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Se abre el debate: la lucha y deuda por reconocer el trabajo sexual en México

El 6 de octubre la diputada María Clemente García presentó una iniciativa de reforma a la Ley General del Trabajo en materia de trabajo sexual. Sin embargo, esta ha sido rechazada por activistas de la comunidad LGBTTI y de personas que viven con VIH, al considerarla revictimizante. Se abre el debate para regularizar esta actividad.

10 / 13 / 22

EMEEQUIS.– “Mi oficio es ser puta, y tengo derecho a ser puta”, fue la frase con la que la legisladora de Morena, María Clemente García Moreno, abrió el debate en la Cámara de Diputados sobre la necesidad de regular, dignificar y reconocer el trabajo sexual en México.  

Después subir videos de índole sexual en su cuenta personal de Twitter, la diputada y activista trans fue criticada en redes sociales por continuar ejerciendo el trabajo sexual, además de su cargo legislativo. Al respecto la diputada refirió que, al igual que sus compañeros legisladores, ella también tiene derecho a mantener el trabajo que tenía previo a ser diputada. 

Tras la confrontación, el 6 de octubre la diputada María Clemente García presentó una iniciativa de reforma que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Trabajo en materia de trabajo sexual. 

Sin embargo, esta ha sido rechazada por diversas organizaciones de trabajadoras sexuales, activistas de la comunidad LGBTTI y de personas que viven con VIH, al considerar revictimizante, con narrativa criminalizadora, además de que fue hecha bajo un esquema sin parlamento abierto o representación del sector. 

Pese a las críticas sobre la vida privada de la legisladora, se mantiene la deuda histórica para las personas dedicadas al trabajo sexual de manera consensuada y libre en México. 

El reconocimiento a su labor, la incorporación a servicios de salud, vivienda, educación, alimentación y seguridad se mantiene en vilo para las y los trabajadores sexuales; pese a ser una población que incrementó 100% durante la pandemia.  

De acuerdo con un censo realizado por la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C., la crisis por falta de recursos económicos y posibilidades de empleo digno, forzaron a cientos de mujeres a optar por el trabajo sexual. 

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Esto provocó que el número de personas dedicadas al trabajo sexual en la Ciudad de México se duplicara, al pasar de 7 mil 700 a 15 mil 200 trabajadoras sexuales que laboran en la vía pública, establecimientos mercantiles o por medios electrónicos.  

LAS DEUDAS CON LAS TRABAJADORAS SEXUALES

Victoria Sámano comenzó a dedicarse al trabajo sexual en la Ciudad de México desde hace casi tres meses. Al iniciar su transición para reconocerse una mujer trans, también empezó un proceso de exclusión social, económica y laboral que es una constante para la comunidad.  

“Las oportunidades laborales para la población trans no son las mismas, a diferencia de las demás personas, es por ello que la mayoría nos dedicamos a esto (trabajo sexual)”, reconoce que en el país aún existe un estigma de violencia y discriminación que impide a la comunidad trans ingresar a oportunidades de empleo digno más allá del trabajo sexual. 

Al cambiar su identidad también comenzó su trabajo de activista. Conformó la Colectiva Lleca, un espacio seguro para la atención de mujeres y personas de la diversidad que viven en situación de calle. En este lugar, gran parte de la población trans ejerce también el trabajo sexual, al ser excluidas de otras oportunidades de empleo por motivos de discriminación. 

 Lleca y Victoria Sámano. Foto: Cortesía.

Victoria sabe que la vida de una persona trans en México no es sencilla, debido a los niveles de transfobia y violencia, pero asegura que para quienes se dedican al trabajo sexual lo es aún más, por la falta reconocimiento como un empleo digno y lícito. 

“Trabajar en las calles es muy complicado porque los clientes no te quieren pagar lo que les pides, tienes que pasar frío toda la noche. Se llega a vivir mucha violencia en las calles, no es fácil pararte en una esquina”.  

El 64% de las mujeres cisgénero y transgénero que se dedican al trabajo sexual en México han sido víctimas de algún tipo de violencia, de acuerdo con los resultados de la Segunda Encuesta sobre Trabajo Sexual, Derechos Humanos y no Discriminación presentada por Conapred en junio de 2022.  

Los perpetradores de esta violencia en su mayoría son servidores públicos. En 78% de los casos un policía ha sido el culpable, seguido de jueces cívicos, hospitales, Ministerios Públicos y Ambulancias. 

Hace unos meses, Victoria acompañó un caso de violencia contra una trabajadora sexual trans que fue intimidada por policías para desistir de denunciar a un cliente que la agredió físicamente, platica que en esta forma de operación ocurre porque “en los hoteles hay muchísima mafia involucrada. Están coludidos con los policías”. 

Postura con la que coincide Arlen Palestina, representante legal de la organización Brigada Callejera quien   afirma que la falta de reconocimiento y criminalización del trabajo sexual abre la puerta a que las trabajadoras sexuales sean extorsionadas, violentadas y no tengan acceso a derechos laborales básicos. 

“No hay reconocimiento en las leyes secundarias. La Secretaría del Trabajo no tiene todavía en el listado el trabajo sexual, ni la ley de Cultura Civica, la constitucion Politica de la CDMX no ingresa como población prioritaria a las trabajadoras sexuales”, afirma que es indispensable brindar a las personas trabajadoras sexuales los derechos que se le brindan a cualquier ciudadano: derecho a vivienda, salud, educación y alimentación. 

Brigada Callejera promueve el uso del condón. 

TRABAJADORAS SEXUALES NO FUERON CONSULTADAS 

En la formulación de la iniciativa por regular el trabajo sexual en México, no se contempló abrir el diálogo a trabajadoras sexuales, miembros de la sociedad civil, ni activistas.

Fue hasta después de presentar la propuesta en la Gaceta Legislativa, y tras la crítica de personas involucradas en el trabajo sexual, que se abrió espacio para un intercambio público, pero donde sólo se ha registrado un número bajo de personas. 

Activistas, trabajadoras sexuales y organizaciones civiles consultadas por EMEEQUIS aseguran que la iniciativa de la diputada María Clemente no tiene camino hacia el futuro, ya que presentada la propuesta no se pueden hacer modificaciones después de un Parlamento Abierto, y que al no consultar a personas trabajadoras sexuales se incurrió en una redacción que criminaliza el trabajo sexual.  

“Parecería que es una revancha contra las trabajadoras y trabajadores sexuales que María Clemente presente una iniciativa, parecería que son ganas de criminalizar a las personas que vivimos con VIH y no para darnos progresividad respecto a nuestros derechos humanos”, asegura Alaín Pinzón, activista de la diversidad y director de la organización VIHve Libre. 

La propuesta presentada hace un señalamiento diferenciado de culpabilidad a las trabajadoras sexuales frente a un concepto sanitario que se ha intentado derogar en las leyes. Pero incluirlo, señalan, representa un detrimento a los derechos humanos y al avance que se está dando en muchos estados.

“Es una actividad de criminalización. Hay un acto discriminatorio, pero sobre todo de criminalizar a las compañeras por dedicarse al trabajo sexual”, reconoce la abogada Arlen Palestina. 

 Hay un acto discriminatorio, reconoce la abogada Arlen Palestina. Foto: Cortesía.

REVIVIR EL ESTIGMA AL “PELIGRO DE CONTAGIO”

La propuesta presentada por la legisladora de Morena María Clemente tiene claras muestras de criminalizar el trabajo sexual, al hacer un señalamiento diferenciado y que responsabiliza a las trabajadoras sexuales utilizando el concepto de “peligro de contagio”, ante infecciones de transmisión sexual como un padecimiento de VIH. 

En el texto presentado por la morenista se establece en la adhesión al artículo 353:  

“El trabajo sexual deberá ejercerse en condiciones de salubridad suficientes que garanticen evitar contraer enfermedades e infecciones derivadas del trabajo sexual. Tanto las personas trabajadoras sexuales como las personas usuarias sexuales están obligadas mutuamente a evitar riesgos de contagio de enfermedades o infecciones durante la realización del trabajo sexual. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a las responsabilidades civiles o penales en que cualquiera de las partes pueda incurrir”. 

Los activistas refieren que el control sanitario resulta una medición que criminaliza a las y los trabajadores sexuales, ya que no se establecen parámetros de seguridad, ni cómo lograr que se evite el riesgo de contraer infecciones. 

Para el activista Alaín Pinzón, esta iniciativa contiene una redacción “profundamente criminalizante” y resulta una regresión a las iniciativas y avances en torno a los derechos humanos para eliminar el peligro de contagio de VIH como una acción delictiva. 

“¿Van a hacer cargas virales después de coger?, sólo así puedes darte cuenta que existe un peligro de contagio”, señala el activista, quien se pregunta cómo le hará el Estado para verificar el peligro de contagio a partir de la realización de estudios de cargas virales que, en el sector público tienen un costo de 7 mil pesos. 

En los Códigos Penales de 30 estados del país se considera el peligro de contagio como un delito, teniendo por sanción el encarcelamiento de personas a las que, sabiendo que padece una enfermedad, son señalados por contagiar de una infección a otras personas.

En la Ciudad de México por ejemplo, se contempla en el artículo 159: “Al que sabiendo que padece una enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia, se le impondrán prisión de tres meses a tres años y de cincuenta a trescientos días multa”.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por EMEEQUIS, a raíz de la pandemia se incrementó considerablemente el número de carpetas de investigación contra personas acusadas por peligro de contagio. 

De 2018 a junio de 2022 en la Ciudad de México se registran 193 investigaciones por peligro de contagio, de las cuales el 89% se iniciaron durante el periodo de pandemia de 2020 a 2022. 

 TE RECOMENDAMOS: “PELIGRO DE CONTAGIO”: EL DELITO QUE REVIVIÓ CON LA PANDEMIA Y CRIMINALIZA A PERSONAS CON VIH 

Para Arlen Palestina, abogada de Brigada Callejera, la alternativa para lograr el reconocimiento de los derechos y garantías de las trabajadoras sexuales tendrá que sustentarse en el amparo 112/2013, que establece “la apertura de tener todos los servicios con los que cuenta la Secretaría del Trabajo de fomento al empleo para la población que es trabajadora no asalariada”. 

Entre ellos deben ofertarse los derechos laborales indispensables para cada trabajador, sin embargo afirma, pese los años que tiene el amparo, ha faltado voluntad política para voltear a ver la seguridad, dignificación y apoyo para las trabajadoras sexuales

@GloriaPE_

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SOBRE EL AUTOR

Gloria Piña



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