EMEEQUIS.– La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no es sólo cliente frecuente de las 11 empresas de armas que el Gobierno de México demandó ante una corte civil de Estados Unidos, también es de alguna forma su “asociada”, ya que promueve y comercializa sus productos en nuestro país con sus respectivas ganancias.
En las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se compraron más de 3 mil millones de pesos en armas, a empresas incluidas en la demanda recientemente presentada por el gobierno mexicano, que serán destinadas para uso y refacciones del Ejército.
Y, adicionalmente, algunas de las marcas señaladas se encuentran disponibles en el catálogo de existencias de armas de fuego de la Sedena, actualizado al 16 de noviembre para la venta al público, con la advertencia de que la adquisición se realizará de acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego.
Información pública del Ejército revela que entre 2006 y 2017 se comercializaron 476 mil armas, entre ellas de las marcas Beretta, Colt, Glock, Smith & Wesson, Ruger y Barrett.
La Sedena reportó que en esos 11 años la comercialización de armas en las que fue intermediario alcanzó los 961 millones de pesos.
Entre las 11 empresas incluidas en la demanda se encuentran:
Colt’s Manufacturing Company
Barrett Firearms Manufacturing
Beretta USA
Smith & Wesson
Century International Arms
Glock Ges.m.b.H
Sturm, Ruger & Co
Beretta Holding
Glock, Inc
Interstate Arms
Witmer Public Safety Group.
“UN ARMA LEGENDARIA”
Actualmente, de acuerdo con el catálogo de existencia de armas de fuego al 16 de noviembre de 2021, de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, están a la venta más de mil 200 artefactos, entre los que se encuentran rifles, escopetas, revólvers y pistolas.
De la marca Colt, una de las empresas más señaladas en la demanda interpuesta por el Gobierno de México, puede visualizarse el revolver 0.38 Special Colt Modelo Cobra 2”, con valor de 22 mil 208 pesos.
También escopetas 20 Beretta de dos diferentes tipos con valor de hasta 35 mil 519 pesos. Pero también pistolas 0.22″ LR Beretta 92, con un costo de 14 mil 195.82, que en la página de la empresa se promociona como “un arma legendaria, la mejor pistola de servicio utilizada por fuerzas militares y policiales de todo el mundo, incluyendo el Cuerpo de Marines de los EEUU., La Guardia Civil Española, Carabinieri Italianos y la Armada Italiana”.
Además, pistolas calibre .380 Smith & Weson M&P Body Guard, con un costo de 9 mil 473 pesos, y también calibre 22.
Igualmente, pistolas calibre 40 Glock Modelo 27 semiautomáticas, con valor de 9 mil 318 pesos.
LA COMPRA DE ARMAMENTO
En los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) firmó al menos 744 contratos de importación o de adquisición de armamento por un monto de 6 mil 862 millones de pesos.
Del total de convenios, 182 se establecieron con alguna de las empresas que la administración de Andrés Manuel López Obrador demandó ante una corte federal de Estados Unidos.
Los 182 contratos representan un monto de 3 mil 194 millones de pesos, de acuerdo con información de transparencia del Ejército.
Las empresas a las que el Ejército compró fusiles, rifles, pistolas, ametralladoras, subametralladoras y hasta lanzagranadas fueron Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA Corp, Beretta Holding SPA, Colt’s Manufacturing Company y Glock Ges.mbH.
Catálogo de armas disponibles a la venta por parte de Sedena.
LA DEMANDA
En la demanda, las autoridades mexicanas aseguran que la “conducta ilegal” de las empresas dio como resultado de que las armas que produjeron fueran traficadas a México y utilizadas en actividades delictivas, causando el daño por el que se queja el gobierno.
Aseguran que ocho empresas productoras y distribuidoras de armas en Estados Unidos diseñan, venden y distribuyen sus armas conscientemente de que equipan a los cárteles de la droga y a los grupos delictivos en México.
El gobierno mexicano critica específicamente a Colt por fabricar más de 2 mil de las “armas de asalto” recuperadas en México durante parte de las últimas dos décadas, la mayor cantidad de cualquier fabricante estadounidense, y la “complacencia” de Colt a los criminales mexicanos con varias pistolas de edición especial codiciadas. por los principales líderes del cártel, según la denuncia del gobierno mexicano.
Elementos del CJNG en Aguililla, Michoacán. Foto: Cuartoscuro.com.
“Los acusados no han implementado ningún control de supervisión o disciplinante relacionado con la seguridad pública en sus sistemas de distribución, ninguno en absoluto”, según la demanda deL gobierno de México. “Su política es vender a cualquier distribuidor o comerciante que tenga una licencia de los Estados Unidos para comprar y vender el producto, independientemente del historial del comprador de incumplir la ley y a pesar de las alertas rojas encendidas que indican que un comerciante de armas está conspirando con compradores falsos u otros para traficar las armas de los acusados en México. Los acusados utilizan este enfoque de enterrar cabeza en la arena para negar la responsabilidad mientras se benefician a sabiendas del comercio delictivo”, agrega.
Armas especialmente dirigidas al mercado mexicano.
Alrededor de 190 mil armas ilegales recuperadas por Gobierno federal entre 2009 y 2019 fueron enviadas a la ATF. El análisis del armamento realizado por la agencia estadounidense arrojó que el 69.8% provinieron de Estados Unidos, mientras que el resto es de origen indeterminado, sin considerar el país de manufactura.
El caso en la corte resulta inusual y es similar al litigio iniciado por ciudades estadounidenses contra fabricantes de armas hace casi 20 años, pero se cree que es la primera vez que un gobierno nacional extranjero demanda a fabricantes de armas en los Estados Unidos.
LA BATALLA REAL
El lunes 22 de noviembre, las empresas de armas de fuego demandadas por el gobierno mexicano el pasado 4 de agosto ante una Corte Federal en Boston, Estados Unidos, comenzaron a presentar los argumentos para su defensa.
Argumentos de la defensa.
En principio advierten que la demanda es violatoria de las leyes norteamericanas, ya que las muertes asociadas a las armas extranjeras no son rastreables, y que dichas empresas no tienen la obligación legal de proteger al Gobierno de México de los delincuentes mexicanos.
¿QUÉ SIGUE EN LA DEMANDA?
Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que los argumentos de las empresas ya los tenían previstos.
“Nada que la Cancillería no viera venir ya ni nada que sea insuperable, producto de una demanda muy bien planteada. Empieza ya la batalla real”, escribió en su cuenta de Twitter. Actualizó sobre el litigio: el juez cita a audiencia el 27 d enero de 2022.
Las fechas clave de la demanda.
El funcionario mexicano explicó que dichos argumentos por parte de las 11 empresas buscan detener el litigio en su contra, y adelantó que el gobierno mexicano hará lo propio.
“Recibiremos las respuestas y defensas legales esperadas. El equipo legal SRE las analiza e informará elementos a destacar. El Gobierno de México tiene hasta 31 de enero de 2022 para responder a estas defensas”, concluyó.
@PeparioGM