EMEEQUIS.– El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se enfrascaron en una disputa de comunicados durante el fin de semana, relacionados con el intercambio de información que debería hacerse de manera institucional para la fiscalización de los procesos electorales.
El desacuerdo surgió después de que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE presentara un informe en el que se señalaba que el 90% de las solicitudes de información que ha formulado a la UIF en este 2023 han sido ignoradas; pues de los 54 requerimientos realizados se han respondido tan sólo seis, lo cual obstaculiza la revisión del gasto de partidos y candidatos.
Para ser precisos, la consejera Carla Humphrey Jordan refirió durante la sesión del Consejo General que las propias instancias del Estado mexicano obstaculizan las labores de fiscalización del Instituto, dejando de proveer dentro de los plazos establecidos la información que se les solicita.
Esto para verificar que las operaciones financieras sean reales y confirmar la existencia de distintas empresas para comprobar la veracidad de las facturas que se emiten.
Como hacía mucho no sucedía, la dependencia, a cargo de Pablo Gómez, respondió a los señalamientos de la consejera –esposa de Santiago Nieto, su antecesor en el cargo– y acusó al árbitro electoral de hacer requerimientos fuera de sus atribuciones; toda vez que esa oficina no contaría con facultades para determinar la capacidad económica de las personas, dar a conocer su situación fiscal o transmitir su información financiera, cuando no está relacionada con posibles operaciones con recursos de procedencia.
Lo que en el Pleno del INE empezó como un señalamiento entre dependencias, parece que se personalizó y se convirtió en un pleito más personal que institucional.
Sesión del Consejo General del INE. Foto: Cuartoscuro.com.
EL INE TIENE LA RAZÓN SEGÚN LA LEY
De acuerdo con el artículo 190, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), para el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General del INE no está limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Para ello, cuenta con la Unidad Técnica de Fiscalización, que está facultada para requerir información y documentación comprobatoria de cualquier aspecto vinculado con el origen y destino de recursos.
Asimismo, el artículo 200 de la LGIPE dispone que las autoridades y las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en un plazo máximo de cinco días.
El artículo 221 de la misma ley señala que el INE establecerá convenios de coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Rogelio Ramírez de la O, a través de la unidad administrativa competente en materia de inteligencia financiera, para prevenir, detectar y sancionar el uso de recursos públicos durante cualquier proceso electoral.
Para tales efectos, la SHCP debe informar al INE de las operaciones financieras que involucren disposiciones en efectivo y que se consideren relevantes o inusuales.
CONVENIO ENTRE INE Y UIF
Es más, el Instituto Nacional Electoral suscribió con la UIF un convenio de apoyo y cooperación desde abril de 2015, mismo que fue ratificado el 26 de septiembre de 2019, cuando Santiago Nieto era el titular, del cual fueron suscritos dos Anexos Técnicos.
En ellos se advierte que ambas instituciones intercambiarán la información que les sea solicitada y que resulte esencial para el desarrollo de sus atribuciones legalmente conferidas.
Adicionalmente, el artículo 223 de la LGIPE establece que la SHCP, a través de la unidad administrativa competente en materia de inteligencia financiera, podrá requerir a los organismos o dependencias de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios la información, documentos, opiniones y elementos de prueba en general necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, así como coordinarse con otras autoridades supervisoras en materia de prevención y detección de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Los organismos, dependencias y autoridades deberán colaborar de manera pronta y efectiva.
Además de la UIF, el INE puede realizar solicitudes de información a diversas instituciones, incluyendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS, y el ISSSTE.
PABLO GÓMEZ Y SU ETERNO INTERÉS ELECTORAL
Ya como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez ha mantenido actividad en temas que siempre le han resultado de interés, sobre todo el electoral.
Fue artífice, junto con el ahora secretario de Gobierno mexiquense, Horacio Duarte, de la propuesta de Reforma Electoral que intentó aprobar la autollamada Cuarta Transformación, e incluso se ungió como vocero de ese proyecto presentado desde la conferencia mañanera de Palacio Nacional.
Gómez Álvarez participó en la Tercera Reunión Plenaria con los diputados de Morena, en donde incluso adelantó la creación del conocido “Plan B” ante un escenario en el que se sabía no pasaría la propuesta de reforma cuartotransformista.
Además, activamente, y sin esconderse, se dejó ver en la operación para conformar el Comité Técnico de Evaluación que realizaría las ternas de los consejeros que reemplazarían a Ciro Murayama, Adriana Favela, José Roberto Ruiz Saldaña y, por supuesto, Lorenzo Córdova; éste último, con quien mantuvo una confrontación abierta y lo señaló como representante directo de la oposición a su movimiento político.
@emeequis
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