Cluadia Sheinbaum frente a la violencia en México. (Imagen realizada con IA)
EMEEQUIS.- La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta guerras entre cárteles del narcotráfico por el control territorial, la producción y el trasiego de droga, más otros giros delictivos que han derivado en desapariciones forzadas, asesinatos, masacres y formas de violencia exacerbada que incluyen el desmembramiento de cuerpos, la calcinación y sepultura clandestina.
El nuevo gobierno heredó batallas de larga data como el de las dos principales organizaciones delictivas en México, pero también vive la recomposición del mapa delictivo en el país tras la entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada y la extensión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través del arrendamiento de franquicias por parte de las que, anteriormente, eran células locales que controlaban plazas locales.
EMEEQUIS presenta los principales frentes entre cárteles, en los que también se exhiben omisiones y protección oficial a grupos, con base en informes de inteligencia nacional y de órganos de Estados Unidos. Esta radiografía incluye un seguimiento a hechos violentos y los reacomodos de los grupos criminales durante el último sexenio, en el que la política gubernamental se centró en la estrategia “abrazos, no balazos”.
CHAPITOS VS. LA MAYIZA
El primer mes de gobierno de Claudia Sheinbaum vivió el recrudecimiento de la guerra entre los Mayos y los Chapitos, un conflicto armado entre dos facciones del cártel de Sinaloa que empezó en 2017. La entrega que Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo”, hizo de Ismael Zambada García, “El Mayo”, a las autoridades de Estados Unidos, derivó en el ataque abierto entre los dos grupos, que han generado un incremento de la violencia que partió del estado de Sinaloa, incluyendo tiroteos, secuestros y asesinatos.
Entre los asesinatos en Sinaloa tras la detención del capo el 25 de julio de 2024 se encuentran los de Juan Carlos “El Vampi” y Martín García Corrales, “El Tano”, ambos figuras clave en el conflicto y en la estructura del Cártel de Sinaloa. La detención de “El Max” o “El Oso”, operador del “Mayo”, en Culiacán el 21 de octubre, también es parte de la violencia que ha cimbrado Sinaloa.
El origen de esta guerra entre los Mayos y los Chapitos se remonta a la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición en 2017. Desde entonces, las tensiones entre los leales a “El Chapo” y los que estaban con “El Mayo” han generado traiciones y enfrentamientos internos.
Sheinbaum afirmó que “el fin no justifica los medios”, en respuesta a las declaraciones del embajador Ken Salazar. Analistas creen que la detención de Zambada desestabilizó el Cártel de Sinaloa, generando un vacío de control que podría perder lo que llaman una “pax narca”.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), en su informe National Drug Threat Assessment (NDTA) 2024, anticipó el aumento de la violencia y debilitamiento de “Los Mayos” debido a la salud deteriorada de Zambada.
Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán-Loera, han liderado una serie de ataques violentos desde la captura y extradición de Ovidio Guzmán López. Sonora y Baja California son otros territorios de conflicto intracartel.
El NDTA 2024 también indica que los puertos marítimos son críticos para la infraestructura criminal del Cártel de Sinaloa, destacando el Puerto de Mazatlán y su control histórico por “El Mayo”, así como el acceso al Puerto de Manzanillo y la disputa con el Cártel de Jalisco.
Finalmente, Mazatlán, Sinaloa, principal destino turístico, ya refleja la escalada de violencia con narcobloqueos, tiroteos y asesinatos, poniendo en entredicho el papel del gobernador Rubén Rocha Moya.
Otras facciones dentro del Cártel de Sinaloa incluyen a Los Guanos, Los Salazar, Los Cazadores, Los Pelones, Los Fantasmas y Los Rusos, que juegan un papel relevante en la guerra interna y los reacomodos territoriales.
CSRL VS CJNG
Una de las disputas más violentas en los últimos años entre grupos del crimen organizado en México es la que protagonizan los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Santa Rosa de Lima (CSRL) en Guanajuato, la entidad con más homicidios dolosos en el país.
La disputa surgió por el control de las rutas de drogas, la producción de metanfetaminas en el estado y la extracción ilegal de hidrocarburos. El CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, buscaba expandir su influencia en la región, mientras que el CSRL, liderado por Adán Ochoa, “El Azul” –sucesor de José Antonio Yépez, “El Marro” –, quería mantener su control en la zona. Santa Rosa de Lima emergió como una organización que en pocos años fue denominada como una amenaza al Estado Mexicano por su capacidad de ataque y poderío económico, del que se hizo a través del robo de gasolinas a Pemex, en un territorio con gran cantidad de ductos por la refinería Antonio M. Amor, de Salamanca.
Esta guerra ha traído tiroteos, enfrentamientos armados, asesinatos, desapariciones, secuestros y extorsiones, así como ataques contra la población civil, lo cual, a su vez, ha tenido como consecuencias no sólo el incremento de la inseguridad, sino también el desplazamiento forzado de personas y daños a la economía local.
Aunque el gobierno mexicano ha intentado intervenir en la disputa con operativos militares y policiales para tratar de reducir la violencia y capturar a los líderes de los grupos criminales –El Azul, detenido el 14 de octubre de 2020, recibió una sentencia de 29 años de prisión en marzo pasado–, la violencia no ha cesado. Algunos especialistas sugieren que El Azul enfrentó la oposición de células del cártel, las cuales han buscado alianzas de grupos independientes en estados circunvecinos para el crecimiento de la organización.
En la conferencia mañanera del viernes 25 de octubre, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que previo a los atentados con coches bomba en Jerécuaro y Acámbaro –territorios controlados por el Cártel Santa Rosa de Lima– hubo amenazas. Tanto el mando policial como Sheinbaum descartaron que estos atentados sean actos de terrorismo.
El Congreso norteamericano, en varios momentos, ha expresado el deseo de designar a los cárteles mexicanos de las drogas con la categoría de terroristas (Foreign Terrorist Organizations, FTO), al igual que 74 organizaciones paramilitares vinculadas o no con la política y el fundamentalismo religioso en el mundo –entre estos Hamás, Abu Nidal, Hezbolá y Al-Qaeda–, basado en su capacidad de ataque y al considerarlas potenciales agresores al gobierno de Estados Unidos, a la sociedad civil y a los regímenes de distintos países.
La petición se basa no sólo en el armamento que poseen y los recursos económicos que tienen a través del trasiego de drogas y por el blanqueo de capitales a través de negocios aparentemente legítimos, sino en su poder corruptor y la protección con la que cuentan a través de redes políticas.
CJNG VS CDS
Chiapas, la entidad de retiro del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es otro territorio en disputa por cárteles del narcotráfico. El intento de control de las rutas de tráfico de drogas y otros ilícitos en la región, entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha intensificado la violencia.
Enfrentamientos armados entre grupos rivales en diferentes regiones del estado, como en la zona norte y en los municipios de Ocosingo y Las Margaritas, la persecución y ataque a vehículos particulares en carreteras, así como el incremento de homicidios y agresiones armadas en ciudades como Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas son parte de un entorno agravado por el crimen en el que han sido asesinadas personas con gran arraigo social como el gerente de Banco Azteca, Abraham González, en Tecpatán.
Las autoridades han anunciado planes para abordar la situación y restaurar la paz en la región, pero la violencia ha continuado.
El domingo 20 de octubre fue asesinado el padre Marcelo Pérez, un sacerdote indígena Maya Tsotsil que se encontraba asignado a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe ubicada en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Fue atacado por dos sicarios después de celebrar misa en Cuxtitali. Él era uno de los principales promotores de los procesos de diálogo y pacificación en el estado, además de mediador en conflictos armados.
Tras el ataque, la Arquidiócesis de San Cristóbal de las Casas condenó el asesinato y pidió justicia para su familia y la comunidad. Por su parte, el gobierno de Chiapas anunció que se investigaría a fondo el crimen. El mandatario Rutilio Escandón calificó el asesinato como un “acto cobarde y criminal”, y dos días después del atentado fue detenido Edgar “N”, presunto autor material.
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El semanario Desde la Fe publicó un artículo en el que menciona que pese a las amenazas de muerte que había recibido, el presbítero continuó con su labor pastoral. Refiere que la Diócesis de San Cristóbal de las Casas había decidido trasladarlo de la parroquia de Simojovel a la de Nuestra Señora de Guadalupe, en la ciudad de San Cristóbal, debido a las amenazas de muerte que había en su contra, y que fue objeto de campañas de difamación (tras su asesinato, Carmen Patricia Armendáriz, diputada plurinominal del mayoritario Movimiento de Regeneración Nacional, publicó en su cuenta de X que el sacerdote “tenía bienes que no vienen de la limosna”, como una forma de desvalorizar a la víctima y atribuir un posible móvil a su homicidio). Aunque no lo hizo explícito, la iglesia católica sugirió que las autoridades no hicieron lo suficiente para proteger al padre Marcelo.
Dos exalcaldes que terminaron su gestión el 1 de octubre también fueron asesinados. El 15 de octubre, el cuerpo de Clemente Gómez Gómez, quien gobernó el municipio tsotsil de San Andrés Duraznal, fue localizado a la orilla del río Acapulquito, en un tramo carretero del municipio de Huitiupan, mientras que el 23 de octubre, Manuel Justo Gómez Beltrán, exedil de Marqués de Comillas, fue acribillado por sicarios a bordo de una motocicleta, afuera de su domicilio.
En febrero pasado, el entonces presidente López Obrador negó que existieran bandas criminales en Chiapas o que existiera un tema grave de violencia, pese a que organizaciones sociales y activistas como el padre Marcelo habían pedido apoyo ante el aumento de crímenes. El mandatario afirmó que se trataba de una campaña mediática, tanto en esta entidad como en el resto del país, que buscaba generar la idea de que había violencia.
La disputa CJNG-CDS se extiende a más territorios. También ha convertido a Zacatecas en uno de los estados más violentos del país. Ambas organizaciones son responsables de enfrentamientos armados, extorsiones y asesinatos. El 14 de octubre, un comando del Cártel Jalisco arrojó artefactos explosivos a la entrada de la presidencia municipal de Jerez, con un saldo de cinco heridos. El grupo colocó una manta en los barandales del jardín dirigido a la facción del “Mayo” Zambada. Las explosiones causaron pánico entre la población. El mismo mensaje que dejaron frente a la alcaldía, también apareció en puentes peatonales de Fresnillo.
En el National Drug Threat Assessment 2024, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos alertaba sobre la rivalidad entre ambos cárteles, que tienen estructuras distintas.
“El Cártel de Sinaloa ejerce su poder a través del miedo, las amenazas y la violencia selectiva. Por el contrario, el CJNG se caracteriza por ejercer su control mediante una violencia más indiscriminada”, indica el informe, que resalta que mientras el CJNG se encuentra en un proceso de expansión, el CDS tiene una red de relaciones construidas a través de alianzas familiares en la mayoría de los estados en los que tiene presencia.
La estructura del CJNG es diferente: la DEA refiere que opera bajo un modelo de negocio de franquicia. Está supervisado por Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y un pequeño grupo de comandantes de alto nivel que le reportan directamente. En un segundo nivel están los jefes regionales y los de plaza.
“El modelo de franquicia permite a cada grupo semiindependiente personalizar sus operaciones de acuerdo con áreas específicas de especialización (por ejemplo, dirigir laboratorios clandestinos de metanfetamina), siempre que cumplan con los requisitos de nombre, marca y estructura organizacional, además de seguir la dirección general”.
Este modelo de franquicia también ha permitido que el Cártel Jalisco se expanda rápidamente, además de que maximiza sus ingresos porque no paga los costos operativos de cada plaza, aunque se ha detectado como debilidad que bajo el nombre del CJNG las franquicias pueden formar sus propias alianzas únicas con otros grupos criminales. De cualquier forma, el CJNG, a través de estas franquicias, libra peleas por territorio al interior del país, incluidas entidades donde los gobiernos estatales no reconocen la operación de cárteles de la droga, entre estos Puebla, Querétaro e Hidalgo.
LOS OTROS FRENTES
Aunque éstas son las principales batallas entre cárteles que se libran en el sexenio inicial de Claudia Sheinbaum, en el territorio nacional hay otros frentes en los que participan estos mismos cárteles, sus franquicias, grupos regionales y locales por el dominio de territorios.
El 14 de octubre, tres cuerpos calcinados en un vehículo en la autopista México-Puebla, a la altura del arco de seguridad de Huejotzingo, Puebla. El día ocho, cuatro cadáveres más, igualmente calcinados, fueron hallados en un automóvil en la localidad de San Lorenzo Nenamicoyan, en Jilotepec, Estado de México. Además de los cuatro cuerpos completos, había un cráneo. Analistas refieren que, por las dimensiones de violencia, estos crímenes tienen características en común: aparentes mensajes y desafío a organizaciones rivales o autoridades. Los sitios en los que son dejados tienen como fin el “limbo” de la responsabilidad territorial, en el que autoridades refieren que no son ciudadanos de los estados y con ello pretenden minimizar la violencia en la demarcación bajo su responsabilidad, sino cuerpos “importados”.
El 30, cinco cadáveres, todos con huellas de tortura y el “tiro de gracia”, fueron localizados a un costado de la autopista México-Pachuca, en el kilómetro 38, en los límites entre Hidalgo y el Estado de México. Los tres hombres y dos mujeres estaban en las inmediaciones del Rancho La Luz, cerca de una caseta abandonada en Tecámac.
En el paraje conocido como El Jaguey, en el mismo municipio, la policía halló dos hombres sin vida, maniatados y con bolsas de plástico en la cabeza que tenían heridas de arma de fuego.
La violencia en el primer mes del gobierno de Sheinbaum dejó otros delitos de alto impacto en el país como la irrupción de un comando que se autodenominó Grupo Nueva Generación en la cabecera municipal de Técpan de Galeana, en Guerrero. El enfrentamiento que tuvo con militares y policías locales dejó diez muertos. Guerrero vive una situación de violencia con desapariciones –una familia de diez integrantes, originaria de Chilpancingo, desapareció entre el 22 y 24 de octubre, tras salir a comerciar– y asesinatos que afecta a región Centro, Costa Chica, Costa Grande, el Norte y la Montaña.
Aunque la facción del CDS y Jalisco Nueva Generación son reconocidas tanto en México como en Estados Unidos como los principales grupos transnacionales y con mayor posicionamiento territorial, existen más amenazas como el Cártel del Golfo, Los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los Beltrán Leyva, el Cártel del Noreste (que EU afirma ha seguido siendo liderado por los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales aún desde prisiones mexicanas) y el Cártel Nueva Plaza, una escisión del CJNG. A estos se suman los grupos que focalizados en regiones, que pueden incluir más de una entidad federativa, o en territorios específicos, algunos de los cuales buscan la vinculación con cárteles más grandes.
¿PAX NARCA?
En su conferencia de prensa del 28 de octubre, la presidenta fue cuestionada si ha considerado pactar con el crimen organizado, “no en los términos en los que lo hizo Genaro García Luna, sino como lo propuso un diputado de Morena, Manuel Espino”, con amnistía, focalizar algún diálogo con algunas células, entre otras opciones.
La pregunta estaba presidida por otra sobre un boletín del Partido Acción Nacional (PAN) en la que le pedían “no mentir ni distraer la atención sobre su intentona de destruir el Estado de Derecho”, a lo cual respondió: “Sí. En el primer caso, pues hay mucha hipocresía, ¿no? El PAN, en general el conservadurismo es muy hipócrita, porque no dice nada de García Luna y dicen que ahora hay narcoterrorismo.
“Ya habría que leer exactamente lo que quiere decir en la legislación internacional y nacional lo que eso significa, que no tiene nada qué ver con lo que está pasando. De hecho, ellos lo dicen, porque lo que buscan es intervención; o sea, de ese tamaño es su falta de amor a México. Son como los conservadores del siglo XIX, que fueron a llamar a Europa para que hubiera un emperador, Maximiliano, es lo mismo.
“Entonces, nosotros tenemos estrategia y vamos a dar resultados, se va a ir viendo poco a poco, y tiene que ver con atención a las causas y con disminuir la impunidad, son los dos ejes centrales”.
Retomó la dialéctica de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, para afirmar que sólo hay dos proyectos de nación: el de la corrupción y los privilegios, “el de la guerra contra el narco, que es la derecha”, y “otro proyecto, que es el que representamos nosotros y el que la mayoría del pueblo de México quiere. Después afirmó ante la reiteración del cuestionamiento: “nosotros no vamos a negociar con delincuentes. Nosotros vamos a seguir construyendo paz, atendiendo las causas y con cero impunidad”.
@axelchl