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El gobierno vigila a dos figuras del PVEM por caso Lozoya

Las autoridades tienen en el radar a los verdes Pablo Escudero y Arturo Escobar. Los videos que trae bajo el brazo Emilio Lozoya podrían meterlos en problemas. El juicio del año está por comenzar.

Por Redacción EMEEQUIS
18 jul 2020

Lozoya
Pablo Escudero y Arturo Escobar son mencionados en el asunto de Emilio Lozoya. Foto: Cuartoscuro.com

EMEEQUIS.– A dos importantes líderes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el gobierno mexicano les ha puesto un discreto marcaje personal para evitar que salgan del país, o se “pierdan” en el territorio nacional, ahora que está por comenzar el juicio del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.

Ambos influyentes políticos estarían involucrados en la trama de sobornos, moches y “propinas” que coordinó Emilio Lozoya en el Poder Legislativo para que se aprobara la reforma energética de 2013 en los términos que necesitaba la poderosa empresa Odebrecht para hacer negocios con Petróleos Mexicanos. Esto de acuerdo con información que fue entregada al gobierno mexicano por jueces españoles que mantuvieron en prisión al exfuncionario antes de su extradición a México.

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El primero es el actual diputado plurinominal, Arturo Escobar y Vega, quien en 2013 era el coordinador de la bancada del PVEM en San Lázaro. En aquel año, los “verdes” tenían la nada despreciable cantidad de 27 votos en la Cámara de Diputados –Morena tenía solo 12 curules– gracias a la alianza electoral que hizo el Verde Ecologista con el PRI para postular a Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.

La investigación que conduce el gobierno mexicano busca comprobar que Arturo Escobar y Vega habría recibido un “incentivo económico” a cambio de poner los votos de esos 27 diputados a favor del proyecto de ley, como finalmente sucedió.

No es la primera vez que Arturo Escobar y Vega es investigado por actos de corrupción: en 2009, como senador de la República, fue sorprendido en el aeropuerto de Chiapas con una maleta Louis Vuitton donde en la que guardaba un millón 100 mil pesos en efectivo.

Debido a que inicialmente no pudo explicar el origen lícito de esos 11 paquetes llenos de billetes, fue remitido la comisaría de la Policía Federal de la terminal aérea. Ahí dio dos versiones: primero, aseguró que el dinero no era suyo, sino del empresario y líder del PVEM en Chiapas, Fernando Castellanos; luego, afirmó que el dinero era del partido y que se usaría para pagar a representantes del partido que trabajarían en casillas electorales en los días siguientes.

Pese a la irregular situación, Arturo Escobar y Vega no fue sancionado ni por las autoridades judiciales ni por el entonces Instituto Federal Electoral. Al contrario: logró ser diputado federal en 2012, coordinar la bancada para la aprobación de la reforma energética y en 2015 fue nombrado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, un cargo al que decenas de organizaciones civiles se opusieron por su pasado turbio.

SEGUNDO BAJO LA LUPA

El segundo líder del PVEM al que le han puesto vigilancia para saber por dónde se mueve es Pablo Escudero, expresidente del Senado de la República e, irónicamente, presidente de la Comisión Anticorrupción en la Cámara Alta.

Al igual que su compañero de partido, la carpeta de investigación contra Emilio Lozoya lo vincula a posibles pagos irregulares para lograr que su bancada de seis integrantes, en 2013, votara unánimemente a favor de la reforma energética. Y así lo hicieron.

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Pablo Escudero tampoco está exento de escándalos, pese a que alguna vez soñó con convertirse en fiscal anticorrupción del país: él es el propietario de un rancho con valor aproximado de 280 millones de pesos llamado “Reserva Salazar”, escondido en una zona boscosa donde viven los hombres más ricos del país cerca de La Marquesa, Estado de México.

Pablo Escudero adquirió esa casona de descanso –con caballerizas con calefacción individual, club hípico y cabañas a todo lujo– en 2016, tres años después de la aprobación de la reforma energética. Dos años antes, en 2014, en entrevista para el sitio Cuna de Grillos, el pevemista aseguró que como diputado ganaba 110 mil pesos mensuales y, como senador, 124 mil. Si se suman sus ingresos totales en los últimos nueve años como servidor público, apenas alcanzaría para cubrir el 7% del valor total del rancho de lujo.

La cuentas no cuadran, pero Pablo Escudero nunca explicó cómo logró comprar una propiedad tan ostentosa con su sueldo de servidor público, porque cuando la existencia de su rancho millonario surgió en medios de comunicación, en 2018, él ya había solicitado licencia al Senado de la República para ausentarse de sus actividades públicas y dedicarse a proyectos privados, como escribir un libro sobre su experiencia en el combate a la corrupción.

Ambos jóvenes políticos ahora se encuentran en la mira de las autoridades, quienes han solicitado al Instituto Nacional de Migración que de aviso a la Fiscalía General de la República si sus pasaportes aparecen en algún vuelo que los lleve fuera de México.

Además, la Secretaría de Hacienda se encuentra alerta a sus cuentas bancarias, y la de sus allegados, ante un eventual retiro de fondos que pudiera alterar la investigación.

Las fuentes consultadas por este medio aseguraron que, hasta el momento, ninguno de los dos políticos del PVEM se encuentra formalmente acusado de algún delito, pero que la vigilancia sobre sus pasos se hace de manera preventiva, ante la cantidad de servidores públicos y exfuncionarios que han abandonado el país –o que se encuentran ilocalizables– después de que se conoció la noticia de que Emilio Lozoya sería extraditado a México para cooperar en las investigaciones sobre sobornos a políticos relacionados con la reforma energética.

Este viernes, EMEEQUIS publicó que varios legisladores activos en 2013, protagonistas de los cambios legales a Petróleos Mexicanos, están “desaparecidos”: por ejemplo, Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador panista por Campeche e integrante de la Comisión de Energía cuando se dio la reforma energética, y Salvador Vega Casillas, exsecretario de la Comisión de Energía y quien en tiempos de Felipe Calderón fue secretario de la Función Pública, la dependencia encargada de investigar actos de corrupción.

Y el jueves pasado, a horas del aterrizaje del avión que traería a Emilio Lozoya de vuelta a México, con sus secretos bajo el brazo, la senadora priísta, Vanessa Rubio –exsubsecretaria de Hacienda y excoordinadora de la campaña presidencial del PRI en 2018– partió de México súbitamente tras pedir licencia a su cargo argumentando que quería dedicarse a la docencia en Inglaterra.

Las fugas que ha causado Emilio Lozoya con su llegada a México tienen al gobierno mexicano investigando y guardando los lugares. 

Que nadie se mueva, el juicio más esperado del año está por comenzar.

 

@emeequis

 

 

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