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La banda de los Ferraris: Peña Nieto no era el único

Al menos dos prominentes exfuncionarios del sexenio anterior habrían comprado autos de megalujo a través de testaferros. La UIF desempolvó ese expediente luego de la denuncia de Lozoya, donde se dice que Javier Duarte le habría regalado un Ferrari rojo a Peña Nieto.

Por Redacción EMEEQUIS
20 ago 2020

EPN
Peña Nieto y Videgaray, en una reunión de cónsules y embajadores en Palacio Nacional. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.com

EMEEQUIS.– La afición de la élite priísta por los automóviles Ferrari tiene, otra vez, en graves problemas al expresidente Enrique Peña Nieto.

El miércoles por la noche circuló la denuncia de hechos que hizo el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, ante la Fiscalía General de la República. Entre sus revelaciones está que el expresidente Enrique Peña Nieto habría aceptado como regalo uno de esos lujosos vehículos italianos.

Según las declaraciones de Lozoya, hoy testigo colaborador, el 1 de junio de 2016 el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se acercó a las escalinatas del avión presidencial y le entregó una carpeta al presidente, que contenía las imágenes de un vehículo clásico con la frase: “Este Ferrari perteneció al presidente López Mateos” y las llaves del auto.

“¡Miren lo que me regaló el góber!”, dijo Peña Nieto ante su círculo cercano que le acompañaba en el avión presidencial, según Emilio Lozoya.

EL CLUB DE LOS CONDUCTORES DE UN FERRARI

Los dichos del exdirector de Pemex han caído como anillo al dedo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, ya que fortalece la hipótesis de que el círculo cercano del expresidente priísta era un club de dueños de Ferraris conseguidos con dudosa legitimidad.

Fuentes allegadas a las investigaciones confirmaron a EMEEQUIS que hay dos amigos del expresidente a quienes se les investiga por presuntamente adquirir Ferraris mediante prestanombres.

El primero sería el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, quien habría adquirido a través de un prestanombres uno de esos 800 vehículos de lujo que ruedan por México.

La oficina que comanda Santiago Nieto indaga sobre una red de extorsionadores que operaba desde Los Pinos y, a través de la Secretaría de Hacienda, exigía millones a personas y empresas para no congelar sus cuentas bancarias.

El segundo es el exvocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, quien habría añadido a su colección de relojes de alta gama y vehículos de lujo un Ferrari que guarda en una casa de veraneo y que estaría a nombre de un testaferro.

GÓBERS Y PROCURADORES ‘DESVIELADOS’

Esta no es la primera vez que la debilidad por los Ferrari golpea al círculo cercano del expresidente Enrique Peña Nieto.

Actualmente, la Fiscalía General de la República mantiene una investigación abierta contra el empresario Antonio Vega Serrador, apodado en el sureste mexicano como “el zar de las gasolinas”, conocido por sus negocios opacos y su gusto por los Ferrari de edición limitada.

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En la FGR se le investiga, entre otros posibles delitos, por obtener contratos de obra pública a cambio de sobornos y aportaciones ilegales a campañas electorales del PRI. Entre esos “regalos” estaría la entrega mediante un testaferro de un Ferrari al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien era presentado por el expresidente Peña Nieto como parte del “nuevo PRI” y que hoy se encuentra preso por lavado de dinero.

Un reporte de prensa de finales de 2017 dio a conocer que el entonces procurador general de la República, Raúl Cervantes, había registrado a su nombre un Ferrari 458 Coupé, valuado en 3.8 millones de pesos, en una casa de interés social en Xochitepec, Morelos, con el objetivo de evadir el pago de impuestos.

El escándalo por la posesión irregular de ese vehículo de lujo obligó a Raúl Cervantes a abandonar sus aspiraciones de convertirse en el primer fiscal general del país, un puesto estratégico para la alta jerarquía priísta y que contaba con el visto bueno de su amigo Enrique Peña Nieto.

Y en febrero de 2013 trascendió en la prensa nacional que el entonces líder del sindicato de trabajadores de Pemex, Carlos Romero Deschamps, había obsequiado a su hijo un Enzo Ferrari que entonces estaba valuado por encima de los dos millones de dólares.

El costoso del vehículo, de edición limitada, generó polémica en redes sociales, pero no tuvo consecuencias para el tres veces diputado y dos veces senador priísta. Fue hasta que su amigo Peña Nieto dejó la Presidencia de la República, y Morena llegó al poder, que abandonó el liderazgo del sindicato petrolero, en medio de investigaciones por corrupción y enriquecimiento ilícito.

LA ‘EGOTECA’ DE PEÑA

Según el relato de Emilio Lozoya ante la FGR, después de que el expresidente Enrique Peña Nieto celebró el regalo del exgobernador Javier Duarte, entregó la carpeta a un asistente y le pidió a un mesero abrir un par de botellas de vino tinto Vega Sicilia para celebrar.

“Días después, comentando este tema, me comentó que el Ferrari ya se encontraba en la bodega del museo”, contó Emilio Lozoya.

Aquel el museo –“una egoteca”, en palabras del exdirector de Pemex– se construiría en el Estado de México en una ubicación secreta bajo el nombre de “Museo del Presidente”, donde se esconderían los pagos ilegales que había recibido el expresidente Enrique Peña Nieto, junto con los regalos y reconocimientos obtenidos en el sexenio.

Para hacerlo realidad, según Emilio Lozoya, se le obligó a coordinarse con el secretario técnico del gabinete, Roberto Padilla Domínguez, para apoyar la construcción a cargo de Grupo HIGA, la empresa que había vendido con descuento al expresidente Enrique Peña Nieto la “Casa Blanca” de Lomas de Chapultepec, a cambio de contratos de obra pública.

Después del escándalo de la “Casa Blanca”, el titular de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa, se dedicó a interceder entre empresas de construcción y Pemex a cambio de propinas del 2 al 5% del costo final de las obras, acusó el exdirector de Pemex.

“Dichos montos eran entregados en efectivo a Juan Armando Hinojosa y éste, a su vez, los compartía también en efectivo con Enrique Peña Nieto.

“En una reunión que tuve con Juan Armando Hinojosa en mis oficinas de Pemex, él me relató lo dicho diciéndome que el presidente le había instruido hacer negocios con Pemex para que él y Peña Nieto tuvieran liquidez”, señaló Emilio Lozoya. “La presión que ejercía Juan Armando Hinojosa era indecente, siempre afirmando que era un acuerdo con su socio, el presidente Peña Nieto”.

CORROMPIDOS Y CORRUPTORES

En su denuncia ante la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya dijo tener pruebas y testigos de cómo empresas como HIGA y la empresa Odebrecht corrompieron al poder político mexicano desde la administración de Felipe Calderón hasta la del exgobernador mexiquense.

Además, señaló como beneficiarios de contratos amañados para beneficio personal a los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre otros personajes de la vida política mexicana. 

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Lozoya ubicó como uno de los principales operadores de la trama de corrupción al exsecretario Luis Videgaray, quien organizaba los sobornos a los exlegisladores y ahora gobernadores Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Francisco Domínguez, de Querétaro, así como a los exsenadores Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas, quien en el calderonismo se encargó de combatir la corrupción de las dependencias federales.

De acuerdo con su relato, desde que llegó a la dirección de Pemex, fue presionado por el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y legisladores de oposición para asegurar que la Reforma Energética fuera aprobada sin contratiempos, pues de ello dependían negocios millonarios para grupos empresariales, que se habían acordado desde la campaña presidencial del PRI durante el 2012.

“En general, lo que puedo referir como director general de Pemex, mi primer cargo público relevante en el país, es que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso presionaron para la asignación de contratos o negocios con grupos de interés, nacionales y extranjeros, con quienes el entonces presidente y secretario de Hacienda tenían compromisos, ya sea de índole personal, económicos o político, como el ‘Pacto por México’”.

“El presidente de la República y el secretario de Hacienda referidos me instrumentaron para configurar una asociación de corte delictivo, dirigida a enriquecerse no sólo del erario público, sino a través de la extorsión de personas físicas y jurídicas, el fraude y el engaño –como es el caso de la denominada Estafa Maestra– contraer deuda a cargo del erario público y aprovecharse económicamente de ésta en perjuicio de la nación”, estableció Emilio Lozoya en el documento.

 

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