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La liberación de ‘El Chapito’ fue vista como balde de agua fría sobre un incendio

Mientras en el centro vaticinaban la renuncia de Alfonso Durazo, la clase política de Sinaloa expresaba temor por ruptura de acuerdos de paz locales. ¿Quién pagó los platos rotos por la breve captura de Ovidio Guzmán?

10 / 20 / 19

El equipo operativo del presidente Andrés Manuel López Obrador vivió una noche y madrugada intensas luego de los acontecimientos del jueves 17 de octubre, ocurridos en Culiacán, Sinaloa. No atinaban cómo argumentar la decisión del gobierno federal de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo. El silencio de AMLO, aunado al ambiguo mensaje del gabinete de seguridad, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, tenían desconcertados a los funcionarios federales.

 

Mientras que desde Palacio Nacional –el presidente estaba en Oaxaca– afirmaban que era “inminente que alguien tendría que pagar los platos rotos”, desde la Sedena afirmaban que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas “no debería asumir el costo político”. Incluso en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) comentaban que era prácticamente imposible que “el jefe Durazo” conservara su puesto después de la conferencia mañanera del día siguiente.

 

Para sorpresa de muchos, López Obrador afirmó en su rueda de prensa que había avalado la liberación de El Chapito. Y explicó que su gobierno había tomado esa decisión para evitar que hubiera más muertos, debido a que los criminales superaban en número a los elementos de las fuerzas de seguridad. Así, el presidente asumía el costo político de la determinación. Las palabras del tabasqueño erosionaron, en lo inmediato, la versión de que renunciaría Durazo.

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En esas horas, la clase política de Sinaloa expresaba otra lectura. Desinformados sobre el operativo para capturar a Ovidio Guzmán, los funcionarios públicos de la región eran prisioneros del miedo, como la mayoría de la población que miraba azorada el enfrentamiento entre integrantes del crimen organizado y las fuerzas federales, a través de videos que circularon profusamente por las redes sociales, amén de la cobertura de los medios tradicionales. Algunos recuerdan las balaceras y las llamas como una especie de revolución.

 

Pero la preocupación nodal en Culiacán radicaba –y radica– en que la incursión fallida de la Federaciónestaba rompiendo los acuerdos de paz establecidos por los factores reales de poder del estado, entre los que se encuentra el crimen organizado. Los políticos locales recuerdan que durante los últimos años Sinaloa había logrado salir del top de entidades con problemas de violencia relacionada con el narcotráfico. Desde allá veían con relativo alivio que Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Guanajuato ocupaban los focos rojos de atención en los medios de comunicación.

 

Sinaloa había logrado colocarse en un segundo plano en los rubros de violencia, salvo durante el juicio en Estados Unidos contra Joaquín Guzmán Loera y luego del asesinato del periodista Javier Valdez –con sus consecuentes secuelas de impunidad–.

 

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Un viernes antes del fallido operativo, el presidente López Obrador visitó la entidad para acudir a hospitalese inaugurar un estadio de beisbol, lo que lanzó la señal de que todo estaba en orden. El gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien llegó al poder a través de la alianza PRI-PVEM, pronunció mensajes cordiales a AMLO, quien devolvió las cortesías al mandatario local.

 

Para los políticos sinaloenses, la popularidad de Quirino Ordaz prueba que el estado atravesaba por un periodo de calma. La más reciente encuesta de Mitofsky lo coloca como el segundo gobernador con mayor índice de aprobación, con 61.6 por ciento, sólo por debajo del mandatario de Yucatán, Mauricio Vila.

 

Así, la fugaz retención y posterior liberación de El Chapito fue vista desde Culiacán como una decisión que si bien confirmó el poderío del crimen organizado, también evitó un derramamiento de sangre. La decisión del presidente atajó los amagos de venganza de los narcotraficantes, quienes ya preparaban ataques contra militares y sus familias, mismas que ahora mismo buscan resguardo en otros estados y/o lugares con protección castrense.

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A pesar de las críticas y la polarización de opiniones, la decisión presidencial terminó siendo un balde de agua fría arrojado a un incendio que está lejos de apagarse, pero que para la clase política sinaloense representa un respiro.

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REDACCIÓN EMEEQUIS



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