonces subsecretario Ricardo Mejía, acompañado de su esposa, Marlene Cañas, con el abogado Jesús Galeana Sánchez, exdelegado del partido  Redes Sociales Progresistas (RSP) en Guerrero, en plena celebración. 

Jesús GaleAna es hermano de José Galeana, llamado “El Teté” o “El Viejón”, a quien la extinta Procuraduría General de la República (PGR) identificó el sexenio pasado como presunto líder de la organización delictiva conocida como el Cártel Independiente de Acapulco. 

Jesús Galeana, arriba; Marlene Cañas, en medio; Ricardo Mejía, derecha

De acuerdo con el periódico Reforma (25/08/2019), en febrero de 2013 “El Tete” fue capturado en el Fraccionamiento Las Playas de Acapulco señalado por delitos de secuestro, homicidio, posesión de armas, posesión de droga y delincuencia organizada, pero en junio de 2015 recuperó su libertad.

En diciembre de 2018 fue detenido otra vez en un inmueble de Toluca, Estado de México, señalado de controlar la venta y distribución de droga, secuestros y extorsiones en la zona, así como de coordinar homicidios contra integrantes de grupos antagónicos.

Durante el operativo de captura, los agentes de la Policía Federal Ministerial aseguraron estupefacientes, equipos de comunicación y vehículos.

Cabe señalar que en 2015, Ricardo Mejía fue diputado al Congreso Guerrero y en 2018  candidato de MC a presidente municipal de Acapulco.  En 2019 apareció Jesús Galeana como delegado de RSP en el estado. 

Mejía Berdeja no ha explicado su relación con el personaje hasta la fecha.

@estedavid

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