SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– “Papi, te amo mucho, Dios te va a acompañar. Yo sé que vas a lograr tus sueños”, son las palabras que no dejan de zumbar en los recuerdos de B.F.Q., ciudadano salvadoreño que sobrevivió al incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez.
Por protección a su identidad pide que sólo se le identifique con sus iniciales.
El 27 de marzo de 2023, fue el último día que B. vio a Enrique, uno de sus tres compañeros salvadoreños que salieron juntos de su país con la esperanza de cruzar a Estados Unidos, para buscar un empleo, estabilidad financiera, seguridad, mejores condiciones que no encuentran en sus lugares de origen.
Los tres hombres que lo acompañaban murieron esa noche a causa del incendio de la celda donde estaban 67 hombres que habían sido detenidos horas o días antes en redadas migratorias masivas de las que aún no se han dado a conocer las causas.
En el incendio que comenzó por prender fuego a unas colchonetas, perdieron la vida 40 personas, ya que los guardias de seguridad no permitieron que los migrantes salieran del encierro.
“Cómo iba a pensar que sería la última vez que los iba a ver”, cuenta B. a EMEEQUIS entre la rabia por la falta de responsabilidad del Estado mexicano que cumple 6 meses de impunidad.
Mientras que 10 personas están vinculadas a proceso por el delito de homicidio y lesiones, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, continúa en su cargo sin responder a la reparación integral del daño para las víctimas y sobrevivientes.
“¿Por qué no abrieron las rejas, por qué no tenían la maldita llave, por qué nos dejaron encerrados”, se pregunta B. a medio año del incendio. Estuvo un mes inconsciente en el hospital. Los médicos le daban pocas posibilidades de vida, mientras que su madre tenía la esperanza de que despertara. Ella tuvo que costear sus propios viáticos para conocer el estado de su hijo.
B. tenía al menos 10 días en México cuando entró por Chiapas y llegó en tren al norte del país. Al igual que los más de 184 mil migrantes de América Latina y el Caribe que han ingresado al país de manera irregular durante este año, él también buscaba llegar a Estados Unidos para mejorar la vida de sus familias.
Francisco Garduño sigue en el cargo. Foto: Juan Ortega / Cuartoscuro.com.
En lo que va del año, 184 mil 875 migrantes de América Central, América del Sur y el Caribe, han sido detenidos por autoridades migratorias en hechos nombrados por las autoridades como “eventos de personas en situación migratoria irregular”, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
De ellos, 34 mil 22 fueron devueltos a sus países de origen, según estadísticas de las autoridades migratorias. Los países con mayor número de migrantes que ingresan a México son Guatemala, Honduras, Haití, Ecuador, El Salvador y Cuba.
Para las familias de los migrantes fallecidos y los sobrevivientes, no se han establecido planes de reparación integral del daño que contemplen el seguimiento médico a las amputaciones, enfermedades y perjuicios físicos provocados por las llamas y tampoco una indemnización por las afectaciones a su proyecto de vida.
Representantes legales de los afectados apuntan que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha estado ausente durante todo el proceso de juicio, mientras que el INM, a cargo de Francisco Garduño sólo propuso pagar 468 mil pesos para la reparación del inmueble dañado, pero no de las familias.
“Estuve presente en la audiencia, se suponía que iba a presentar un monto sobre reparación de daños, pero no pensaba que él (Garduño) iba a llegar a decir que él solamente se iba a hacer cargo de los daños al lugar. Se sintió humillante para uno”, cuenta B. quien exige que se cese al funcionario de la titularidad del instituto por su incompetencia.
AFECTACIONES DE SALUD DE POR VIDA
El lugar era sucio, insalubre, sin privacidad para las personas migrantes que estaban resguardadas. No había ventilación, tampoco productos de limpieza básicos como papel de baño. Ellos simplemente lo describen como una cárcel.
“No era un albergue, era una celda. Nos tenía privados de la libertad”, describe Juan, sobreviviente al incendio, quien pide cambiar su nombre por seguridad.
Tiene 25 años y es originario de Guatemala. Con el incendio le fue truncado su sueño de llegar a Estados Unidos para cuidar a los que de él dependían.
Después del incendio, a su familia le habían comunicado que perdió la vida en la estación migratoria, pero tras ser ingresado al hospital, sobrevivió tras ser intubado durante 25 días. Tuvieron que amputarle el antebrazo derecho, pero también tiene quemaduras graves en el izquierdo, el abdomen y la oreja derecha.
Como él hay personas con afecciones médicas irremediables causadas por el incendio. Amputaciones, problemas neurológicos, de movilidad y daños respiratorios irreversibles por la inhalación del fuego.
“No fue un accidente. Nosotros estábamos a cargo de ellos, eran el ente encargado de cuidar nuestra integridad física. Al momento del suceso nos dejaron ahí, ellos corrieron para resguardarse, dejándonos a merced del fuego”, afirma Juan, quien actualmente se encuentra en la Ciudad de México para recibir tratamiento médico, donde recibe apoyo de hospedaje por parte de las autoridades.
Sin embargo, desconfía que al no decretarse una reparación integral del daño, pueda perder el acceso a la salud, además de que lleva seis meses lejos de su familia que tampoco está siendo contemplada en una ayuda integral y su condición le ha impedido trabajar para sustentarlos de manera económica.
“Que hagan conciencia del daño que se ocasionó por negligencia de algunas personas nosotros nos vimos afectados. Que se pongan en nuestro lugar, nosotros tenemos familia y nuestra familia nos necesita”, dice Juan como mensaje a las autoridades mexicanas.
La tragedia del 27 de marzo conmocionó a México y el mundo. Foto: Juan Ortega / Cuartoscuro.com.
LA CEAV AUSENTE Y EL INM EN INVESTIGACIÓN
El proceso penal se mantiene activo para determinar la responsabilidad del incendio que causó la muerte de 40 personas y 27 lesionados. En la carpeta de investigación derivan cinco causas penales, entre ellas la de ejercicio ilegal del servicio público contra Francisco Garduño, titular del INM.
La semana pasada, un juez federal le negó al funcionario cerrar la acusación en su contra a través de la presentación de una “solución alterna”, en la que únicamente ofreció costear la reparación del inmueble afectado durante el incendio, pero no el otorgar apoyo a las víctimas y sobrevivientes.
Esto ocurre a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos estableció en la Recomendación 111VG/2023 que el funcionario tuvo responsabilidad en el incendio a través de omisión para supervisar el registro inmediato y la permanencia de las personas migrantes en la estación. además de no verificar las condiciones en las que se encuentran estos alojamientos.
“Buscamos que se haga una investigación exhaustiva en donde se pueda determinar la responsabilidad de todo aquel que esté relacionado con los hechos, tanto funcionarios como cualquier persona”, explica la abogada Yesenia Valdez, Coordinadora de Defensa Integral de la organización Fundación para la Justicia, que lleva la representación de siete víctimas.
Afirman que durante el proceso para buscar la reparación del daño y atención humanitaria para las víctimas, ha estado ausente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La única instancia que se ha pronunciado es el Instituto Nacional de Migración, pero resulta contraproducente que la institución que provocó el daño sea quien lo repare.
Para las víctimas “no hay dinero que repare los daños” en su cuerpo, para sus familias, su proyecto de vida y a las personas fallecidas. Sin embargo, la defensa refiere que cada dictamen de reparación debe tomar en cuenta las condiciones particulares de cada víctima y contemplar además a todo su núcleo familiar.
“Que se analice y se exponga un cumplimiento de lo ordenado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de forma seria y respetuosa a los sobrevivientes y a las víctimas de los 40 migrantes fallecidos. Es lo mínimo que podría hacer el Estado mexicano de darles planes de reparación exhaustivos y adecuados a las necesidades de cada víctimas”; explica la abogada en entrevista.
@GloriaPE_
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