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Témoris pide procesar a magistrado por proteger gasoducto de TC Energy

El 7 de noviembre pasado los comuneros de Témoris presentaron una denuncia en contra del magistrado agrario José Luis Martínez Zamora por el delito de obstrucción a la administración de justicia. Los tubos siguen ahí. #NegociosNeoliberales

11 / 21 / 23

EMEEQUIS.– Ante la postergación de la ejecución sentencias que ha terminado por proteger el gasoducto de TC Energy, los comuneros de Témoris, Chihuahua, presentaron una denuncia por obstrucción de la administración de justicia en contra del magistrado José Luis Martínez Zamora, titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5 de Chihuahua.

En noviembre de 2018, el juzgador concedió la nulidad de los contratos que habían permitido a las empresas el uso de la tierra (servidumbre de paso) de los comuneros de Témoris, las excavaciones y la operación del gasoducto El Encino – Topolobampo por sus tierras, debido a la falsificación y alteración de documentos.

Por ello, determinó la cancelación de escrituras públicas relacionadas, la evaluación pericial del daño ecológico y el pago de daños y perjuicios, y la reposición de negociaciones o el retiro de instalaciones.

No obstante, tras la intervención del gobierno federal y específicamente del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que amenazó a los comuneros con reprimirlos, el magistrado Martínez Zamora se volvió contra sus propias sentencias.

Las empresa subsidiaria de TC Energy, operadora del gasoducto, ni se dio por notificada ni redujo un centímetro cúbico del flujo de su gas hacia la central de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Topolobampo, confiada en el respaldo del gobierno federal, del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien agradeció el apoyo para sus negocios; y del propio Tribunal Agrario.

Como publicó EMEEQUIS en entregas anteriores, el Gasoducto El Encino–Topolobampo de la empresa TC Energy es un un tubo de 572 kilómetros de largo y 30 pulgadas de ancho por donde pasan todos los días 670 millones de pies cúbicos de gas natural, una cantidad semejante a la que producirían tres plataformas petroleras, que atraviesa la Sierra Tarahumara y pasa en las entrañas de Témoris, cabecera municipal de Guazapares, Chihuahua.

Con documentación fraudulenta, engaños y el respaldo del gobierno impusieron la introducción del ducto, que surte de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Sinaloa.  

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En 2012 comenzaron las obras y para 2016 ya habían comenzado las pruebas, que causaron daños a viviendas y a la salud de habitantes de Témoris. Los comuneros emprendieron entonces un litigio que topó con la estrategia de desgaste de TC Energy y el gobierno federal.

LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL Y LAS AMENAZAS DE GOBERNACIÓN

En 2012 se licitó un contrato de construcción, operación y mantenimiento de la obra del Gasoducto El Encino–Topolobampo, quinto y último del Sistema de Transporte de Gas Natural Norte – Noroeste.

En noviembre de ese año se anunció el fallo: lo ganó Transportadora de Gas Natural del Noroeste, subsidiaria de TC Energía, que entonces aún se llamaba TransCanada Pipelines Limited, un gigante en los sectores de generación, almacenamiento e infraestructura energética, con más de seis décadas en el mercado.

El contrato con Transportadora de Gas del Noroeste (SE-SM-EETO-003-2012) para el transporte de gas natural se suscribió el 2 de noviembre de 2012, en el cual la CFE se comprometió a pagar mensualmente, por 25 años ―ampliado después a 27―, un “cargo fijo por capacidad”, que incluye operación, mantenimiento y amortización de deuda a los accionistas de la empresa; además, un cargo variable por uso, y otro más más por el combustible.

 La empresa divide el “Sistema El Encino – Mazatlán” en dos segmentos, el primero de ellos compuesto por el gasoducto El Encino – Topolobampo, de 570 kilómetros de extensión y una capacidad de 670 millones de pies cúbicos diarios, en el que dice haber invertido 1 mil cien millones de pesos, y que describe como “un proyecto para la construcción, operación y mantenimiento del sistema de transporte de gas natural en la región noroeste de México, para conectar el gas natural proveniente de Estados Unidos con centros de demanda estratégica a lo largo de la costa del Pacífico mexicano. Este ducto comenzó a operar a mediados de 2018. El sistema conecta a los estados de Chihuahua y Sinaloa cruzando la Sierra Tarahumara”.

Y el segundo segmento, que va de El Oro a Mazatlán, completamente ya dentro de territorio sinaloense, de 430 kilómetros y una capacidad de 202 millones de pies cúbicos diarios, en el cual señala haber erogado 393 millones de dólares.

En Témoris, el gasoducto El Encino – Topolobampo cruzó por tierras de propiedad privada y por parcelas comunales. En el primer caso, las negociaciones de la empresa se desarrollaron de manera individual con los particulares: algunos de ellos recibieron compensaciones económicas por las afectaciones, otros, becas para sus hijos, o ambas modalidades.

En   junio de 2013, el comisariado de entonces realizó una asamblea de comuneros en la que la empresa obtuvo “la autorización para el establecimiento de una servidumbre voluntaria de paso, a su favor, por un plazo de 30 años, mediante la entrega de contraprestaciones a favor de la comunidad”.

Del mismo se derivaron actas de asamblea y acuerdos falsificados que la empresa usó para aterrizar su proyecto. En noviembre de 2018 el Tribunal Agrario anuló los contratos fraudulentos y ordenó reponer los acuerdos o regresar a las situación previa, es decir, extraer el gasoducto.  

Como no se cumpliera la sentencia, la población, y principalmente los copropietarios de tierras bajo régimen de propiedad agrícola comunal, o comuneros, se movilizaron en diversas protestas hasta que cerraron las válvulas, en dos ocasiones, para exigir el cumplimiento de la sentencia, la última en abril pasado. 

Tras la segunda, ocurrida en abril de 2023, intervino Adán Augusto López Hernández, que aún despachaba como secretario de Gobernación. Se comunicó con los quejosos, les pidió que abrieran la válvula, les prometió que ya todo se iba a arreglar, y los citó en sus oficinas del Palacio de Bucareli, en la Ciudad de México

Pero su intención era amenazarlos con reprimirlos con la Guardia Nacional si se atrevían a continuar con su lucha.

El ducto de gas natural. (TC Energy).

OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA

En septiembre 2022, la Juez Octavo de Distrito con residencia en Chihuahua dictó sentencia en la cual ordena dejar sin efecto el auto de fecha 10 de febrero de 2022 en el que la empresa había conseguido que se archivara el expediente agrario del litigio emprendido por los comuneros, y ordena continuar el procedimiento de ejecución de la sentencia y hacer efectivos los medios de apremio.

Para marzo de 2023, el Tribunal Agrario hace efectivos los medios de apremio contenidos en la Sentencia Agraria Firme, consistentes en regresar las cosas al estado en que se encontraban antes de la celebración de los contratos declarados nulos, que implicaban el retiro de los ductos de tierras de la comunidad de Temoris.

Pero a ello sólo continuaron dilaciones. El 29 de septiembre de 2023, la representación legal de los comuneros presentó una denuncia por repetición de acto reclamado, en contra del Tribunal Unitario Agrario por la omisión de ejecutar la sentencia agraria en su totalidad, y sobre todo por no dictar y ejecutar las medidas necesarias para retirar el tubo y ordenar el pago de los daños y perjuicios causados a la comunidad de Témoris, como ordenaba la sentencia.

Según explica la representación legal de los comuneros, dicha omisión, de acuerdo con los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo, tendrían como consecuencia la destitución del cargo del magistrado agrario de José Luis Martínez Zamora, y su consignación ante la Fiscalía General de la República

Pero nada de eso ocurrió. En lugar de ello, el 9 de octubre de 2023, el magistrado Martínez Zamora  resolvió contra la petición de la comunidad de Témoris de regresar las cosas al estado en que se encontraban y retirar los tubos, así como reparar los daños y perjuicios causados.

Ejidatarios de Témoris. Foto: El Sol de Parral.

El juzgador arguyó que regresar las cosas al estado en que se encontraban ya no implicaba retirar los tubos, “porque tiene costos muy altos para la empresa y más para la comunidad”; y que el retiro conllevaría a la celebración de nuevos contratos.

La contradicción estriba, aclara la representación legal de los comuneros, en que TC Energy, con su estrategia de dilación y desgaste, ya había consumido el tiempo que le otorgó la sentencia original que le obligaba a celebrar de nuevos contratos bajo términos de contraprestaciones justas para la comunidad.

 El 6 de noviembre pasado, los comuneros presentaron por ello una solicitud al Tribunal Agrario para hacer efectivas las medidas financieras, fianza o garantía que obligue a TC Energy al cumplimiento; y de igual forma, se ordene el requerimiento a la CFE, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de documentos que los comprometan al mismo cumplimiento. 

Cabe señalar que dichas entidades involucradas, al parecer demasiado comprometidas con la buena marcha de los negocios de TC Energy, se han negado en diversas ocasiones a suscribir dichos compromisos.

Ante ello, el 7 de noviembre pasado los comuneros de Témoris presentaron una denuncia en contra del magistrado agrario José Luis Martínez Zamora por el delito de obstrucción a la administración de justicia, bajo los siguientes supuestos de la ley: “ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebidos”, y “retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia”.

@estedavid

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