SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– Carlos espera que, al finalizar su formación como docente, el gobierno no precarice su labor como sí lo hicieron las Universidades del Bienestar con sus profesores de licenciatura.
Estudia desde hace dos años la carrera de Formación Docente en Educación Básica en la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García” (UBBJG) que se encuentra en el pueblo de San Bernardino, alcaldía Xochimilco.
Antes el nombre de este plantel era José Santos Valdés, y era una de las universidades financiadas por legisladores de Morena. Ahora forma parte de las 100 Universidades del Bienestar instauradas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Diariamente Carlos recorre la ciudad entera. Se transporta de la alcaldía Gustavo A. Madero hasta Xochimilco para seguir estudiando el quinto ciclo de la licenciatura, porque espera convertirse en profesor rural para trabajar en el sur del país.
Tiene 28 años y afirma ya no está en momento de “perder el tiempo” y necesita una educación segura, pero siente que la calidad del lugar donde estudia bajó drásticamente después de que la institución despidiera injustificadamente a la mitad de sus profesores el año pasado.
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“Esto me hace sentir poco seguro por la falta de certificados, porque tampoco están dando la validez como si no fuera una universidad buena. Nos vinculan mucho con este sexenio, con Andrés Manuel López Obrador. Todo eso genera incertidumbre porque lo que buscamos es seguridad”, cuenta el estudiante, que pide cambiar su nombre por miedo a represalias, en entrevista con EMEEQUIS.
Teme que al finalizar sus estudios no tengan validez educativa, los conocimientos sean sean deficientes, o encuentre un panorama de precarización e inestabilidad al trabajar como docente, tal como afirma, le hizo la universidad a sus propios profesores. “¿Qué podemos esperar nosotros como docentes al salir a trabajar?”, se cuestiona el alumno.
Asegura que desde el año pasado, cuando la sede Xochimilco despidió a 5 de sus 12 profesores, la calidad de aprendizaje bajó. Dice que ahora no hay oportunidad de profundizar los conocimientos, e incluso la escuela les adeuda materias por falta de profesores. A su generación, la universidad le debe tres materias por falta de maestros para impartirles las clases, pero de la misma forma están los alumnos de otros grados.
“Ahorita se hacen cargo estos pocos profesores para todos, ahí es donde se notó la baja y se le cuestionó también a Raquel Sosa”, directora del organismo coordinador de la Universidades del Bienestar.
De acuerdo con los datos del Organismo Coordinador de la Universidades del Bienestar, durante el ciclo escolar 2021-2 en el mes de agosto del año pasado, había un registro de 429 alumnos; de los cuales, a los alumnos consultados afirman que sólo hay una plantilla docente de 6 profesores, una de ellas la directora del plantel, quienes tienen que atender a todo el estudiantado.
Los estudiantes activos de las Universidades del Bienestar continúan con la incertidumbre de la validez de sus estudios. Esto ha hecho desertar a decenas y otros, afirma, sólo se mantienen por la beca de 9 mil 400 pesos que les dan cada ciclo escolar que dura cuatro meses.
MAESTROS AÚN EN LUCHA POR DESPIDOS IRREGULARES
La duda no sólo pesa entre los estudiantes, también en la planta docente. Sobre todo quienes fueron despedidos y ahora siguen procesos legales en contra de la institución, incluso algunos en la vía penal contra Raquel de la Luz Sosa.
López Obrador durante la inauguración de la sede de Zinacatepec, Puebla. Foto: Cuartoscuroc.com.
“TUVIMOS QUE PAGAR TRATAMIENTO VS COVID”
La esperanza por tener una plaza estable como profesora, hizo que Silvia Arévalo Gutiérrez se mudara de Jalisco a la Ciudad de México, para trabajar como docente en la sede Xochimilco de las Universidades del Bienestar instauradas por el gobierno de la Cuarta Transformación.
En agosto de 2019 empezó a trabajar como docente y se dio cuenta que los maestros que estaban contratados con anterioridad llevaban siete meses sin recibir pago y con la promesa de tener plaza hasta la creación del Organismo Coordinador de las Universidades del Bienestar. El decreto se publicó en julio de 2019 pero las basificaciones nunca llegaron, los hacían firmar convenios de prestación de servicios educativos con caducidad limitada, desde uno hasta 6 meses.
“No nos daban ningún derecho, incluso nos exigían que no nos reconociéramos como trabajadores de la UBBJG. Nos despojaron de cualquier propiedad intelectual. Con ese convenio no teníamos ninguna prestación ni seguridad médica. Nos tocó lo duro de la pandemia y los maestros que enfermamos de Covid tuvimos que pagar los tratamientos de nuestra y no nos dieron incapacidad”, relata la docente en entrevista.
Silvia continuó en plena pandemia, con planes de estudios inconclusos y sin recibir cursos de capacitación o al menos, comunicación de los directivos para organizar cómo se darían las clases virtuales. Además, en enero de 2021 la coordinadora, Raquel Sosa ordenó que a ningún docente podrían pagarle más de 30 horas por semana, reduciendo los ingresos de toda la plantilla.
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Fue hasta junio de 2021 cuando a Silvia la despidieron de manera injustificada. Pese a que es normalista con maestría en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y el Conacyt; la razón por la que se dieron los despidos en las Universidades del Bienestar, según declaró Raquel Sosa fue que “no cubren con el perfil para desarrollar las actividades”.
Al igual que Silvia Arévalo, se contabiliza que son aproximadamente 200 profesores despedidos desde el año pasado, quienes han conformado la Asamblea de Trabajadores UBBJ por los Derechos Laborales. Tienen en proceso una demanda jurídica colectiva con más de un centenar de maestros y otras de manera individual.
Se juntaron para defender sus derechos laborales y ya realizaron una primera audiencia en la que Raquel Sosa ha negado la relación laboral de los docentes con la universidad.
“Más allá del abuso laboral está el problema de cómo se concibe la educación superior en el país, no es posible que el programa ícono en educación superior del gobierno federal esté sustentado en la precariedad laboral”, critica la académica Silvia Arévalo.
Pese a estas movilizaciones y denuncias de extrabajadores, las contrataciones precarizadas continúan. La forma de despido ahora es esperar 70 días posteriores a que se termine el convenio de prestación de servicios, sin avisar a los profesores de su despido, para que no tengan oportunidad de presentar una denuncia ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
En marzo los académicos despedidos solicitaron apoyo a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para intervenir y dar resolución a las irregularidades laborales registradas en la Universidades del Bienestar; sin embargo hasta finales de mayo, no han recibido respuesta alguna.
Los académicos despedidos solicitaron apoyo a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, pero luego de dos meses no han recibido respuesta. El cálculo de ceses ha subido a cerca de 200.
EGRESADOS EN INCERTIDUMBRE SIN TÍTULOS UNIVERSITARIOS
Los primeros egresados de las Universidades del Bienestar se están quedando sin títulos profesionales.
Así lo dio a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la recomendación 75/2022 por la violación a los derechos humanos a la libertad en el ejercicio de la profesión y falta de legalidad y seguridad jurídica por la portergación de entrega de títulos profesionales a tres estudiantes de la generación 2016 egresados en 2019 de la Escuela de Derecho “Ponciano Arriaga” en la Ciudad de México.
“Desde septiembre de 2019 estuve pidiendo mi egreso, pero lo que me decían era que no tenían la impresora, que le faltaba tinta, que les faltaban los sellos”, relata una de las denunciantes ante la CNDH, referida como la “víctima tres”, en entrevista con EMEEQUIS, quien por miedo a represalias pide no publicar su nombre.
Afirma que el asunto ya se ha tornado en un problema personal con la coordinadora Raquel Sosa en contra de estudiantes que la cuestionaron durante su periodo estudiantil.
La “víctima tres” en abril de 2020 solicitó una mesa de diálogo con autoridades capitalinas para terminar con el paro estudiantil que empezó en febrero por la falta de procesos de titulación y recursos para que el plantel operara. Esta acción, Sosa Elízaga la tomó como un atentado contra su trabajo y comenzó a amenazar a la denunciante.
Tras la recomendación de la CNDH, el Organismo Coordinador de la Universidades rechazó el exhorto y amenazó a los estudiantes que se quejaron con demandarlos por la vía civil y penal por acoso y hostigamiento en contra de la coordinadora Raquel Sosa.
Incluso, la coordinadora ha tratado de inferir que los denunciantes no son estudiantes del plantel, pues afirma que sus documentos fueron “perdidos” durante el paro estudiantil. “No nos consta que la información que contenía tuviera sustento físico, ya que diversos expedientes académicos y de docentes se perdieron durante el paro y tuvieron que ser reconstruidos después de julio de 2020”, se puede leer en el acta de rechazo a la solicitud presentada por la Coordinación de las Universidades del Bienestar.
Expedientes de académicos y docentes “se perdieron” durante el paro.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó que en un plazo no mayor a 15 días se envíen los títulos de las víctimas a la Dirección General de Profesiones de la SEP y que en no más de seis meses se diseñe un protocolo para la titulación de alumnos de generaciones anteriores para evitar faltas administrativas. Pero hasta el momento no ha habido respuesta positiva para las víctimas, porque la institución rechazó la recomendación.
Se acumulan las quejas y denuncias contra Raquel Sosa. Foto: Cuartoscuro.com.
DENUNCIAS PENALES CONTRA RAQUEL SOSA
Contra la coordinadora de las UBBJ, Raquel Sosa recaen denuncias jurídicas e incluso penales.
Los profesores despedidos interpusieron una queja en la Secretaría de la Función Pública contra la Sosa Elízaga, sin embargo, afirman, es un proceso que no avanza.
“Ellos sólo nos respondieron que le iban a dar seguimiento a la investigación y que estaban enterando a la Secretaría de Educación Pública. Parece para lavarse las manos porque está claro en el decreto que el Organismo Coordinador de la Universidades del Bienestar es un ente autónomo y tampoco la SEP no se ha dignado en respondernos”, cuenta Silvia Arévalo, profesora despedida en junio de 2021.
Por su parte, la “víctima tres” que denunció el retraso para la entrega de su título profesional, interpuso una denuncia penal contra la funcionaria por abuso de poder, debido a las constantes amenazas de afectarla en la vía legal; sin embargo se cuestiona que la justicia ha sido lenta.
Sosa “no nos reconoce como víctimas de violación a derechos humanos y que todo lo que decimos no es cierto, ya casi casi nos dice que no estudiamos ahí. Nos acusa a los tres de que fuimos paristas, que los tres tomamos la escuela”, sin embargo afirma que el proceso jurídico contra ella sigue abierto. “No sé por qué esta denuncia no ha avanzado, pero tengo denuncias en el Órgano Interno de Control de la FGR y en la Visitaduría de la FGR”, cuenta que seguirá el proceso de denuncia ante las instituciones correspondientes para obtener la validez de sus estudios.
@GloriaPE_
