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Tras las pistas del caso Ayotzinapa: muchos testimonios, pocos hallazgos físicos

Entre 2019 y 2022, el organismo encargado de investigar los hechos para obtener justicia en el caso Ayotzinapa realizó 102 operativos para la búsqueda de indicios sobre los estudiantes, pero sólo en 17 hubo resultados considerados positivos, entre estos, fragmentos óseos y un casquillo de bala.

8 / 31 / 22

EMEEQUIS.– Cuando se cumplían cinco años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, y 10 meses de la entrada de un gobierno que prometió esclarecer el crimen, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa encontró el primer nuevo hallazgo en una acción de búsqueda: documentos, fotografías y objetos posiblemente relacionados con lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Guerrero.

En el operativo se aseguró una choza y un terreno situado en Carrizalillo, Eduardo Neri, Guerrero, a donde integrantes de la comisión, la Fiscalía General de la República (FGR), la policía ministerial y servicios periciales acudieron por una informante, Anabel N., quien, como otros, ha aportado datos sobre posibles sitios donde pudieron ser diseminados clandestinamente restos de los normalistas, o donde podrían encontrarse indicios por ser zonas de dominio del cártel de Guerreros Unidos, al que se atribuye el crimen con protección y complicidad de policías y fuerzas armadas, según la reconstrucción de hechos del actual gobierno federal. 

Guiados así, por informantes –algunos declarados exintegrantes de dicho grupo criminal que ahora colaboran en las investigaciones–, personas privadas de su libertad, así como por coordenadas identificadas por inteligencia militar o a petición de los padres de los 43, entre 2019 y 2022 el organismo encargado de investigar los hechos para obtener justicia realizó 102 operativos para la búsqueda de indicios sobre los estudiantes, pero sólo en 17 hubo resultados considerados positivos, entre estos, el hallazgo de fosas clandestinas y fragmentos óseos, de acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

Reunión ordinaria en febrero pasado de la Comisión para la Verdad y Acceso a Justicia del Caso Ayotzinapa. Foto: Facebook.

LAS RUTAS DE LOS INFORMANTES

El primer operativo o acción de búsqueda que realizó la actual administración federal data del 8 de marzo de 2019 –tres meses después de la toma de protesta de un gobierno que prometió esclarecer el crimen– en el segundo Vado de Cocula. Al sitió acudió, además de la Comisión para la Verdad, las policías federal y ministerial, así como servicios periciales, por datos proporcionados por dos informantes Felipe N. y Miguel N., quienes aseguraron que posibles restos de los normalistas podrían estar en ese lugar. No obstante, el resultado fue negativo.

Los mismos informantes proporcionaron ubicaciones de presuntas casas de seguridad del cártel de Guerreros Unidos en la colonia Grajales, de Iguala, donde se llevó a cabo, aquel día también, un segundo operativo con las mismas corporaciones e integrantes del organismo creado para indagar el caso; sin embargo, tampoco arrojó resultados. 

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Por otro informante, All N., se realizó el tercer operativo un mes después, el 9, 10 y 11 de abril, en La Parota, Iguala. El informante fue trasladado desde Cancún, Quintana Roo, al lugar en el que, afirmó, podían existir indicios de lo ocurrido con los estudiantes, pero el saldo igualmente fue negativo. 

En las acciones de búsqueda, la Comisión también se ha basado en datos recibidos por otras vías. Por ejemplo, del 16 al 29 de mayo de 2019 coordinó un operativo en pozos alrededor de la ciudad de Iguala que se encuentran en Cerro Tijerillas, La Parota y otros parajes, debido a una llamada de un informante de Amarillo, Texas, quien dijo que ahí podrían encontrar restos. En esta acción se usaron binomios caninos, mas no hubo hallazgos.

El mismo informante dirigió a otra expedición, en la que además de los participantes habituales intervino el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, donde se exploraron del 19 al 25 de junio de aquel año, las minas en el sitio conocido como El Candelero, así como pozos, también sin resultados.         

Por solicitud de los padres de los 43, de igual forma se realizaron operativos, como la inspección al 27 batallón de Infantería en Iguala, el 24 de julio de 2019 –a casi cinco años de los acontecimientos de la noche del 26 de septiembre de 2014–, sin hallazgos.

Con base en la versión del actual gobierno, el entonces coronel José Rodríguez Pérez, integrante de aquel batallón, dio la orden de matar a seis estudiantes que se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos. Los padres, desde el momento en que se visibilizaron los hechos, pidieron que se investigara la posible participación o conocimiento de los hechos del Ejército en Iguala.  

Otros de los informantes por los cuales la Comisión realizó acciones de búsqueda son Jesús N. y Anabel N., que remitieron a casas de Iguala y terrenos en Atzcala, Cocula, y Carrizalillo, Eduardo Neri.

En el segundo caso, aunque la primera exploración, del 20 al 22 de agosto de 2019 no dio respuestas, en una subsecuente, del 9 al 10 de septiembre del mismo año, localizaron documentos, fotografías y objetos posiblemente relacionados con la investigación. Este operativo, el número 12, es el primero en el que el resultado fue positivo, 10 meses después del inicio del actual gobierno y cinco después de la desaparición forzada de los alumnos de la normal rural Raúl Isidro Burgos.

Anabel N. guio otras expediciones en las que no hubo hallazgos, entre éstas a la barranca de Zopilote, en Eduardo Neri, y Atzcala. A estos mismos puntos también constantemente remitieron otros informantes como Miguel N. 

OSAMENTAS, RESTOS, FOSAS…

El 24 de octubre de 2019, la Comisión lideró una búsqueda, en El Amate, Cocula, a donde acudió por un informante identificado como Agustín N. en una operación que duró hasta el primero de noviembre, encontraron seis osamentas que fueron exhumadas.

Estos son las primeras piezas óseas halladas oficialmente tras el cierre de investigación que hizo el gobierno anterior. En el anexo 1, Fichas de búsqueda, del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, no se hace referencia sobre la situación de estos elementos, pero corresponden al operativo 18 de 102.

Del 14 al 28 de noviembre de aquel año, en otra expedición, la número 21, en la barranca la Carnicería había, según la relatoría del organismo investigador, 15 fragmentos de restos óseos expuestos a la intemperie e incinerados. 

Seis fueron remitidos al Laboratorio de Medicina Legal de Innsbruck, Austria, donde, junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, se corroboró la identidad de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, cuya información fue publicada el 7 de julio de 2020.  

Por análisis de huella genética, sólo hay dos normalista identificados: Christian Alfonso y Jhosivani Guerrero de la Cruz, cuyo resto óseo fue encontrado en un lugar diferente al que el anterior gobierno, a través de la “verdad histórica”, situó como paradero de todos los estudiantes. Jhosivani había sido supuestamente identificado por la administración anterior; no obstante, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acusó que se pretendió dar por identificado sin los resultados genéticos suficientes, los cuales, afirma, se tuvieron hasta junio de 2021.

En febrero de 2020, en un operativo (número 26) en Pueblo Viejo, Monte Oret, de Iguala, y por información del colectivo Los otros desaparecidos de Iguala, se encontraron tres fragmentos óseos en superficie. 

También ese mes, por datos proporcionados por el colectivo Madres Igualatecas, que buscan desaparecidos, fueron exhumadas 21 osamentas que se encontraban en la Barranca del Tigre, en el ejido Jesús de Nazaret, en Iguala. 

Para localizarlas, las organizaciones y corporaciones participantes realizaron pozos de sondeo, excavaciones en cala y perfilamiento de tierra. Después, tras utilizar maquinaria pesada y binomios caninos, identificaron 13 fosas clandestinas en donde estaban las osamentas.

En abril, camino al basurero de Cocula, recuperaron mediante la técnica de cribado, fragmentos óseos que presentaban características “de intemperismo y carbonización por exposición térmica”. 

En agosto, en nueva búsqueda en la barranca La Carnicería, en Cocula, FGR, el ejército, servicios periciales, la policía ministerial y la Comisión para la Verdad hallaron un hueso cuboide y calcáneo, que, tras análisis genético en Innsbruk, se determinó que correspondía al pie derecho de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. En total, hubo seis huesos y un casquillo calibre 7.62 milímetros. 

El informante fue el testigo colaborador Juan N., vital en la “nueva verdad” sobre lo acontecido con los 43. Juan había declarado en febrero de 2020, pero ahora, con el beneficio de testigo colaborador, amplió declaración en mayo de este año y afirmó que lo ocurrido aquellas horas se dio con el apoyo del Ejército, de la Policía Federal, de la Policía Estatal y de la municipal, que respondían a las órdenes de un líder de Guerreros Unidos conocido como “El Güero Mugres”, acaecido el 28 de marzo de 2018.

Según él, “El Güero Mugres” habría sido el que dio la orden de “matar a todos” los normalistas de Ayotzinapa. El nombre de este capo fue Jesús Pérez Lagunas, asesinado mientras se indagaba el caso y quien es una de las 26 piezas perdidas en la investigación. Se trata de catorce líderes del cártel de Guerreros Unidos, dos de sus familiares directos, dos integrantes de la facción Gente Nueva  y siete testigos o personajes que tenían información sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que han fallecido o sido asesinada entre el 14 de octubre de 2014 y el 24 de mayo de este año, y, de acuerdo con el informe oficial del gobierno federal, estaban vinculadas a este caso.

Juan N., que afirmó ser parte de Guerreros Unidos, también remitió a las autoridades a otros puntos de la barranca La Carnicería, donde no hubo hallazgos y a uno más en la que se halló una vértebra lumbar, según los resultados del Instituto de Medicina Legal de Innsbruck, corresponden a Jhosivani Guerrero de la Cruz. Lo anterior, como resultado de un operativo, el 45, que se llevó a cabo del 19 al 31 de octubre de 2020.

Este nuevo testigo es clave en la “nueva verdad” porque asevera que, como el asunto de los 43 alcanzó proyección mediática, no alcanzaron a calcinar y disolver todos los cuerpos en ácido, por lo que algunos restos fueron dispersados en más lugares, no sólo el basurero de Cocula, donde se centra la denominada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Sus ubicaciones, por lo tanto, se basaron en esta barranca, donde hubo más de una decena de nuevas inspecciones.

Por la ampliación de sus dichos, según la Comisión, otro operativo en el mismo punto dio con la recuperación en criba de un resto óseo, del 10 al 16 de diciembre de 2020, y otro más, del 26 de febrero al 12 de marzo de 2021, de cuatro fragmentos más.

Por información de otro testigo colaborador, Damián, más datos recabados por inteligencia militar y el ministerio público de Guerrero, en el basurero de Tepecoacuilco de Trujano se recuperaron en criba un resto óseo carpo, tras una excavación para realizar pozo que duró del 3 al 17 de marzo de 2021. 

Del 17 al 27 de abril de ese año, nuevamente por informes de Juan N. –el principal remitente a puntos donde, afirmó, había indicios– en la barranca La Carnicería fueron localizados tres cartuchos percutidos. 

Este miembro confeso de Guerreros Unidos, que ahora testifica para obtener beneficio en su causa penal, también dirigió a los buscadores a la barranca de Tonalapa, ejido Coacoyula, en Tepecoacuilco, donde no hubo hallazgos. A ese punto y a ese municipio también remitieron otros informantes como Víctor N. 

Carlos N. y Ariel N. dirigieron a un operativo en Carrizalito, Eduardo Neri, entre el 1 y el 9 de junio de 2021, donde se encontraron fragmentos óseos distribuidos en cinco grupos, 36 indicios balísticos y uno en ropa, que fueron integrados a la investigación. 

Según los informes, la Comisión también siguió rutas proporcionadas por personas civiles no identificadas que otorgaban coordenadas en papel, como la de La Laguna, ejido de Carrizalito, donde hubo, al menos, tres operativos oficiales por estas fuentes de información.

Desde los operativos 86, 87, 88, 89 y 93 que se llevaron a cabo entre el 16 de enero y el 28 de marzo de 2022 en el camino a la barranca La Carnicería, donde se recuperaron en criba al menos nueve restos óseos, de nuevo por información del testigo colaborador Juan N., no hubo más resultados positivos en las acciones de búsqueda.

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SOBRE EL AUTOR

Áxel Chávez



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