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“Sin cadáveres y sin derecho a la justicia”. Javier, desaparecido en Coahuila

La Fiscalía de Coahuila solamente acreditó la entrega de 46 cadáveres entre 2000 y 2019, mientras que la UAdeC reportó haber recibido 57. En total se identificaron 23 discrepancias. “¿Las familias qué van a hacer?”, reclama activista. Tercera parte de la investigación #DesapariciónSilenciosa.

Por INVESTIGACIONES ESPECIALES
30 sep 2020

Coahuila
Ilustración: Alex DelaCroix.

Por Luis Alonso Pérez, para EMEEQUIS, en alianza con CONNECTAS y el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ)

Parte 3


EMEEQUIS.– Parada frente a la fosa común de un panteón de Torreón, “Marcela” aguarda impaciente a los sepultureros. La pala levanta un nubarrón de polvo que se adhiere a su frente sudorosa. No le importa. Cada paleada la acerca al cajón de madera que pudiera contener los restos de “Javier”, su hermano desaparecido. Ahora, después de exigir al fiscal que ubicara la fosa a la que enviaron el cuerpo de su hermano y exhumaran el cadáver, tiene la esperanza de que podrá darle una digna sepultura.

“Marcela” se enteró de que “Javier” fue asesinado de un tiro en la cabeza, porque no se dio por vencida cuando los agentes del Ministerio Público le dijeron que ninguna víctima coincidía con el perfil de él y la fecha de su muerte. Luchó para encontrar la carpeta que contenía la investigación del homicidio, arrumbada entre miles de documentos que acumulaban polvo e identificó las fotografías del levantamiento de su cuerpo.

 


 

Los panteoneros topan sus palas con la madera del féretro. Le retiran la tierra y extraen el cuerpo. No es “Javier”. El cadáver ni siquiera tiene un impacto de bala. “¿Qué pasó?, ¿dónde está el cuerpo?”, exclama Silvia Ortiz, presidenta de Grupo VIDA, Víctimas por sus Derechos en Acción, de familiares de personas desaparecidas. Ella ha acompañado a “Marcela” a lo largo de su viacrucis por encontrar el cuerpo de su hermano y se ha convertido en investigadora no oficial. Gracias a su apoyo, lograron ubicar a la agencia del Ministerio Público que llevó el caso de “Javier”.

Panteón municipal La Paz de Saltillo. Foto: Cuartoscuro.

 

“Marcela” y Silvia Ortiz indagaron y se dieron cuenta de que las agencias del Ministerio Público de Delitos Contra la Vida y la Salud Personal habían enviado varios cuerpos a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Silvia afirma que, durante sus indagatorias, descubrieron que se había donado el cadáver de otra persona que permanecía en calidad de desaparecida desde 2011 y que sus familiares llevaban años buscándole.

Entonces, como colectivo de búsqueda, comenzaron a solicitar a la Fiscalía General del Estado de Coahuila los registros que, por ley, debían generarse cada que donaban un cadáver. Obtuvieron un listado inicial de 46 cuerpos donados a la Universidad. Sin embargo, también pidieron registros a la UAdeC, y se les informó que habían recibido de la Fiscalía 52 en donación, una diferencia de seis cuerpos.

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“Le dije a la fiscalía que no me coincidían los números, y que yo, como representante de un colectivo, exigía que se hiciera un estudio, un análisis del contexto y todo para saber qué había sucedido, porque no podría ser posible que no encontraran el cuerpo de ‘Javier’”, dice Silvia Ortiz. “No encontramos los archivos. No sabemos dónde están”, fue la respuesta que recibió del agente del Ministerio Público.

“¿Entonces le quitaste el derecho de tener justicia?”, cuestionó la activista al funcionario estatal.

“Por no saber qué fue lo que sucedió, debidamente, con todos los estudios científicos que se tienen que hacer, (‘Javier’) perdió el derecho a la justicia”, lamenta Silvia.

 

Hombre asesinado a las afueras del SEMEFO de Saltillo, Coahuila. Foto: Cuartoscuro.

 


 

Aunque la Fiscalía confirmó la muerte y levantamiento del cadáver de “Javier”, Silvia Ortiz lo considera desaparecido, pues las irregularidades en el manejo de su cuerpo no permiten determinar dónde yacen sus restos. Así, la desaparición de “Javier” y la incapacidad de las autoridades para responder sobre su paradero incitaron una serie de protestas de Grupo VIDA que pusieron en manifiesto los problemas que derivan de donaciones de cadáveres realizadas inadecuadamente.

 

 Cuerpos no reportados a nivel nacional. Coahuila tiene 23. 


El primer impedimento para que una familia identifique el cuerpo de una víctima –analiza Silvia Ortiz– son las descripciones imprecisas de los cadáveres que proporciona la fiscalía, que no se basan en alguno de los siete métodos de estimación de edad previstos en el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, creado por el Grupo Nacional de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, y expedido por la PGR. “La familia va, pregunta y le dicen: mire, tenemos un cuerpo con una edad aproximada de tanto. Pero esa es una apreciación, y se equivocan en muchas de las ocasiones”, subraya.

Al no coincidir en un dato esencial como la edad, muchas familias descartan que el cuerpo sea su familiar. Entonces, se retiran y no insisten en verificar su identidad, en un momento en el que, posiblemente, sus cuerpos aún están guardados en los refrigeradores de la morgue, explica la activista.


Al no coincidir en un dato esencial como la edad, muchas familias descartan que el cuerpo sea de su familiar. Foto: Archivo. 


Silvia Ortiz ha detectado una serie de omisiones e irregularidades presentes a lo largo de la cadena de custodia de los cadáveres, desde que son recogidos del sitio donde fallecieron, hasta su disposición final, una vez que son utilizados por científicos o estudiantes de medicina. Además, ha encontrado fallas y omisiones en la toma de información biométrica como la estatura, color de piel, de cabello o de ojos, así como la mala integración de carpetas de investigación.

Grupo VIDA también denunció que la Fiscalía de Coahuila ha donado cuerpos a universidades sin la práctica de una autopsia o que formaban parte de investigaciones por homicidio.

Otra irregularidad detectada a través de documentos obtenidos vía Transparencia para esta investigación periodística es la constante falta de notificaciones escritas a la Secretaría de Salud, una práctica que contraviene lo establecido en el Artículo 350 de la Ley General de Salud. Asimismo, denuncia falta de documentación que sustente jurídicamente la disposición final de los cadáveres donados a universidades.

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A través de los documentos obtenidos se pudo constatar que la FGE solamente acreditó con documentos la entrega de 46 cadáveres entre 2000 y 2019, mientras que la UAdeC reportó haber recibido 57.

En algunos años, la FGE no presentó documentos para respaldar jurídicamente las donaciones; en otros, presentó cifras distintas a las reportadas por la universidad. En total se identificaron 23 discrepancias anuales en los números de donaciones efectuadas durante las dos décadas pasadas.

Grupo VIDA insiste en que los procedimientos utilizados para la preservación de cadáveres donados para fines didácticos impiden su identificación.

Documentos expedidos por la Facultad de Medicina de la UAdeC describen cómo los cadáveres son preparados utilizando una mezcla de formol, alcohol, ácido fénico, glicerina y agua. Después de 10 días de reposo, son inyectados con polietilenglicol, una sustancia comúnmente conocida como carbowax.


Los cadáveres son preparados utilizando una mezcla de formol y otras sustancias. 


A pesar de que la LGS permite el embalsamiento o inmersión de cadáveres en soluciones antisépticas, como medida de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, el contacto con estas sustancias contamina la composición química de los cuerpos sin vida e impide la aplicación de pruebas de ADN. Por ello, el apartado 2.6.1 del Protocolo Forense indica que “no es recomendable el análisis de tejidos blandos conservados en formol ya que dicho compuesto modifica el ADN”.

 


Tanto funcionarios de la Fiscalía General del Estado como de la UAdeC reconocen las discrepancias en las cifras de donaciones.

José de Jesús Centeno Herrera, abogado de la universidad, argumenta que la información que tienen disponible proviene de los expedientes de la Fiscalía. “Nosotros éramos un simple medio, como depositarios, de acuerdo a lo convenido”.

Jesús Fernando Aceves Lozano, coordinador del Plan Estatal de Exhumaciones de la FGE, ha estudiado los casos de donaciones que se realizaron entre 2012 y 2017 –años con una incidencia de violencia muy alta en Coahuila– y ha encontrado que “los registros de la mayoría de las autoridades no tiene una secuencia adecuada”. Explica que, en aquellos años, no existían los protocolos que hay actualmente.

“Esto no puede ser posible”, reclama Silvia Ortiz. “¿Las familias qué van a hacer? Muchas no van a poder recuperar sus familiares porque ni siquiera saben qué pasó con el cuerpo”.

 

@luisperezprensa

 

 

 


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