Este viernes consejeros del INE analizarán posponer el proceso de revocación de mandato y otras tareas que impliquen presupuesto, ante los recortes que ha sufrido el órgano electoral. Se prevén horas de confrontaciones y disputas por parte de morenistas, que no están dispuestos a retrasar la consulta.
EMEEQUIS.– Está previsto que este viernes consejeros analicen la propuesta para posponer tareas que impliquen cuantiosas inversiones, en busca de resolver la insuficiencia presupuestal para realizar el proceso de la consulta de revocación de mandato.
Mientras tanto, sigue el recuento de firmas para avalarlo, que tiene de plazo hasta el 25 de diciembre.
De nuevo el uso del lenguaje que se usa en cuanto a la consulta de revocación de mandato, que no ratificación de mandato, prevista para realizarse el 10 de abril de 2022, es factor clave en el debate sobre el proceso de organización y su concreción.
Este jueves circuló un Proyecto de Acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) en el que se plantea “posponer temporalmente” la realización del proceso para la Revocación de Mandato a propuesta del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.
De inmediato, el presidente nacional de Morena Mario Delgado alertó de ¡golpe a la democracia!, porque el INE pretende suspender el proceso de revocación de mandato, mientras dice que, curiosamente, ciudadanos entregaron 3 millones 700 mil firmas para apoyar su realización, 1 millón más que las 2.7 millones necesarias para la validación, aunque había serías dudas sobre la autenticidad de muchas de ellas.
NO ES LO MISMO POSPONER QUE CANCELAR
El uso de las palabras viene a colación, porque Delgado habla de suspender como sinónimo de cancelar la consulta, algo que –nos dicen– está alejado de la realidad. El INE simplemente buscará continuar adelante con el conteo de firmas para validar la realización del proceso, en tanto que se pospondrán algunas actividades a partir de enero de 2022, específicamente aquellas que requieren una inversión importante.
Nos dicen que se trata de una discusión jurídica, que tiene que ver con insuficiencia presupuestal, y que nadie habla de cancelar el ejercicio de revocación de mandato, y lo que discutirá en el Consejo General es si se pospone la continuación de los trabajos de este proceso ante la falta de recursos, derivada de la decisión unilateral tomada por la Cámara de diputados de reducir el presupuesto del INE.
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El argumento es que se tratan de hacer las cosas bien, conforme a la ley, por lo que si todos los actores políticos están de acuerdo en llevar a cabo consulta de revocación de mandato, es incongruente que no quieran darle al INE los recursos suficientes para hacerla.
Por eso se propone también posponer esas actividades hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la controversia interpuesta por el INE, o bien la Cámara de Diputados otorgue los recursos necesarios para continuar, mientras se exhorta a realizar los ahorros necesarios para contribuir a incrementar los recursos para llevar a cabo la consulta.
SEGUIRÁ EL ACOPIO Y REVISIÓN DE FIRMAS
La verificación de firmas, continuará, pero se dejará de hacer aquello que requiera presupuesto. Por ejemplo: contratar funcionarios de casilla o capacitadores electorales para instalar, eventualmente, 161 mil casillas en abril, algo que demanda de muchísimos recursos.
El INE recordó que solicitó 3 mil 830 millones 448 mil 91 pesos para el proceso de revocación de mandato y sólo cuenta con mil 275 millones 900 mil pesos, tras hacer ajustes a su presupuesto y generar ahorros, lo que resulta insuficiente y los imposibilita a continuar como lo establece la ley.
Y ya que fue esta Cámara de Diputados, esta legislatura, la que aprobó la Ley de revocación de mandato y le impuso al INE las obligaciones para llevarla a cabo, nos dicen, no se entiende por qué ahora le niega los recursos necesarios para llevarla a cabo.
En cuanto la validación de firmas, será otro asunto que seguramente confrontará a los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador con el INE, dado que se encontraron múltiples anomalías en la presentación de los supuestos avales ciudadanos a la consulta. Otro frente que se abre y al que habrán de enfrentarse los consejeros electorales.
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